La Ley tucumana de biocombustibles espera su reglamentación en medio del freno legislativo nacional

La Ley provincial N° 9.766, de “Promoción y Desarrollo de la Producción y Consumo de Biocombustibles y Bioenergía”, sancionada en abril de 2024, atraviesa una demora significativa en su reglamentación, situación que mantiene en vilo al sector sucroalcoholero de Tucumán. Si bien el Ministerio de Economía provincial, Daniel Abad, anunció la inminente aplicación de la norma hace meses, la publicación de la reglamentación aún no se concreta, lo que generó un pedido formal en la Legislatura y motivó explicaciones sobre la estrategia del Ejecutivo provincial.

El anuncio original sobre el avance de la normativa lo efectuó Abad, en abril pasado, durante la ceremonia de inicio de zafra del ingenio Cruz Alta. El funcionario explicó que el objetivo de reglamentar la ley local era permitir que nuestra provincia pudiera "canalizar esa producción de bioetanol dentro de Tucumán" mediante la mezcla con "un porcentaje más alto que el autorizado por la Nación".

Daniel Abad, ministro de Economía y Producción.

A pesar de la promesa de implementación a "cortísimo plazo", la falta de avances motivó al legislador José Seleme a presentar un proyecto de Resolución dirigido al Poder Ejecutivo y al Instituto de Promoción del Azúcar y de Alcohol (IPAAT). El parlamentario opositor solicitó la reglamentación inmediata de la norma, la cual establecía un plazo original de noventa 90 días a partir de su promulgación (9 de mayo de 2024) para este proceso. Seleme destacó la urgencia de su implementación para "hacer efectivos los incentivos previstos para la producción de biocombustibles y bioenergía", y solicitó un cronograma que permita una progresiva migración del uso de combustibles fósiles a biocombustibles, incorporando el mayor nivel de mezcla de alcohol posible.

El propósito

La Ley N° 9.766 fue una iniciativa formulada en colaboración entre el Ministerio de Economía y Producción y el IPAAT, y busca impulsar la producción, el consumo y el aprovechamiento integral de los biocombustibles, lo cual incluye la transformación de biomasa derivada de la caña de azúcar.

La normativa tiene como principal objetivo lograr un desarrollo sustentable de la industria sucroenergética. Los objetivos incluyen:

• Desarrollar políticas de estado alineadas con compromisos nacionales sobre energías renovables y disminución de Gases de Efecto Invernadero (GEI).

• Fomentar la bioeconomía, la transformación de biomasa y la generación de empleo.

• Fortalecer un sistema regional de aprovechamiento y gestión de la biomasa.

La principal razón para el impasse en la reglamentación local se encuentra vinculada a la expectativa sobre la discusión en el Congreso de la Nación.

José Seleme, legislador provincial.

Jorge Etchandy, gerente general del IPAAT, explicó que existía una expectativa de ver si el Congreso realizaba cambios a la Ley 27.640, lo cual podía obligar a modificar la reglamentación local. Etchandy indicó a Tendencia de Noticias que este procedimiento ya se encuentra "muy avanzado y prácticamente terminado".

"El gobierno la tiene terminada. Lo que podía pasar era que, quizás sacar una reglamentación en estos meses, después tenga que tener alguna modificación con respecto a lo que se iba a hacer a nivel nacional. Pero ya está listo, seguramente vigente para la zafra 2026 sin ninguna duda", aseguró el directivo del IPAAT.

El objetivo central de la norma provincial reglamentada es establecer "un corte superior en el territorio de la provincia". Esto se fundamenta en que la ley provincial habilita a tener un corte superior en el ámbito de la jurisdicción. El corte inicial que se establecería es del 15%, nivel que también se pide a escala nacional. Este biocombustible producido localmente generaría "un ahorro muy importante en el flete", ya que hoy el biocombustible debe transportarse a otras provincias para su mezcla y luego regresa a Tucumán.

