EN LA CAPITAL
Agentes municipales serán obligados a capacitarse en manejo de conflictos y prevención de la violencia
La medida fue aprobada por unanimidad en el Concejo Deliberante y alcanza al personal de Tránsito y de la Patrulla de Protección Ciudadana, sin distinción de jerarquías, como requisito para la promoción y los ascensos.
El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán sancionó este jueves por unanimidad una ordenanza que establece la obligatoriedad de capacitaciones en prevención de la violencia, manejo de conflictos y Derechos Humanos para los empleados municipales que se desempeñan en la Dirección Operativa de Tránsito y en la Patrulla de Protección Ciudadana (PPC).
La iniciativa, impulsada por el concejal radical José María Canelada, establece que las capacitaciones serán obligatorias para todo el personal, sin distinción de jerarquía ni función. Además, su cumplimiento será un requisito para acceder a ascensos dentro de la estructura municipal.
La propuesta fue acompañada por el presidente del cuerpo, Fernando Juri, junto a los concejales Ernesto Nagle, Juan Carlos Ale, Federico Romano Norri, Leandro Argañaraz, Eduardo Gómez, Carlos Arnedo, Gustavo Cobos, Emiliano Vargas Aignasse, Gonzalo Carrillo Leito y Hugo Andina Lizárraga.
Al fundamentar el proyecto, Canelada destacó el amplio consenso alcanzado en el recinto y señaló que la propuesta surgió a partir de un episodio de violencia ocurrido entre un inspector municipal y un automovilista, que derivó en la pérdida de conciencia de este último. “Se trata de un proyecto que llega con el acompañamiento de casi la totalidad de los presidentes de bloques, lo que refleja una mirada compartida. No buscamos estigmatizar a ningún sector, sino promover una actitud preventiva y proactiva del Estado municipal, a través de capacitaciones que eviten que hechos de esta naturaleza vuelvan a repetirse”, afirmó.
Asimismo, el concejal remarcó que el objetivo es institucionalizar estas instancias formativas, que deberán repetirse con periodicidad anual, con el fin de brindar herramientas que garanticen intervenciones estatales profesionales, respetuosas de los derechos de la ciudadanía y orientadas a la resolución pacífica de los conflictos. “En un contexto nacional atravesado por la violencia, queremos que el Estado asuma un rol activo en su prevención y que el personal cuente con herramientas de intervención no violenta”, concluyó.
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