"Por la desidia del Ministerio Público Fiscal, todo incentiva a que la mujer no denuncie"

En la última sesión de la Legislatura provincial se avanzó en la prórroga por dos años más de la declaración de emergencia por violencia contra la mujer en todo el territorio de Tucumán. Si bien la iniciativa gozó de un apoyo transversal, el debate en el recinto se transformó en una plataforma de fuertes críticas a los estamentos gubernamentales que, a juicio de los legisladores, fallan en la protección de las víctimas. Los cuestionamientos se dirigieron tanto a la política de desfinanciamiento y desmantelamiento de programas a nivel nacional como a la falta de resultados concretos y la revictimización dentro del Poder Judicial y, específicamente, el Ministerio Público Fiscal (MPF), conducido por Edmundo Jiménez.

Según el informe del Observatorio Nacional Mumala, citado durante el debate, entre el 1 de enero y el 20 de noviembre del año en curso se registraron nueve femicidios en la provincia de Tucumán. A nivel nacional, la cifra asciende a 229 femicidios, lo que equivale a un asesinato cada 34 horas, con 901 intentos de femicidio registrados.

La legisladora Carolina Vargas Aignasse fue una de las más enfáticas al señalar la regresión en las políticas de género a nivel federal al sostener que el gobierno de Javier Milei, “tiene una perspectiva muy diferente a la provincial, con respecto al tratamiento de todos estos temas de violencia hacia la mujer y que se ha dedicado sistemáticamente a desmantelar áreas, a desmantelar programas y no solamente eso, sino también a desinformar”. Vargas Aignasse lamentó que el gobierno nacional trate el tema como si fuera “solamente una cuestión ideológica y no se trataran de datos concretos y reales que existen, lamentablemente a lo largo y ancho de todo nuestro país”. En ese sentido, la legisladora indicó que el Poder Ejecutivo provincial, en contraste, “ha enviado esta prórroga de la declaración de emergencia en donde existe un Ministerio de Desarrollo Social, con un área de la mujer donde se viene trabajando”.

El legislador Ernesto Gómez Rossi (Libres del Sur-foto inferior-) compartió esta visión, destacando el difícil contexto que afronta la provincia debido a la decisión federal. Rossi recordó que el gobierno nacional “una de las primeras medidas que tomó es desarmar toda el área de la mujer, primero quitándole el rango de ministerio, haciéndola Secretaría, luego directamente desmantelando todos los programas que había, tanto de prevención como de atención a las víctimas”. Gómez Rossi valoró que, “en ese contexto difícil y sin recursos que lleguen de la Nación, la provincia siguió trabajando y siguió sosteniendo todos y cada uno de los programas que tiene el gobierno”.

Uno de los puntos más álgidos del debate fue el desempeño del Ministerio Público Fiscal y del Poder Judicial, institución que, según la oposición y parte del oficialismo, no brinda la protección adecuada a las víctimas.

El legislador Hugo Ledesma (PJ), quien adelantó su voto positivo, manifestó una seria preocupación. Ledesma expresó que, por más leyes y mejoras que se aprueben, estas “van a perder efectividad si en el lugar donde tienen que cuidarlas y en el lugar donde tienen que salvarle la vida, no son escuchadas”. Denunció que en el MPF, “cuando las víctimas van a querer denunciar, no son atendidas, no son escuchadas, son negadas, muchas veces bastardeadas e inducidas de una manera u otra a que no hagan la denuncia”.

José Cano (Radicalismo Federal), al adelantar su voto favorable a la prórroga, remarcó la falta de resultados después de años de emergencia. Cano fue directo al señalar que "hay deja mucho que desear el rol del Ministerio Público Fiscal con respecto a esta temática". El legislador citó casos emblemáticos como el de Paola Tacacho y recordó que, en este último, “pedimos la destitución de un juez y fue destituido por situaciones de denuncias recurrentes y de Poder Judicial que no toma las medidas restrictivas que se deben tomar y efectivas”. Cano sostuvo que “evidentemente todo incentiva que la mujer no denuncie, porque hay casos de mujeres que han denunciado, se hizo visible su caso y terminaron asesinadas”.

Silvia Elías de Pérez (Valores para Tucumán-foto inferior-) se sumó a las críticas, calificando la situación judicial de “deplorable”. La legisladora lamentó que, desde 2017, la provincia tenga la necesidad de prorrogar continuamente la emergencia, un hecho que “nos tiene que preocupar y poner en el foco de acción”. Elías criticó que el Poder Judicial, “especialmente en el Ministerio Público Fiscal, la verdad que es deplorable lo que hace con la utilización de estos temas o con o con la falta de aplicación de las leyes que ya existen y de una mirada integradora que tenga que ver con una mirada de género”.

Varios parlamentarios cuestionaron la falta de datos y resultados que demuestren la eficacia de las políticas implementadas bajo la emergencia. El legislador Ricardo Bussi (Fuerza Republicana) recordó que “desde hace nueve años estamos en emergencia en la temática que hoy nos ocupa”. Bussi lamentó que se haya escuchado “con estupor los planteos que han hecho los legisladores” y enfatizó que, si bien el tema es grave, “lo que no sabemos es cuál es el resultado de estas políticas públicas”. Pidió que se demuestre si las "inversiones son alentadoras o si seguimos remando en dulce de leche”.

Raquel Nievas (Trabajando por Tucumán) exigió transparencia y rendición de cuentas. Sostuvo que “necesitamos resultados cuantificables y comparables”. Exigió que, durante la prórroga, el gobierno debe “demostrar que en estos dos años que vamos a declarar esta emergencia contra la violencia de la mujer, tengamos resultados y se expresen semestralmente cuántos nuevos casos se han acelerado en los procesos para lograr eficacia y eficiencia judicialmente”.

Gabriel Yedlin (PJ-foto inferior-) sumó una perspectiva estructural, señalando que la solución no se limita a lo policial o judicial, sino que radica en la justicia social. Yedlin explicó que los femicidios “tienen que ver más con las desigualdades y con la falta de oportunidades reales que tienen las mujeres. Y en eso es que nosotros también tenemos que trabajar, tenemos que generar mayores oportunidades reales”.

Argumentó que se debe pensar de manera transversal e integrada las políticas de género para que las mujeres “tengan más oportunidades de estudio, con que las mujeres tengan más oportunidades de trabajo, con que tengan la misma oportunidad de ingreso salarial, la misma oportunidad de estar en blanco”.

Silvia Elías hizo un llamado a la acción concreta, enfocándose en un mecanismo de articulación previsto en la propia ley de emergencia. La referente de la UCR pidió que se ponga el foco en el Artículo 3 de la ley, que establece la creación de una Mesa Interinstitucional.

Elías recordó que la norma prevé que en esta Mesa "esté sentado el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, la Oficina de la Mujer, el Observatorio de la Mujer, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público Fiscal y pone como sede la Legislatura”. La legisladora instó al presidente del cuerpo y a sus pares a que “el año que viene esta Mesa Interinstitucional verdaderamente funcione, porque estoy convencida que ahí vamos a poder requerir informes, hacer observaciones, recomendaciones y en ese ida y vuelta de todas las instituciones poder, verdaderamente, mejorar la situación”.