Casación confirmó el procesamiento de Alberto Fernández en la causa Seguros

La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento del expresidente Alberto Fernández por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en la causa que investiga presuntas irregularidades en la contratación de seguros estatales durante su administración. La resolución también ratificó un embargo por $14.634 millones y la prohibición de salir del país sin autorización judicial.

El fallo fue dictado por los jueces Martín Irurzun y Roberto Boico, quienes conformaron la mayoría, mientras que Eduardo Farah adhirió parcialmente con un voto propio. Con esta decisión, el expresidente queda más cerca de enfrentar un juicio oral y público.

De acuerdo con la Cámara, quedó acreditado un “direccionamiento delictivo y ejercicio de influencia” por parte de Fernández para beneficiar al broker Héctor Martínez Sosa, esposo de María Marta Cantero, quien fue su secretaria privada durante décadas.

Los jueces destacaron que el vínculo entre Fernández y Martínez Sosa no era solo de amistad, sino también económico y profesional, lo que —sumado a la posición de poder del entonces mandatario— derivó en una “participación directa” en el esquema de contrataciones.

La investigación reveló que la empresa Héctor Martínez Sosa y Compañía S.A. percibió el 59,6% de las comisiones que Nación Seguros pagó a intermediarios por pólizas emitidas a organismos estatales desde la llegada de Fernández a la Presidencia.

Mensajes comprometedores y pruebas clave

Uno de los elementos más relevantes para el tribunal fue un mensaje de mayo de 2023, en el que Fernández —ante la preocupación de Cantero por la posible pérdida de un contrato en la Cancillería— respondió: “Ya me ocupo”. La Cámara interpretó esa intervención como una manifestación concreta de interés, requisito central para configurar el delito imputado.

También se incorporaron pruebas que dan cuenta de la influencia de Martínez Sosa en la conformación del Directorio de Nación Seguros, incluida la designación de Alberto Pagliano y Carlos Gustavo García Argibay.

El fiscal José Luis Agüero Iturbe había dictaminado que correspondía dictar la falta de mérito para el expresidente por considerar que aún faltaban pruebas. Sin embargo, la Cámara desestimó ese criterio al señalar que su dictamen no limita las facultades del tribunal.

Además, los camaristas recordaron que la fiscalía no había apelado el procesamiento original dispuesto por los jueces Julián Ercolini —quien inició la causa— y Sebastián Casanello, quien luego continuó la instrucción.

Otros procesamientos y sobreseimientos

La Cámara también confirmó los procesamientos de Héctor Horacio Martínez Sosa, Alberto Carlos Pagliano y María Marta Cantero, procesada además por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Asimismo, fueron ratificados los procesamientos de Alfredo Del Corro, Damián Gosso, Carlos Alberto Suárez, Mariana Lourdes Trupia, Alejandro Damián Celes y Déborah Toloza.

En cambio, fueron revocados los procesamientos de María Victoria Bisogni y Mauro Tanos por el delito de lavado de activos, al igual que fueron sobreseídos varios exfuncionarios y empresarios, entre ellos Sebastián Díaz Bancalari, Brian Kelly, Lucas Pablo Rosendi, Diego Carlos Marín, Norberto Matías Garrido, Fernando Carlos Salim, Federico Alejandro D’Angelo Campos, Santiago Fraschina, además de las cooperativas 7 de Mayo e Irigoin.

La mayoría de la Cámara encomendó al juez continuar profundizando la pesquisa para determinar el circuito del dinero y esclarecer cómo se gestaron las designaciones internas que permitieron ejecutar las maniobras investigadas.

Con información del diario La Nación