Tras los escándalos en la Policía de Tucumán, la oposición exige leyes para crear un control externo independiente

Los últimos escándalos que involucran a altos mandos policiales –desde la utilización de detenidos para trabajos particulares en propiedades de El Cadillal hasta los allanamientos simultáneos a diez jefes de comisarías acusados de cobrar coimas– han vuelto a colocar en el centro del debate la necesidad de un organismo de control externo e independiente para la Policía y el Servicio Penitenciario de Tucumán.

Los legisladores José Cano, Silvia Elías de Pérez y Walter Berarducci coincidieron en reactivar sus respectivos proyectos para crear un órgano civil, con amplias facultades investigativas y sancionatorias, que investigue faltas graves, delitos y abusos de poder sin depender de la propia cúpula policial.

Cano fue tajante: “La falta de control interno deriva en situaciones graves y descontrol en la fuerza policial”. El radical denunció que “si el Jefe de Policía no sabe que sus subordinados usan patrulleros para obras privadas o que diez de sus comisarios están montando un sistema de recaudación ilegal, entonces no está conduciendo la fuerza”. Para Cano, los hechos no son aislados sino “un descontrol sistémico”. Y sentenció: “El modelo actual está agotado. La Jefatura no puede ser quien investigue y sancione, porque la cadena de mando termina encubriendo o minimizando los hechos para ‘cuidar la imagen’”.

Por su parte, Elías de Pérez afirmó: “Es necesario tomar decisiones concretas para dotar a Tucumán de un organismo con verdadera autonomía, transparencia y capacidad operativa, que permita investigar y sancionar a quienes deshonran el uniforme. Solo así los hechos que hoy nos escandalizan dejarán de repetirse”. La parlamentaria insistió: “Nadie puede investigarse a sí mismo”.

Berarducci, a su vez, señaló: “Utilización de condenados por abuso sexual y uniformados para trabajos particulares, usurpación de terrenos fiscales y una impunidad que refleja cómo se actúa en Tucumán. Nuevamente pregunto, ¿quién controla a quiénes nos deberían proteger? ¿Hasta cuándo debemos soportar este accionar?”.

Los tres proyectos, aunque con diferencias estructurales, coinciden en la urgencia de sacar la investigación de delitos y faltas graves de la órbita de Asuntos Internos policial y penitenciaria.

El proyecto de José Cano crea una Secretaría de Estado de Asuntos Internos dependiente directamente del Ministerio de Seguridad, integrada exclusivamente por personal civil altamente capacitado. Entre sus funciones destaca el control anual de declaraciones juradas patrimoniales, la creación de un Registro Público de Agentes Expulsados e Inhabilitados, y la recepción directa de denuncias sin filtro policial. Cano subraya que “un civil que responde al poder político tiene la libertad de investigar a un comisario general que un subalterno policial nunca tendrá”.

Según lo señalado por el titular del monobloque Radicalismo Federal, el actual régimen de la policía de la Provincia de Tucumán está regulado por la Ley

3.656 del año 1970 "Ley Orgánica de la Policía de Tucumán" y la Ley 3.823 del año

1972 "Ley para el Personal Policial de la Provincia de Tucumán". Al igual que el régimen

del Servicio Penitenciario de la Provincia mediante Ley N° 4.611 del año 1976 y su

reglamentación; "ambas establecen dentro de la esfera de cada Institución el régimen disciplinario con las sanciones respectivas conforme las faltas endilgadas, siendo el responsable de su investigación y sanción la Jefatura de los mismos, lo cual no garantiza la independencia y transparencia necesaria que la celeridad de la

investigación de los casos ameritan", precisó.

La iniciativa de Walter Berarducci establece un Departamento General de Asuntos Internos dentro de la estructura policial pero “totalmente independiente de la unidad de mando”. Su director deberá ser abogado con al menos 10 años de antigüedad. El organismo podrá disponer la separación inmediata del cargo de cualquier efectivo denunciado y emitirá dictamen obligatorio para ascensos. Berarducci, en sus fundamentos, sostiene que existe “una inusitada, manifiesta y aberrante escalada de la violencia institucional”.

