La "emergencia electoral" se coló en el debate de leyes económicas y desató un cruce en la Legislatura

La Legislatura sesionó y aprobó por unanimidad un paquete de leyes que prorrogan diversas emergencias económicas y productivas hasta fines de 2026, buscando dar "certeza jurídica" y "herramientas de gestión" al gobierno. Sin embargo, la jornada, encabezada por el presidente subrogante Sergio Mansilla (quien reemplazaba a Miguel Acevedo, a cargo del Poder Ejecutivo), se vio rápidamente envuelta en una fuerte polémica generada por la oposición, quien criticó la constante dependencia del estado de excepción y logró introducir en el debate el tema pendiente de la fallida reforma electoral.

El informe de Carlos Gallía (foto inferior) destacó que los proyectos, remitidos por el Poder Ejecutivo y otros legisladores, no son "meras prórrogas administrativas" sino "herramientas fundamentales para asegurar el equilibrio fiscal, la paz social y sobre todo el sostenimiento de nuestra economía regional en un contexto nacional complejo".

Entre las disposiciones aprobadas, Gallía mencionó:

• Apoyo a municipios y comunas (Ley 7467): Faculta a la Caja Popular a renovar contratos de fideicomiso, lo cual es "vital para garantizar el funcionamiento operativo de las intendencias, la ejecución de obras públicas y el cumplimiento de obligaciones salariales en el interior de la provincia".

• Protección al sector azucarero (Leyes 8861 y 9219): Propone diferir el pago de impuesto inmobiliario para inmuebles afectados a la producción de caña hasta fines de 2026 y mantener la "alícuota cero en Ingresos Brutos" para pequeños productores cañeros maquileros, protegiendo "al eslabón más débil de la cadena productiva".

• Incentivo a la ganadería (Ley 9021): Prorroga la "alícuota cero en Ingresos Brutos y Salud Pública para la actividad pecuaria" para fomentar la diversificación de la matriz productiva y la inversión local.

• Emergencia citrícola (Ley 9614): Se prorroga la emergencia agropecuaria para la actividad del limón (primaria e industrial), lo que implica "frenar ejecuciones y mantener exenciones impositivas clave para que las empresas no cierren y no se pierdan puestos de trabajo".

Desde la oposición, Ricardo Bussi, quien fue autor de un proyecto de emergencia agropecuaria similar, señaló que si bien el sector privado ha demostrado una "reacción formidable" ante la caída de precios, "ahora nos toca a nosotros darles las herramientas fiscales para que puedan sostener esta estructura". Bussi enfatizó la necesidad de defender "esos empleos genuinos y consolidar el ingreso de más de 500 millones de dólares a nuestra economía".

Por su parte, la legisladora Silvia Elías de Pérez se manifestó a favor al calificar este paquete como un conjunto de "emergencias buenas". Argumentó su voto indicando que es indispensable seguir sosteniendo al sector azucarero, que da una "enorme cantidad de puestos de trabajo" y que sufre precios bajos. Del mismo modo, destacó la necesidad de ayudar a la actividad pecuaria y a la producción de limón ante la crisis que atraviesa.

El legislador opositor Claudio Viña (foto inferior), si bien anunció el acompañamiento de algunas leyes que buscan "darle un beneficio o evitarle un perjuicio tributario" a la actividad privada, fue contundente en su crítica a la gestión gubernamental. Sostuvo que la constante "mezcolanza de emergencias" no hace más que demostrar una provincia "que no genera esas condiciones" para funcionar normalmente.

Viña remarcó que la Legislatura está en la segunda jornada consecutiva de declaraciones de emergencia, con motivos que persisten "desde hace más de dos décadas". Argumentó, basándose en la etimología, que el uso de la palabra "emergencia" es incorrecto, ya que se refiere a un "suceso inesperado que requiere una acción inmediata", mientras que los problemas tratados (lluvias, inseguridad, educación, salud) son previsibles y funciones esenciales del Estado.

Viña concluyó que justificar la emergencia porque "empiezan las clases es algo realmente un reconocimiento de la incapacidad para gestionar". El opositor deslizó su sospecha de que la verdadera atracción de estas leyes para el Ejecutivo reside en la posibilidad de evitar la Ley de Administración Financiera, las licitaciones públicas y el tener que preguntar precios, permitiendo compras directas donde "la rendición de cuentas se hace más difusa".

En medio de su crítica, Viña introdujo el tema de la fallida reforma política de la provincia, señalando que "hay un hecho o una temática que sí está en emergencia, que sí está en colapso, que sí está necesitando una declaración". Hizo referencia al anuncio frustrado de la reforma, prometida desde 2015 con el "Tucumán Dialoga" y redoblada por el gobernador Osvaldo Jaldo, pero "diluido como un jugo".

Ante la falta de avance, el legislador anunció: "He presentado un proyecto que espero que sea tratado en breve porque es la declaración de emergencia del sistema electoral de la provincia". Este proyecto busca habilitar un plazo "perentorio" de 90 días para que una comisión interna convoque a una mesa de diálogo y se redefina el sistema electoral, incluyendo los acoples, el sistema de votación y la financiación de campañas.

La mención al sistema electoral y la crítica a la gestión provocaron una inmediata reacción del oficialismo, desatando un cruce verbal con el jefe de la bancada del PJ, Roque Tobías Álvarez, y Gerónimo Vargas Aignasse.

"Bravuconadas" y "egos"

Ante las interrupciones, Viña lanzó una fuerte acusación personal a los legisladores oficialistas, refiriéndose a ellos como "falderos del gobernador". El opositor los desafió: "deje de llevarle el saco al gobernador cuando lo haga candidato, recién va a sacar un porcentaje. Usted no saca porcentaje porque no lo hacen candidato y anda faldeando al gobernador desde que asumió".

Finalmente, Viña lamentó "la bravuconada reiterada de este par de legisladores que terminan hablando todos los temas como si fueran los dueños de la sesión, que definan quién es el presidente del bloque porque parece que hay un problema de ego ahí".

En respuesta a la situación, el legislador José Cano intervino para adherir a un pedido de respeto entre pares: "no está bueno lo que acaba de ocurrir cuando estaba hablando el legislador Viña". Cano recordó que "una manera de respetarnos es cuando uno hace uso de la palabra es no estar gritando ni bravuconeando de las bancas", aunque admitió que la crítica de Viña podía ser pertinente, ya que "a lo mejor el legislador Viña interpreta que todas las emergencias que estamos tratando tienen entre otras cosas su génesis en el sistema electoral". Por su parte, Roque Álvarez, en defensa del orden, se limitó a adherir al pedido de Cano de que se respeten los acuerdos de la labor parlamentaria, buscando una "sesión ordenada, pacífica y que debatamos los temas que acordamos".