Se elevó a la Legislatura un proyecto de ley que transfiere, a título gratuito, el dominio y la administración del tramo urbano de la Ruta Provincial N° 329 a la Municipalidad de Concepción. La iniciativa, impulsada por la legisladora Raquel Nievas y acompañada por los opositores Claudio Viña, Walter Berarducci, Silvia Elías de Pérez y Agustín Romano Norri, busca consolidar la autonomía municipal y optimizar la gestión de la infraestructura vial urbana, en línea con los principios establecidos en el artículo 123 de la Constitución Nacional y las normativas provinciales.
El proyecto establece que “el dominio y la administración del tramo de la Ruta Provincial N° 329 comprendido dentro del ejido urbano municipal” pasarán a manos de la Municipalidad de Concepción, que asumirá los costos asociados y la responsabilidad de su conservación, mantenimiento y mejoras. Además, el Poder Ejecutivo provincial deberá completar los trámites para el otorgamiento de la escritura traslativa de dominio dentro de los 60 días posteriores a la sanción de la ley.
La exposición de motivos de la iniciativa subraya que la transferencia responde a la necesidad de que los municipios, como “nivel de gobierno más cercano a la comunidad”, gestionen directamente la infraestructura vial urbana para garantizar la seguridad vial. “La alta densidad de vehículos, peatones y ciclistas, sumada a la existencia de accesos, cruces y frentes edilicios, exige una planificación y un control más estrictos, que sólo la autoridad municipal puede llevar adelante con eficacia”, señala el texto. Este enfoque permite a Concepción aplicar normativas locales de tránsito y ordenamiento territorial, mejorando la prevención de accidentes y la protección de la vida humana.
El tramo en cuestión, recientemente reconstruido con una inversión de $1.250 millones en el marco del Convenio de Cooperación N° 07/2024 entre la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) y la Municipalidad, abarca desde la intersección con la Ruta Nacional N° 157 hasta la nueva traza de la Ruta 38, y un segmento adicional entre la nueva y la vieja traza de esta última. La obra incluyó la reconstrucción de la calzada, la ejecución de cordones cuneta y la colocación de una carpeta asfáltica de 5 centímetros, con aportes conjuntos de la provincia y el municipio.
En sus fundamentos, Nievas destaca que “la transferencia de dominio y administración permitirá aplicar las normas locales de tránsito y ordenamiento territorial, mejorando así la prevención de accidentes y el guardo de la vida humana”. Asimismo, resalta que la reciente reconstrucción del tramo, financiada con recursos municipales y provinciales, evidencia el compromiso conjunto por mejorar la infraestructura vial, y esta ley “viene a dar coherencia institucional a esa inversión”.
Un trasfondo de tensiones políticas
Esta iniciativa llega en un contexto de alta sensibilidad política, tras un conflicto público entre el gobernador Osvaldo Jaldo y el intendente de la "Perla del Sur", Alejandro Molinuevo. La semana pasada, se inauguró el tramo urbano de la Ruta 329, culminando una obra que había sido objeto de controversia. A fines de agosto, Molinuevo denunció que Jaldo lo amenazó por WhatsApp, instándolo a “no hacerse el vivo” tras un comunicado municipal que cuestionaba la retirada de maquinaria de la DPV, lo que retrasó los trabajos. En respuesta, Jaldo calificó al intendente radical de “mentiroso” y atribuyó las demoras a incumplimientos del municipio en el convenio.
El enfrentamiento, que escaló en los medios y generó un fuerte debate institucional, reflejó las tensiones entre la gestión provincial y el municipio opositor. Sin embargo, la finalización de la obra, con aportes conjuntos –la DPV proporcionó equipos y personal técnico, mientras el municipio aportó mano de obra y materiales–, marcó un punto de inflexión. En este sentido, con la transferencia pretendida se persigue otorgar al municipio la titularidad formal del tramo y la capacidad de gestionarlo directamente.
La transferencia a Concepción no solo refuerza la autonomía municipal, sino que también plantea desafíos operativos y financieros. La ley establece que los gastos derivados de la conservación y mejoras estarán a cargo del municipio, lo que podría tensionar el presupuesto local, especialmente considerando la magnitud de la inversión reciente. Sin embargo, la capacidad de Concepción para aplicar normativas propias y priorizar la seguridad vial en un tramo caracterizado por alta densidad de tránsito y complejidad urbana representa una oportunidad para una gestión más efectiva.
La iniciativa también refleja un esfuerzo por alinear las políticas públicas con los principios de descentralización administrativa y eficiencia en la gestión, como destaca la parlamentaria del bloque "Trabajando por Tucumán": “La transferencia propuesta no solo se ajusta a los principios constitucionales de autonomía municipal, descentralización administrativa y eficiencia en la gestión pública, sino que también fortalece las políticas de seguridad vial y preservación de la infraestructura ya realizada con recursos públicos”.