La prórroga del sistema conclusional expuso las fisuras del Poder Judicial tucumano

La Legislatura debatió un proyecto de ley que buscaba modificar la Ley 8934 del Código Procesal Penal con el objetivo de extender la aplicación del viejo sistema de justicia (Fuero Conclusional) hasta septiembre de 2029. Aunque la iniciativa fue justificada como una necesidad para garantizar una "transición ordenada, razonable y eficaz" y evitar que miles de causas queden impunes por prescripción, la discusión se transformó en un severo cuestionamiento a la calidad de la Justicia tucumana.

El legislador Gerónimo Vargas Aignasse (PJ), uno de los autores, defendió la prórroga argumentando que el fuero conclusional es la "muestra más palmaria y elocuente de lo mal que funcionaba el viejo sistema que hemos dejado atrás". Enfatizó que, aunque el sistema no es ideal, no prorrogarlo dejaría en un limbo a miles de víctimas: "si nosotros no prorrogamos el fuero conclusional, Alberto Lebbos no va a tener el juicio de su hija", ejemplificó.

Por su parte, Carlos Najar, presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia (foto inferior), sostuvo que la extensión no es un "retroceso de ninguna manera" ni afecta al nuevo sistema acusatorio, sino una medida administrativa que reconoce las "limitaciones materiales y temporales propias de un proceso de reforma estructural". Añadió que la modificación procura "adoptar a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán una herramienta dándole eficiencia, previsibilidad, evitando soluciones improvisadas o forzadas que puedan comprometer la calidad de las decisiones judiciales".

El legislador Agustín Romano Norri (Movimiento Radical) si bien acompañó el proyecto por el fin de evitar la impunidad, advirtió que el "diablo está en los detalles". Señaló que la prórroga es una extensión indirecta de la actuación de jueces penales subrogantes y unidades jurisdiccionales conclusionales hasta 2029, a través de decretos del gobernador.

Romano Norri cuestionó la falta de "legitimidad y hasta podríamos decir la legalidad" que tienen estos jueces, quienes no pasaron por concurso ni por el proceso de selección e impugnación. El legislador criticó que hemos visto que "estos mismos jueces subrogantes eran los que sacaban los fallos perjudicando, por ejemplo, a sectores de la oposición y luego después, justo esos jueces subrogantes fueron premiados con diferentes ascensos".

El parlamentario radical instó a evitar que esto sea una metodología y exigió al Gobernador convocar y avanzar con las casi 60 ternas vacantes en la justicia para que los tucumanos tengan una "justicia que verdaderamente llegue en los tiempos y que sea de la mejor forma una justicia transparente".

La falta de celeridad se centró en las objeciones dirigidas al Ministerio Público Fiscal (MPF). La legisladora Silvia Elías de Pérez (Valores para Tucumán) fue contundente al manifestar que "justicia lenta, no es justicia". Aunque votó a favor por las "14.109 personas que esperan justicia", la legisladora exigió cuentas: "La verdad que el Ministro Público Fiscal (Edmundo Jiménez) debería dejar de jugar a la política y dedicarse a ver cómo terminan todas estas causas".

En una habitual crítica al MPF, el peronista y referente del gremio La Bancaria, Hugo Ledesma (foto inferior), adelantó su decisión de abstenerse de votar el proyecto por "una cuestión de coherencia". Ledesma puso el foco en que el "gran responsable que estos expedientes no se hayan solucionado y de este gran atraso que hay es el Ministro Público Fiscal". Explicó que la ley le da tres años más al MPF "para seguir designando auxiliares fiscales sin ningún control, de seguir reasignando legajos sin ningún control, porque estas resoluciones que emiten no salen en el Boletín Oficial, en ningún organismo".

El legislador Walter Berarducci (Compromiso por Tucumán) fue el más crítico y pidió que el proyecto volviera a comisión, moción que fue negada por la bancada oficialista.

Berarducci objetó la extensión de tres años, señalando que excede "hasta el mandato nuestro" y que la prórroga se está dando con 9 o 10 meses de antelación. El principal problema, según el opositor, radica en el incumplimiento del artículo 29 de la misma ley que se está prorrogando, el cual exige al Comité de Evaluación y Control (integrado por miembros de la Corte, el MPF y la Defensa) elevar informes semestrales. "Hay un claro incumplimiento en esto, o por lo menos no tenemos conocimiento formal," denunció Berarducci, quien agregó que no hay datos concretos sobre el avance de las causas. La situación lleva a una "mora estructural" y una "impunidad estructural" garantizada por un sector del Poder Judicial, ejemplificado en el caso Paulina Lebbos, donde se llevan "20 años que la sociedad tucumana sigue sin saber cómo murió". Además, recordó que ya hay un fiscal condenado y otros funcionarios condenados por encubrimiento y mal desempeño en relación a la destrucción de pruebas.

Respecto al Artículo 2 del proyecto, Berarducci advirtió que le otorga al presidente de la Corte (Daniel Leiva) la facultad de redistribuir causas entre unidades jurisdiccionales para equiparar cargas laborales. Según el legislador, esto "en principio atentaría contra la competencia material y funcional" y que es darle una atribución que "rozaría lo inconstitucional".

Berarducci concluyó que la celeridad que se le está dando a la prórroga "va en contra de la transparencia y de la información" que deben tener los legisladores. "Estamos dando casi 10 años a este sistema de transición que era excepcional, ya lo estamos transformando también nuevamente en una regla en la demora de resoluciones de las causas". El proyecto contó con la aprobación mayoritaria, salvo la abstención de Ledesma y el voto negativo de Berarducci.