Salud Mental, la pandemia silenciosa que Tucumán quiere enfrentar sin estigmas

En un contexto donde la salud mental se consolidó como una de las grandes pandemias del siglo XXI, la Legislatura de Tucumán marcó un paso significativo al aprobar por unanimidad un proyecto de ley unificado que aborda de manera integral la salud mental y la prevención del suicidio en la provincia. Esta normativa, fruto del consenso entre legisladores de diversas extracciones políticas, responde a la urgencia de visibilizar y tratar con seriedad una problemática que afecta a nivel global a mil millones de personas, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), y que en Tucumán se manifiesta con un aumento alarmante de casos relacionados con trastornos mentales, adicciones y suicidios.

La ley, sancionada en una sesión presidida por el presidente subrogante Sergio Mansilla, establece un plan provincial de salud mental, prioriza la formación de recursos humanos, la georreferenciación de profesionales y la creación de una comisión interministerial, subrayando la necesidad de un abordaje interdisciplinario y comunitario. Este avance legislativo busca desterrar el estigma que aún pesa sobre las enfermedades mentales, promoviendo una atención accesible, digna y basada en derechos humanos, en un mundo donde las nuevas tecnologías, el bullying y los discursos de odio agravan estas patologías, especialmente entre niños, jóvenes y adolescentes.

La magnitud de esta norma radica en su reconocimiento de la salud mental como una prioridad de salud pública, en un escenario donde los trastornos mentales representan una de las principales causas de discapacidad y pérdida de años de vida saludables, según el indicador AVAD (Años de Vida Ajustados por Discapacidad). La pandemia de COVID-19 exacerbó esta crisis, dejando secuelas como ansiedad, depresión y un incremento en los casos de suicidio, que en los jóvenes constituye la segunda causa de muerte después de los accidentes. La ley no solo adhiere a las normativas nacionales de Salud Mental (26.657) y Prevención del Suicidio, sino que las adapta al contexto provincial, proponiendo un enfoque progresivo que considera las limitaciones presupuestarias y estructurales, pero con un compromiso claro: asignar al menos el 10% del presupuesto de salud a estas problemáticas, garantizar la accesibilidad a psicofármacos y fortalecer la red de atención en los tres subsectores (público, privado y de seguridad social).

Integralidad de la norma

El proyecto pone especial énfasis en los niños, jóvenes y adolescentes, grupos vulnerables en un entorno donde las redes sociales, el bullying y la presión por una “vida perfecta” –alimentada por la cultura de la apariencia– generan un impacto devastador. Los discursos de odio, incluso desde altas esferas del Estado, agravan esta situación, validando actitudes de violencia y exclusión que afectan particularmente a los más jóvenes y a los adultos mayores. La norma promueve la creación de equipos interdisciplinarios en escuelas, la capacitación en los tres poderes del Estado y la articulación con municipios y organizaciones civiles para acercar la atención a las comunidades, especialmente en zonas periféricas.

El proyecto, que sintetiza iniciativas de más de 20 legisladores, establece al Ministerio de Salud como rector de un plan provincial de salud mental, con funciones de monitoreo, investigación y formación de recursos humanos. Crea una comisión interministerial que involucra a los ministerios de Desarrollo Social, Seguridad, Educación e Interior, y un Consejo Consultivo con colegios profesionales y organizaciones civiles. Además, incorpora el programa “Volver a Casa”, inspirado en una experiencia brasileña, para reintegrar a pacientes internados por razones sociales a entornos ambulatorios. La ley también promueve la georreferenciación de profesionales, la accesibilidad a psicofármacos y la prevención en ámbitos escolares, deportivos y laborales.

El legislador justicialista Gabriel Yedlin, presidente de la Comisión de Salud (foto inferior), destacó la trascendencia del proyecto: “Es un tema muy importante, quizás el más importante de los que he presentado en esta Cámara. La salud mental atraviesa todos los grupos sociales y etarios, pero impacta más en los más vulnerables. Según la OMS, mil millones de personas tienen problemas de salud mental. En los jóvenes, el suicidio es la segunda causa de muerte. Este proyecto, trabajado con la Organización Panamericana de la Salud, el Ministerio de Salud y asociaciones científicas, busca una atención integral, basada en derechos humanos, que no estigmatice. Creamos un plan provincial, con gobernanza, formación de recursos humanos y accesibilidad progresiva a equipos de salud mental, porque no podemos poner un psicólogo en cada CAPS, pero sí garantizar que cada tucumano sepa dónde acudir”.

