
El Ministerio Público Fiscal (MPF), a cargo de Edmundo Jiménez, obtuvo un incremento de crédito presupuestario por $560 millones destinado a cubrir gastos de personal durante la última parte del ejercicio 2025. La medida quedó oficializada a través del Decreto N° 3208/3, firmado por el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, y el secretario de Hacienda, Adrián Dicker.
Según consta en el documento, el pedido del MPF responde a “la necesidad de atender el pago de sueldos de los agentes dependientes del organismo, hasta la finalización del presente ejercicio presupuestario”. El texto añade que, para avanzar con la medida, se tuvieron en cuenta las disposiciones del artículo 5° del Decreto 292/3(ME)-2008 y los informes de todas las áreas técnicas y legales pertinentes, además del “Dictamen Fiscal del 21 de octubre de 2025”.
El artículo 1° del decreto detalla con precisión la reasignación de partidas:
Se extraen $560.000.000 de la Jurisdicción 50 – Obligaciones a Cargo del Tesoro, en la partida “Créditos Adicionales” financiada con recursos del Tesoro General.
Con esos fondos se incrementan las partidas destinadas al MPF, dentro de la Jurisdicción 05, Programa 11 – U.O. N° 018:
$360.000.000 para la Actividad 01 – Ministerio Público Fiscal – Capital, bajo la partida “Retribución del Cargo”.
$100.000.000 para la Actividad 02 – Ministerio Público Fiscal – Concepción.
$100.000.000 para la Actividad 03 – Ministerio Público Fiscal – Monteros.
Contexto complejo
El incremento presupuestario llega en un momento de fuerte exposición pública para el titular del MPF. Durante los últimos meses, diversos sectores políticos y sociales plantearon cuestionamientos sobre el desempeño del organismo, centrados especialmente en demoras en trámites y causas complejas, que generaron reclamos de familiares de víctimas y organizaciones civiles; decisiones fiscales controvertidas, que motivaron pedidos de revisión institucional; señalamientos desde la Legislatura, donde algunos bloques opositores e incluso un representante del oficialismo, reclamaron mayor transparencia y controles internos.
Si bien los cuestionamientos fueron heterogéneos y de distinta gravedad, terminaron instalando un debate sobre el funcionamiento integral del sistema acusatorio y sobre la conducción de Jiménez, quien lleva varios años al frente del MPF.
La ampliación de recursos apunta a garantizar la cobertura salarial hasta diciembre, en un contexto de alta presión financiera para todas las áreas del Estado provincial. De acuerdo con el decreto, la reasignación de crédito es estrictamente para la partida “Retribución del Cargo”, sin contemplar otros gastos operativos.
Con este refuerzo, el Ministerio Público Fiscal busca asegurar la continuidad administrativa de sus unidades en Capital, Concepción y Monteros mientras la gestión de Jiménez continúa bajo la lupa pública.