Contreras, comisionada de Las Cejas, debe afrontar un juicio por retener tarjetas de débito de empleados

Desde hace ya un año está dispuesta la elevación a juicio de la comisionado rural de Las Cejas, Cristina Mabel Contreras, en el marco de una causa en la que se investiga si utilizaba las tarjetas de débito de estatales para retirar dinero en su favor. Contreras es la delegada que en agosto fue denunciada penalmente por presunta malversación de fondos y enriquecimiento ilícito. Ella había negado las acusaciones en su contra.

Según pudo reconstruir Tendencia de Noticias, en septiembre de 2024. el juez Raúl Armando Cardozo, del Juzgado de Instrucción Conclusional II, resolvió la elevación a juicio de la causa N° 30315/2018, en la cual Contreras está acusada de delitos relacionados con su función pública. La imputación formal recae sobre los delitos de extorsión en perjuicio de Mónica Dolores Risso, Ramón Ernesto Soto y José Silvestre Risso, en concurso ideal con abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público en perjuicio de la Administración Pública. A estos se suma el delito de estafas en dos oportunidades, en perjuicio de Ramón Ernesto Soto y José Silvestre Risso.

El requerimiento de elevación a juicio sostiene que Contreras, abusando de su cargo como Comisionada Comunal, implementó un esquema para apropiarse de los salarios de varios empleados de la Comuna Rural de Las Cejas. Los hechos relatados detallan que la imputada presuntamente condicionaba el empleo de las víctimas a la "obligación de compartir su remuneración con el resto de los empleados", exigiéndoles la entrega de la remuneración total (que oscilaba entre $7.918,18 y $15.893,01) para luego pagarles solo $3.000, apropiándose del resto. En total, la fiscalía estima que Contreras se habría apropiado de $175.499 de Mónica Risso, $236.432,45 de Ramón Soto y $132.013,91 de José Silvestre Risso.

Contreras persiguiendo a los periodistas que investigaban en la comuna.

Además, se le imputa haber utilizado las tarjetas de débito que mantenía retenidas para extraer, sin autorización, adelantos de dinero mediante el sistema "Pronto Cash" en un cajero automático el 22 de marzo de 2018, extrayendo $20.000 de la cuenta de José Silvestre Risso y $20.000 de Ramón Ernesto Soto. El denunciante Ramón Ernesto Soto la reconoció en los registros fílmicos del cajero realizando estas operaciones.

Durante su declaración como imputada ante la Fiscalía de Instrucción Especializada en Delitos de Robos y Hurtos I, el 7 de julio de 2020, Contreras negó enfáticamente las acusaciones y ofreció su versión de los hechos. "Niego totalmente el hecho que se me imputa. Yo soy inocente", especificó. Sostuvo que las tres personas que la denuncian son parientes o familiares. También declaró que todos los empleados sabían sobre el contrato que firmaban y el monto que recibían. Especificó que el contrato era para prestar servicios por un término de seis meses y la remuneración era de aproximadamente $17.000. También indicó que, hasta el día de su declaración, todos los empleados conservaban su boleta de sueldo y conocían lo que cobraban.

Un favor a vecinos

Respecto al hecho central que la vincula con la apropiación de dinero y el uso de tarjetas, Contreras negó que ella o empleados enviados por ella acompañaran a los denunciantes al banco. Sin embargo, al ser consultada directamente sobre el uso de las tarjetas de débito de Ramón Soto y José Silvestre Risso para extraer dinero el 22 de marzo de 2018, ella respondió: "Seguramente debe ser".

Explicó en esa declaración que algunos empleados le "suelen pedir favores" para que ella les saque dinero de sus cuentas cuando viaja. Aclaró que no lo hace para todos, solo cuando se lo piden y le entregan sus tarjetas y sus claves. Justificó esta práctica en que muchos de ellos "no saben usar las tarjetas". Agregó que otros empleados también entregan sus tarjetas a remiseros o taxistas para que les saquen la plata.

En cuanto a los resúmenes de movimientos bancarios de los denunciantes encontrados en su residencia tras el allanamiento, Contreras dijo que tiene una oficina pequeña en su casa donde guarda papeles y contratos de la Comuna. Su explicación fue que estas personas fueron a su casa a pedirle explicaciones, le mostraron los documentos y "los dejaron en mi casa".

Contreras sostuvo que, a su parecer, "todo esto es una maniobra política por parte de los denunciantes". Alegó que ellos sabían que los contratos eran por seis meses y, al ella cortarles el contrato y quedarse sin trabajo, "hicieron este problema".

Al especificar a qué se refería con "maniobra política", relató que los denunciantes, después de presentar la denuncia, empezaron a trabajar con otros candidatos, la agredieron personalmente e "inventaron" cosas en la causa. Señaló que, luego de que su marido ganara las elecciones como delegado comunal, "ellos ya no nos molestaron más, aparentemente es toda una maniobra política del momento".

Pese a los descargos de Contreras y la solicitud de sobreseimiento por parte de su defensa, el juez Cardozo rechazó los planteos de nulidad y oposición. El magistrado determinó que el Ministerio Público Fiscal había acreditado los cuatro hechos intimados con el grado de probabilidad requerido en esta etapa procesal, basándose en la documentación, informes bancarios, declaraciones de las víctimas y, crucialmente, el informe técnico del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) que la ubicó utilizando las tarjetas de débito en el cajero automático.

Así, el Juez dispuso que la causa sea elevada a Juicio Oral y Público y remitida a la Sala Conclusional. Sin embargo, a la vuelta de un año, el juicio no ha dado comienzo.