Carlos Verón Guerra (Fuerza Republicana) reflexionó sobre la dimensión histórica y humana de la problemática: “Las enfermedades mentales no son un síntoma exclusivo de esta época líquida. En el siglo VI, Alejandro de Trales describió un caso de ansiedad como ‘el meñique que sostiene el mundo’, una metáfora de la fragilidad y el peso que cargan muchas personas. En los años 50, Florencio Escardó demostró que la ansiedad de los niños internados solos se reducía con el acompañamiento de sus padres. La salud mental es una constante humana, pero la diferencia está en cómo la sociedad la aborda: con compasión o con estigma. Esta ley abraza a quienes padecen, para que el dolor no sea una falla moral, sino una herida compartida”.

Por su parte, Raquel Nievas (Trabajando por Tucumán) subrayó la necesidad de recursos para encarar operativizar normativa: “Esta ley reorganiza la atención en salud mental, pero el 10% del presupuesto de salud es insuficiente. La pobreza, las adicciones, el bullying y la inseguridad impactan en la salud mental de los tucumanos. Necesitamos un análisis exhaustivo del presupuesto, porque estas patologías aumentan. Votaré positivo, pero con el compromiso de revisar el presupuesto de salud para que sea acorde a esta crisis”.

Otro de los que tomó la palabra fue el peronista Alberto Olea, quien destacó el consenso y la integralidad de la norma: “Han pasado 11 años desde la adhesión a la ley nacional, y nuestra sociedad cambió. La pandemia, las adicciones y las redes sociales agravaron la salud mental. Esta ley es inclusiva, garantiza atención integral y comunitaria, y crea una comisión interministerial y un consejo consultivo. Es una respuesta efectiva, dentro de nuestras facultades, para proteger el derecho a la salud mental”.

Un contexto que condiciona

Su compañera de bancada, Carolina Vargas Aignasse vinculó la crisis de este fenómeno sanitario con el contexto social: “Esta ley es ambiciosa y profunda. Los problemas de salud mental no son solo de salud, sino de contextos socioeconómicos, de la pandemia, del bullying y de discursos de odio que bajan desde el Estado. La violencia institucionalizada, como la que sufren nuestros jubilados, impacta en los jóvenes y adultos mayores. La progresividad de esta norma es un acierto, considerando las limitaciones económicas del Estado provincial”.

Hugo Ledesma (PJ) enfatizó la prevención en menores: “El suicidio cobra más vidas que los homicidios en Argentina, un dato alarmante. El bullying en las escuelas es una preocupación creciente. Esta ley, junto a proyectos como el mío sobre prevención en niños y adolescentes, muestra que trabajamos mancomunadamente en temas trascendentales”.

En tanto, Silvia Elías (Valores para Tucumán) calificó la salud mental como “la pandemia del siglo”: “Esta ley une siete proyectos y más de 20 legisladores, fruto de la escucha activa. La salud mental es la pandemia de nuestro siglo, y todos conocemos a alguien afectado. Esta norma abre caminos de esperanza, pero debe reglamentarse pronto, porque Tucumán no puede esperar”.

El también referente radical Agustín Romano Norri abogó por desestigmatizar y prevenir: “La salud mental es una deuda pendiente. No hay suficientes psiquiatras, pero esta ley es un paso adelante. El estigma debe terminar: una adicción o una depresión son enfermedades, no delitos. El bullying ya no termina en la escuela, sigue en las redes las 24 horas. Necesitamos prevención, educación y una rápida reglamentación”.

Incidencia de la educación

En paralelo, José Cano (Radicalismo Federal) pidió una acción concreta: “La ley nacional fue un avance, pero una ley sola no cambia la realidad sin voluntad política. La salud mental se agrava por factores biológicos, sociales y económicos. En una provincia con 50% de población sin cobertura social, esta ley aporta gobernanza interministerial y protocolos claros. Casos como el de Tatiana, una niña de 9 años víctima de bullying, muestran que fallan los resortes del sistema. Esta ley debe aplicarse con urgencia”.

Finalmente, Adriana Najar resaltó el impacto en la educación: “El artículo 15, que incorpora equipos interdisciplinarios en escuelas, es clave. La comunidad educativa lo necesita. Desde el encuentro con centros de estudiantes y la Facultad de Psicología, estamos construyendo puentes con la UNT para llevar asistencia a las escuelas. Esta ley visibiliza una gran necesidad”.

La aprobación unánime de esta ley reflejó el compromiso de la Legislatura tucumana con una problemática que no admite demoras. Con un enfoque integral y progresivo, la provincia dio un paso hacia adelante para que la salud mental deje de ser un tabú y se convierta en una prioridad de Estado, con la esperanza de construir una sociedad más inclusiva y compasiva.