Así está la discusión sobre las apps de transporte: tributación, choferes, seguridad y ¿motos?

El debate municipal por la regulación de las aplicaciones de transporte de pasajeros entró en etapa de definiciones en San Miguel de Tucumán. Con algunas diferencias y dudas, los concejales comenzaron a descartar alternativas y a afinar otras, con la intención de dar un marco normatico antes de que finalice el mes.

En ese sentido, aunque aún hay borradores que circulan por las oficinas del edificio de San Martín y Monteagudo, ya se vislumbra un esqueleto de lo que sería la legalización de las plataformas conocidas como Uber, Didi o Cabify.

En primer lugar, una de las posibilidades que más adeptos suma entre los concejales de las diferentes bancadas es que no se apruebe un marco normativo específico para las apps, sino que se incorporen al Sistema Único de Transporte Público de Pasajeros en Automóvil (Sutrappa). Esto implica que se sumarían artículos a la ordenanza N° 3.713 y se modificarían otros. Esta norma surgió como respuesta del Concejo al escándalo generado por el servicio de remises, a partir del crimen de Paulina Lebbos en el verano de 2006.

De esta manera, el Sutrappa también contendría a las plataformas como una de las modalidades de transporte público y, lo nuevo, privado.

Otra de las cuestiones que está en discusión es si se establecen cupos para el otorgamiento de permisos a los choferes y/o autos. Hasta ahora, la postura que gana consenso entre los ediles es que no haya ninguna cupificación, sino que eso sea regulado mediante el mercado.

Uno de los asuntos más controversiales tiene que ver con las tarifas. En general, las aplicaciones se rigen por la oferta y la demanda. En determinadas horas, los viajes son más costosos o más baratos. Una de las propuestas tiene que ver con establecer un piso del 15% o un techo del mismo porcentaje respecto de la tarifa normal. Sin embargo, hay un principio de acuerdo para que no se establezcan topes a los montos que puedan cobrarse.

¿Quién y cómo tributará? Se barajó en algun momento la posibilidad de que sean los trabajadores quienes paguen una suerte de tributo a la Municipalidad, pero eso estaría descartado. Serían las empresas las que, según trascendidos, aceptarían pagar el Tributo de Emergencia Municipal (TEM).

Un ejemplo a seguir es el de la capital cordobesa, en donde el debate también está avanzado. Allí, las plataformas interesadas pueden inscribirse desde el 10 de este mes en el Registro Digital Municipal, creado por la Ordenanza N° 13.549. En los primeros días ya se anotaron Cabify y dos firmas locales, Transmitaxi y Global Visum. El período es hasta el 25 de noviembre, momento en el que se abrirá la etapa para registrar a los choferes y los vehículos. En esa ciudad, las empresas interesadas deberán presentar una serie de documentos ante el municipio, entre ellos:

• Constancia de inscripción vigente en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

• Certificación en la Dirección General de Rentas.

• Constancia en Comercio e Industria.

• Contrato social o estatuto y acta de designación de autoridades.

• Domicilio legal en la ciudad de Córdoba.

• Certificado de habilitación comercial.

• Póliza de seguro conforme a la normativa de la Superintendencia de Seguros de la Nación.

Precisamente, en San Miguel de Tucumán también se habla de crear un registro de trabajadores al volante, para que haya un control o se pueda saber desde el Estado quién el chofer que conduce el vehículo. De la misma manera, podría exigirse que los transportistas declaren ante la compañía aseguradora la actividad que se va a realizar.

Más allá de los avances en la búsqueda de acuerdos respecto de cómo organizar las plataformas electrónicas de autos, en el Concejo todavía no hay consenso sobre el transporte en moto. Hasta ahora, la Ordenanza N° 3260/2002 prohíbe el servicio de “moto-taxi” en San Miguel de Tucumán. En San Fernando del Valle de Catamarca, por ejemplo, se autorizó también hace días a las apps de vehículos, pero se excluyó a los servicios en moto. ¿Cómo resolverá esa cuestión el Estado municipal?