El control aéreo contra el narco desató un fuerte contrapunto por las competencias de las fuerzas provinciales

La Comisión de Seguridad y Justicia de la Legislatura provincial elevó al recinto dos dictámenes contrapuestos sobre el Régimen de Cooperación Aeroespacial, Radarización e Interdicción Aero-Terrestre, lo que desencadenó un álgido contrapunto entre el oficialismo y la oposición. La discusión se centró en la delgada línea que divide las competencias provinciales de las federales, un punto neurálgico cuando se trata del control del espacio aéreo para frenar el tráfico de drogas, contrabando y otros delitos transnacionales.

El legislador Gerónimo Vargas Aignasse (PJ), uno de los impulsores del dictamen de mayoría, defendió la necesidad de actuar con decisión política, mientras que el opositor José Cano (Radicalismo Federal) encabezó la postura minoritaria, argumentando que la ley es "inoperativa" e inconstitucional por arrogarse facultades exclusivas del Gobierno Nacional.

La iniciativa que generó el debate busca crear el Régimen Provincial de Vigilancia, Prevención y Cooperación para el Control del Tráfico Aéreo Irregular (TAI), con el propósito expreso de “prevenir, detectar, identificar, registrar y brindar apoyo territorial inmediato frente a aeronaves que operen en violación a la normativa vigente y que se encuentren vinculadas directa o indirectamente al delito de narcotráfico y otros delitos complejos de carácter transnacional, que utilicen el espacio aéreo como medio para su comisión”.

Posturas contrapuestas

El dictamen de mayoría propuso la adhesión de la Provincia a las Reglas de Protección Aeroespacial (RPA) y normativa nacional vigente, aclarando que la provincia solo ejercería competencias en “vigilancia, investigación, prevención, cooperación logística y control territorial”, ya que “la adhesión no implica delegación de competencias propias ni habilitación del uso de la fuerza aérea, materia exclusiva del Estado Nacional”. El proyecto también impulsa al Ejecutivo provincial a “solicitar formalmente al Estado Nacional la instalación, operación y mantenimiento de radares primarios y secundarios dentro de su territorio, en el marco del Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial (SINVICA)”.

En contraste, Cano, en su dictamen en minoría, aconsejó “el rechazo del proyecto de ley”. En su lugar, propuso dos proyectos de resolución que buscan “instar al Poder Ejecutivo a realizar, de manera urgente, las gestiones necesarias, en conjunto con las Provincias, ante el Gobierno Nacional a fin de solicitar la instalación estratégica de radares en la Región NOA” y, a la vez, “solicitar al Poder Ejecutivo Provincial, para que de manera urgente disponga las gestiones necesarias, ante los Ministerios de Seguridad y de Defensa del Gobierno Nacional las medidas pertinentes a fin de realizar un relevamiento exhaustivo, georreferenciado y actualizado de todas las pistas clandestinas, irregulares o no habilitadas existentes en el NOA”.

Vargas Aignasse (foto inferior) defendió el dictamen de mayoría argumentando que el proyecto no busca suplantar a la Nación, sino complementarla a través de la vigilancia y la cooperación, una acción que considera urgente ante la falta de inversión federal en la materia.

En su alocución, el peronista negó que la ley invada la esfera federal, aclarando que no tiene ambiciones militares. El legislador manifestó: “Nadie está diciendo que vamos a poner radares, que vamos a operar radares, que vamos a comprar aviones y que vamos a salir a derribar vuelos clandestinos. Yo no sé qué han leído porque nada de eso dice”. Insistió en el margen de acción provincial desde el territorio: “Entendemos que el espacio aéreo no es competencia nuestra, pero sí podemos vigilar porque estamos acá abajo, estamos nosotros. ¿Cómo no vamos a poder vigilar? Vigilamos y avisamos, vigilamos y vemos dónde tiran droga”.

Ante la inacción o limitación federal, Vargas Aignasse sostuvo que las provincias deben asumir un rol activo. “Si no somos las provincias que nos empezamos a preocupar, esto no va a cambiar. ¿Por qué creen que Tucumán es la primer provincia en porcentaje de decomiso de droga en la Argentina? ¿Saben por qué? Porque está nuestra fuerza y la decisión política es nuestra”. El legislador resaltó que la iniciativa es una manifestación de voluntad política: “Esto es gestión, esto es decisión política, esto es ganas de ganarle al delito. De eso se trata este proyecto”.

La oposición, liderada por Cano y respaldada por Walter Berarducci (Compromiso por Tucumán), centró su rechazo en la posible inconstitucionalidad de la norma. Cano afirmó que el control aeroespacial es materia exclusiva y excluyente del Estado Nacional, no sujeta a interpretación.

El radical fue categórico al señalar que el proyecto es ineficaz legalmente: “Una ley provincial no se puede adherir a ninguna cuestión nacional que son per sé cuestiones que le compete al gobierno nacional. Eso no es materia discutible ni visiones, ni miradas distintas”. Asimismo, calificó al proyecto de ley como inoperativo y sin sentido: “Esto no tiene absolutamente ningún sentido ni es operativo, ni lo podemos hacer, no porque uno no quiera, sino porque así lo marca la legislación vigente. No hay dos lecturas, no hay dos interpretaciones de esto”. El legislador sugirió enfocarse en problemas locales urgentes como la infraestructura policial y la impunidad de crímenes: "tenemos situaciones edilicias de infraestructura de la comisaría que se están cayendo. Tenemos crímenes impune en la provincia y queremos poner radares o drones”. Cano (foto inferior) pidió infructuosamente que el proyecto retorne a Comisión para un estudio en profundidad con la presencia del Ministro de Seguridad de la provincia.

Por su parte, Berarducci reforzó la crítica constitucional al recordar la estructura federal y la naturaleza del espacio aéreo. Explicó que “hay un solo espacio aéreo. ¿Y por qué? Porque no hay límites en el aire. Entonces, las 24 provincias han delegado esa competencia en el Presidente de la nación, que es el Comandante en Jefe, el cuidado, la atención y el mantenimiento del espacio aéreo. Esa es una facultad propia y exclusiva del gobierno nacional”.

Berarducci advirtió sobre las consecuencias legales de aprobar la ley en esos términos, afirmando que “lo que estamos haciendo es arrogarnos competencias que no son propias y por ende vamos a sancionar una ley que es a todas luces inconstitucional, improcedente y hasta materialmente de cumplimiento imposible”. El parlamentario concluyó que, en lugar de legislar sobre esferas ajenas, el cuerpo debe dedicarse a lo que es de su incumbencia: “tenemos que hacer realmente las adecuaciones y las normas que sean brindarle más herramientas a la policía para que prevenga, investigue, persiga. En eso, estamos todos de acuerdo”.

Tras un enfático pedido de Vargas Aignasse a sus compañeros de bancada para que apoyen la iniciativa y, al momento de la votación, pudo observarse ciertas dudas en la actitud de los legisladores oficialistas quienes, en un primer momento, no sabían si levantar la mano para avalar la norma, hasta que se percataron que el jefe de bloque, Roque Tobías Álvarez y el propio autor del proyecto, asintieron y validaron el proyecto, lo que motivó la reacción favorable del resto de los legisladores del PJ en conformidad con la ley que desató la polémica en el recinto, durante la última sesión parlamentaria del año.