La oposición alertó sobre un "impuestazo confiscatorio" sobre los inmuebles tras una modificación al Código Tributario

La última sesión de la Legislatura provincial, comandada por el presidente subrogante Sergio Mansilla, se vio enfrascada en un intenso debate sobre la modificación del Código Tributario provincial (Ley 5121, artículo 247). A pesar de que el oficialismo presentó la iniciativa como una mera "actualización técnica y de armonización legislativa", la oposición advirtió que el cambio esconde un aumento fiscal masivo que impactará gravemente al sector inmobiliario de la provincia. El eje de la disputa se centró en la sustitución del término "avalúo fiscal" por la terminología vigente de “valor catastral determinado de conformidad con la Ley 9857”, vinculando directamente la carga tributaria a la nueva metodología de tasación basada en el valor real de mercado.

La discusión parlamentaria tiene como telón de fondo la reglamentación, a principios de noviembre, de la Ley N° 9857, la cual creó el Observatorio del Mercado Inmobiliario de Tucumán (OMITUC). Mediante el Decreto N° 3275/3, el Poder Ejecutivo provincial, bajo la firma del ministro de Economía Daniel Abad, habilitó a esta unidad técnica de la Dirección General de Catastro (DGC) para fijar métodos de “valuación masiva de inmuebles” utilizando “inteligencia artificial y análisis geoespaciales”. La misión del OMITUC es alinear los registros fiscales con la "dinámica real del mercado", una medida que ya pavimentaba el terreno para el incremento de los tributos inmobiliarios al recalcular anualmente los valores base de las propiedades urbanas y rurales.

Una “trampa” que eleva los costos

Los legisladores de la oposición fueron contundentes al rechazar la propuesta, calificándola como un “impuestazo” y una maniobra para incrementar la recaudación a costa del sector productivo y los ciudadanos.

El legislador Agustín Romano Norri (Movimiento Radical-foto inferior) fue uno de los más críticos, al calificar la modificación como una amenaza a la estabilidad económica. Romano Norri señaló que la propuesta “no es una simple adecuación terminológica por parte del Ejecutivo, sino que es una trampa que dinamita la seguridad jurídica y económica en la provincia de Tucumán”. Alertó sobre la "voracidad fiscal" que supone la reforma, indicando que es “un impuestazo que es hasta confiscatorio”. Para ilustrar el impacto, ofreció un ejemplo dramático: “un tucumano podría pasar de pagar 500.000 pesos a 3 millones de pesos por la misma escritura”.

Romano Norri también destacó las graves consecuencias para la actividad de la construcción, que ya arrastra dificultades. Además, advirtió que la medida solo fomentará la informalidad: “lo único que va a generar es más boleto de compraventa y menos escrituración".

El radical insistió en que Tucumán se vuelve una "isla fiscalmente hostil", comparando la alícuota provincial (3% del valor de mercado) con la de provincias vecinas: “mientras nosotros cobramos el 3% del valor de mercado, en Santiago del Estero se cobra el 1%, por ejemplo, en los Sellos sobre la base tradicional”.

La legisladora Silvia Elías de Pérez (Valores para Tucumán), por su parte, se enfocó en el aspecto técnico y financiero de la modificación. Aunque reconoció la necesidad de modernización, enfatizó que la corrección propuesta es mucho más que un ajuste nominal: “lo que estamos haciendo es mucho más que una corrección técnica, porque lo que estoy cambiando es la base de cálculo”. Esta nueva base de cálculo afecta directamente el impuesto a los Sellos y el impuesto Inmobiliario. Elías fue gráfica al predecir el impacto en los ciudadanos: “Cuando alguien quiera hacer una un traspaso de un inmueble y haga una escritura, va a llorar, porque no solamente que va a pagar un enorme impuesto a los Sellos, sino que también va a pagar un enorme valor a los a los escribanos”. La clave de su crítica radica en que, al no bajar la alícuota mientras el valor imponible sube constantemente, se produce el aumento: “si nosotros no bajamos la alícuota y subimos el monto imponible a la estratósfera, lo único que vamos a hacer es un impuestazo y, la verdad, que los bolsillos de los tucumanos están más flacos cada día”.

José Macome (Compromiso con la Lealtad) respaldó las críticas, señalando que la modificación es parte de una estrategia de aumento de la recaudación que ya se venía ejecutando con la creación del OMITUC. Macome afirmó: “la realidad es que desde el Observatorio se aumentó la base imponible de los impuestos inmobiliarios y la sesión pasada misma tratamos también el aumento de la base imponible de los automóviles”. Por ello, se manifestó "totalmente en contra de seguir subiendo las bases imponibles y no se van a tocar las alícuotas”, exigiendo “alivio fiscal para el contribuyente”.

Raquel Nievas (Trabajando por Tucumán-foto inferior) coincidió al señalar que el cambio en la base imponible tiene consecuencias directas: “cambiar el término avalúo fiscal por las cuestiones de modificar el valor catastral determinado es un problema que impacta de muchas veces más y aumenta en el impuesto al sellado al momento de la escritura”. Nievas anticipó su voto negativo a “este empuestazo, esta modificación en el Código Tributario”.

Por su parte, Ricardo Bussi (Fuerza Republicana) vinculó la presión fiscal con la falta de competitividad y la inacción del Estado en reducir el gasto público. Bussi criticó que “jamás el Estado hizo el esfuerzo, al menos en esta gestión, de achicar el gasto público”. Argumentó que las “políticas fiscalistas” están haciendo que Tucumán pierda terreno frente a provincias vecinas: “Hemos perdido posibilidades básicas de ser el eje del Noroeste argentino”. Como consecuencia directa de esta presión, sostuvo que “en Buenos Aires, en Córdoba y en Mendoza, aumentaron el número de escrituras en los últimos tiempos. Aquí cada vez se escritura menos y esto es justamente por la presión impositiva que se ejerce sobre la actividad”.

Desde el oficialismo, el legislador Carlos Gallia defendió el proyecto, asegurando que la intención es "garantizar claridad normativa y se alinea el Código Tributario con las herramientas técnicas que ya utiliza la Dirección General de Catastro", insistiendo en que "no se crea un impuesto nuevo". Sin embargo, la oposición concluyó que la falta de gradualidad en la aplicación de los nuevos valores y la ausencia de exenciones, como las que protegen la vivienda única en otras jurisdicciones, son una “sentencia final para condenar el mercado inmobiliario tucumano a una parálisis y a una marginalidad”. Finalmente, el proyecto fue sancionado con el acompañamiento de la bancada del PJ y la resistencia de la mayoría de la oposición, salvo el voto favorable de Claudio Viña (Compromiso por Tucumán).