Advierten sobre un “profundo retroceso social e institucional” en la Argentina por el ajuste de Milei

El secretario general del Movimiento de Unidad Popular (MUP) en Tucumán, Luis Romano, realizó duras críticas al rumbo económico, social e institucional del gobierno nacional encabezado por Javier Milei. En un análisis integral de la situación del país, advirtió que Argentina atraviesa una recesión real, con caída de la actividad económica, pérdida de empleos, aumento de la precarización laboral y un marcado deterioro del poder adquisitivo.

“Desde la asunción de Milei la actividad económica está claramente a la baja, y los principales bancos extranjeros ya advierten sobre una recesión profunda en la Argentina”, sostuvo Romano, también congresal nacional del Partido Justicialista. En ese sentido, señaló que se han perdido más de 250.000 empleos registrados, mientras crece el trabajo informal y precarizado.

El dirigente cuestionó con dureza el proyecto de reforma laboral impulsado por el oficialismo, al que definió como “un evidente retroceso en materia de derechos sociales y laborales, con rasgos que incluso atentan contra garantías constitucionales”. Según explicó, el discurso libertario pone el foco en los juicios laborales, lo que implica -a su entender- un reconocimiento implícito de las falencias del sistema judicial. “No se puede aplicar el mismo criterio indemnizatorio a una multinacional que a una PyME, porque en muchos casos se termina condenando a las pequeñas empresas al cierre”, afirmó.

Romano también hizo referencia a los datos del Banco Central, que muestran que la inversión extranjera directa es la más baja desde 2003 y que durante 2025 salió más capital del que ingresó al país. “Argentina no es un país atractivo para invertir porque no hay previsibilidad económica”, aseguró, y puso como ejemplo las contradicciones del propio ministro de Economía respecto a la banda de flotación del dólar, anunciada como inamovible y luego modificada en cuestión de días.

En cuanto a la inflación, Romano remarcó que, pese a los datos oficiales del INDEC, el proceso inflacionario continúa afectando de manera directa a los ingresos de la población. “El índice oficial marca un 2,4 %, pero la inflación real supera el 3 %. Muy lejos de aquellos valores que hoy los mismos funcionarios calificaban como un escándalo”, expresó. Además, indicó que durante la gestión Milei el dólar aumentó un 264 %, mientras que el poder adquisitivo cayó un 36 %.

El dirigente del MUP alertó que el 72 % de los trabajadores registrados percibe salarios inferiores al millón de pesos, cuando la canasta básica del INDEC supera los $ 1,25 millones, y la canasta real se ubica por encima del millón y medio. “Estos números desmienten el relato oficial de que se redujo la pobreza y mejoraron las condiciones de vida”, enfatizó.

Otro de los puntos abordados por Romano fue la libertad de expresión y de prensa. Citando advertencias de FOPEA, sostuvo que la eliminación de la Ley 12.908 representa “un grave retroceso para el ejercicio del periodismo, la protección de las fuentes y la calidad de la información”.

En materia de endeudamiento, Romano subrayó la contradicción entre el discurso de campaña del presidente y las decisiones adoptadas en el gobierno. “Milei decía que endeudarse con organismos internacionales era inmoral, pero en apenas dos años incrementó la deuda externa en 28.475 millones de dólares, pese al brutal ajuste y la devaluación”, afirmó, y comparó esa cifra con los 20.000 millones de dólares solicitados por Ucrania para la reconstrucción de su país tras más de dos años de guerra.

Finalmente, el dirigente denunció un fuerte deterioro institucional y una escalada de violencia política hacia las provincias. “El recorte de fondos y la retención indebida de recursos coparticipables castigan a los gobernadores que no se alinean con el presidente”, sostuvo.

En ese contexto, Romano destacó el rol del Gobierno de Tucumán, al que valoró por “haber sabido sortear estos embates con una concepción peronista de gobierno, donde los números cierran con la gente adentro”. “Se prioriza el trabajo, el funcionamiento del Estado y los servicios esenciales como salud, educación, vivienda y políticas sociales”, concluyó.