Etchandy precisó que el uso intensivo inicialmente se aplicaría para que el gobierno provincial "de un primer paso", destinado a la flota de la administración pública y el transporte público, con la idea de llevar la medida luego a una generalización y a que "cualquier persona que quiera pueda utilizar un biocombustible que es 80% menos contaminante que los combustibles fósiles".

Jorge Etchandy, gerente general del IPAAT.

La cautela provincial se relacionaba directamente con el debate que se desarrollaba en el Senado sobre la nueva ley de biocombustibles, un proceso que involucra directamente a Tucumán como integrante de la Liga de Provincias Bioenergéticas.

La discusión en el plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda sesionó sin alcanzar el consenso necesario para un dictamen, lo que resultó en una demora que apunta a extenderse hasta el término de este año. De ser así, el proyecto de la Liga perderá su estado parlamentario, obligando a que la iniciativa deba presentarse de nuevo en 2026.

Ante este escenario de parálisis nacional, Jorge Feijóo (presidente del Centro Azucarero Argentino) ratificó el apoyo a la implementación local. Si bien señaló que aún no conversó sobre la reglamentación con las autoridades provinciales, destacó la importancia de que Tucumán "determine la reglamentación y pueda avanzar, ya que el sector azucarero ve con buenos ojos que las provincias productoras procuren un uso más intensivo del bioetanol, pues esto genera una mayor demanda", explicó a nuestro medio.

"Lo que pasa es que la ley local lo que busca es un uso intensivo del bioetanol en la provincia, más intensivo de lo que es la norma general. Por ejemplo, Córdoba está usando en la flota cautiva, que son los autos oficiales, el transporte público, la mezcla de etanol al 17%", explicó Feijóo.

Jorge Feijóo, titular del Centro Azucarero Argentino.

Pese a la incertidumbre regulatoria y la caída del consumo en otros sectores, el bioetanol de caña de azúcar presenta un panorama favorable. Etchandy indicó que, en contraste con otras realidades como el biodiesel, el bioetanol "viene subiendo a un precio sostenido. El volumen también va a estar mejor en 2025 respecto al 2024, incentivado por los precios, ya que uno de los problemas que tenía el bioetanol era que la fórmula establecida por la ley no se cumplía, el precio estaba pisado y era un precio de quiebra. Hoy, el aumento del precio, aunque no cumpla con la fórmula establecida, representa un incentivo a la producción".

El debate nacional evidenció fuertes choques de intereses

• El Sector Azucarero y Bioenergético (incluyendo Tucumán), a través de Feijóo, defendió el proyecto de la Liga. Argumentó la factibilidad técnica del aumento del corte del 12% al 15%, citando ejemplos internacionales como Estados Unidos y Brasil, y destacó el ahorro de divisas que genera el bioetanol, al señalar que, en lo que va de 2025, el bioetanol "evitó importaciones de nafta por 400 millones de dólares".

• El Poder Ejecutivo Nacional (PEN), representado por el subsecretario Horacio Veller, reconoció que la ley actual está "completamente agotada", pero advirtió que los proyectos en discusión no tienen consenso y generarían un impacto fiscal y un aumento de hasta 10% en el precio del surtidor. Veller cuantificó que "por cada 1% incremental en el incremento de corte, el impacto fiscal asciende a 55 millones de dólares por año, en el caso del biodiesésel y 9 millones de dólares por año en el caso del bioetanol". El Ejecutivo presentó una propuesta alternativa que plantea una transición gradual y un mercado libre a partir de 2032.

• El Sector Hidrocarburífero y Automotriz se opuso frontalmente. La Cámara Argentina de la Energía rechazó los aumentos de corte por "limitaciones logísticas del sistema actual y a consideraciones técnicas en cuanto a límites de aplicabilidad en zonas frías". La Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) advirtió que cortes del 15% o 18% "no existen en ningún lugar del mundo, con lo cual serían cortes específicamente para la Argentina", lo cual "aislaría" a la industria y pondría en riesgo el 60% de la producción exportable.