
El Tribunal Oral Federal Nº 2 (TOF 2) ordenó avanzar con la ejecución patrimonial de Cristina Kirchner, Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti y el resto de los condenados en el caso Vialidad. La medida se tomó después de que la Cámara Federal de Casación Penal despejara el último obstáculo para que el tribunal pudiera concretar el decomiso destinado a cubrir los $685.000 millones fijados como resultado de la maniobra de corrupción acreditada en la causa.
Integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, el TOF 2 resolvió que los condenados deberán responder de manera solidaria con sus bienes hasta alcanzar el monto exacto de $684.990.350.139,86.
20 propiedades de la familia Kirchner serán ejecutadas
Según la resolución, el tribunal determinó cuáles de los bienes incluidos por el Ministerio Público Fiscal resultan ejecutables en esta etapa. Entre ellos se cuentan 20 propiedades vinculadas a la familia Kirchner:
· un inmueble a nombre de Cristina Kirchner, y
· 19 propiedades heredadas en partes iguales por sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, a título gratuito.
Los jueces señalaron que esta consecuencia deriva directamente de la condena por corrupción, que quedó firme en junio luego del fallo de la Corte Suprema.

Criterios del tribunal para el decomiso
El TOF 2 estableció tres categorías de bienes:
1. Bienes de condenados beneficiados por el delito: se decomisan para impedir que la conducta ilícita genere beneficios patrimoniales.
2. Bienes para reparar el daño social causado: en línea con compromisos asumidos por Argentina en la Convención de la ONU y la Convención Interamericana contra la Corrupción.
3. Bienes en manos de no condenados, como los hijos de Cristina Kirchner: el decomiso solo alcanza aquellos recibidos a título gratuito o que integren estructuras jurídicas beneficiadas por el producto del delito.
El 15 de julio, el TOF 2 había intimado a los condenados a pagar de manera voluntaria el monto actualizado del decomiso. En la sentencia de diciembre de 2022, el perjuicio había sido calculado en $85.000 millones, cifra que los peritos contables de la Corte Suprema actualizaron a valores actuales, alcanzando los $685.000 millones.
Ninguno de los imputados efectuó el depósito en el plazo de diez días hábiles, por lo que se habilitó la etapa siguiente: la ejecución de bienes.
Cristina Kirchner presentó tres planteos para frenar la medida:
· cuestionó la intimación,
· desconoció el monto del decomiso y la metodología utilizada por los peritos, y
· reclamó que la ejecución patrimonial se tramitara en el fuero Civil y Comercial, y no ante el TOF 2.
La Cámara de Casación desestimó todos los planteos y habilitó al tribunal a avanzar.
Una decisión clave del tribunal fue definir el período delictivo —entre 2003 y 2015—, lo que permite identificar qué bienes pudieron haberse incorporado como consecuencia de la maniobra fraudulenta y, por lo tanto, ser alcanzados por el decomiso.
Con el camino legal despejado, el TOF 2 avanzará ahora con la ejecución patrimonial, considerada el último paso pendiente luego de que quedara firme la condena que inhabilita de por vida a la exmandataria para ejercer cargos públicos.
Con información del diario Clarín