"La comunidad, de esta forma, podrá contar con un medio donde efectuar

denuncias sobre tales irregularidades, pero así también las autoridades podrán apreciar en este Departamento, una herramienta que colaborará con mantener la integridad y la jerarquía de la institución; y los propios efectivos policiales encontrarán la forma de proteger su reputación, cuando corresponda, y no verse involucrados injustamente en situaciones comprometidas con su moral", señaló.

En torno al Departamento, el opositor destacó que funcionará como un organismo perteneciente al Cuerpo de Policía, pero "totalmente independiente de la unidad de mando del mismo, para asegurar, de esta forma, satisfacción en los procedimientos llevados a cabo y optimización funcional de cada una de las divisiones; razón por la que se establece que su jefatura será designada por el Poder Ejecutivo, quien será su superior inmediato y de quien dependerá respecto a su duración o permanencia en el cargo y a la rendición de cuentas de sus funciones específicas".

El proyecto de Silvia Elías de Pérez propone una Dirección de Asuntos Internos Internos también bajo el Ministerio de Seguridad, pero con las restricciones más estrictas: el director y todo el personal deberán ingresar por concurso público de antecedentes y oposición, y está expresamente prohibido contratar a quienes hayan tenido cualquier vínculo –presente o pasado– con la Policía o el Servicio Penitenciario, así como a sus parientes. La Dirección deberá rendir cuentas semestrales ante la Legislatura, el Ejecutivo, el Poder Judicial y el Defensor del Pueblo.

La existencia de un mecanismo de control externo no sustituye la responsabilidad de

las instituciones policiales de vigilar su buen desempeño, sino que la fortalece. No son instancias que propongan suplir o dementar lo que ya se hace desde el interior; por el contrario, complementan la labor que los distintos controles institucionales realizan a favor de la integridad de la Policía. Es con la complementariedad entre mecanismos internos y externos que el principio de 'transparencia y rendición de cuentas' se fortalece y puede materializarse genuinamente en el mejor impulso para el buen desempeño policial y la confianza ciudadana", argumentó la radical.

Mora y defensa oficial

Los tres legisladores coinciden en que la persistencia de la impunidad genera “un desgaste en la relación de confianza entre la fuerza y la ciudadanía” y que solo un control externo civil, profesional e independiente podrá devolverle credibilidad a las instituciones.

Vale señalar que proyectos similares fueron elevados a la Cámara desde por lo menos 2017, sin embargo, la totalidad de los mismos perdieron estado parlamentario y no pudieron ser debatidos en el recinto, hasta el momento.

Por su parte, el gobernador Osvaldo Jaldo actuó frente a los hechos acaecidos dando de baja al jefe y al subjefe de la Unidad Regional Norte, puso a todos los involucrados a disposición de la Justicia y aseguró que “no vamos a apañar absolutamente a ningún miembro de la fuerza que realmente cometa ilícitos y obre fuera de la ley”.

Jaldo destacó los logros en seguridad de su gestión –“hemos bajado los homicidios un 50%, tenemos el índice más bajo de los últimos 20 años”, según palabras de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich– y ratificó al jefe de Policía, Joaquín Girvau Olleta, y al subjefe, Roque Rodolfo Yñigo, “siempre y cuando no les roce un caso ilícito”.

Sin embargo, el mandatario evitó referirse directamente a la creación de un organismo externo independiente y defendió la estructura actual: “La Policía de Tucumán es quien nos cuida la vida”.

Mientras el oficialismo celebra la baja de indicadores delictivos, la oposición insiste en que sin un cambio estructural profundo los escándalos seguirán repitiéndose y la confianza ciudadana continuará erosionándose.