Fuertes críticas contra Edmundo Jiménez resonaron en la Legislatura y el PJ contuvo un pedido de análisis de juicio político

En un giro inesperado que desdibujó el eje del debate en la Legislatura de Tucumán, el accionar del Ministerio Público Fiscal (MPF) y la figura de su titular, Edmundo "Pirincho" Jiménez, resonaron con fuerza en el recinto durante la discusión del proyecto para incorporar al régimen de protección de testigos a víctimas y declarantes en causas de narcomenudeo. La sesión, presidida por el subrogante Sergio Mansilla en ausencia del vicegobernador Miguel Acevedo —al frente del Ejecutivo por la licencia proselitista del gobernador Osvaldo Jaldo como candidato testimonial—, se vio permeada por alusiones a la controvertida contradenuncia presentada por el exjugador de Vélez José Florentín contra la periodista tucumana que lo acusó de abuso sexual agravado en manada, junto a Abiel Osorio, Braian Cufré y Sebastián Sosa, en marzo de 2024. La irrupción de este tema, ajeno al orden del día, no fue interrumpida por la presidencia, permitiendo un intercambio que escaló hasta una moción fallida para elevar denuncias a la Comisión de Juicio Político, frenada por la bancada del PJ pese al apoyo opositor.

El caso remonta a un presunto abuso ocurrido en el hotel de la delegación velezana tras un partido en el estadio Monumental José Fierro. La joven, de 26 años y empleada de La Caja Popular de Ahorros, relató en Cámara Gesell haber sido contactada vía Instagram por Sosa y citada a la habitación 407, donde los cuatro imputados la habrían agredido sexualmente tras suministrarle alcohol. A 15 meses de la denuncia inicial, a cargo de la fiscal Adriana Reinoso Cuello, la causa principal languidece en instrucción sin elevación a juicio, pese a evidencias como chats de WhatsApp y pericias telefónicas, mientras los acusados —ahora dispersos en otros clubes— gozan de libertad condicional.

La contradenuncia de Florentín, presentada la semana pasada ante la Unidad Fiscal de Decisión Temprana y calificada como "denuncia trucha" por sectores de la oposición, acusa a la víctima, su padre, testigos, los abogados Patricia Neme y Franco Venditti, y al diputado nacional Carlos Cisneros —titular de La Bancaria en Tucumán— de asociación ilícita, falso testimonio, estafa procesal y adulteración de documentos. En un escrito de 61 páginas, la defensa del futbolista paraguayo, ahora en Central Córdoba de Santiago del Estero, alega un "plan criminal" orquestado para incriminarlos, solicitando allanamientos, detenciones y preservación de geolocalizaciones. La fiscal Mariana Rivadeneira, con celeridad contrastante, autorizó operativos que incluyeron domicilios de la víctima y su familia —donde se secuestraron celulares de parientes, incluyendo a la abuela y un menor—, estudios jurídicos y, de manera controvertida, el medio digital Enterate Tucumán, sin vinculación aparente con la causa principal.

Fue el legislador peronista Hugo Ledesma (foto superior) quien primero coló la temática en el debate, elevando la voz en defensa de la víctima y el gremio bancario. Con tono combativo, Ledesma calificó la contradenuncia de "trucha" y desgranó las irregularidades: "Quiero hacer referencia a un hecho muy grave que está pasando en estos momentos en la justicia tucumana donde ha ocurrido un hecho gravísimo donde una compañera trabajadora bancaria ha sido violada en manada por cuatro jugadores de fútbol y espera hace más de 15 meses que la justicia tucumana, que la fiscal Reynoso Cuello eleve a juicio esta causa. No conforme con estos 15 meses de dilación ha entrado por parte de un imputado una a la víctima, los abogados a los testigos y al diputado Carlos Cisneros de asociación ilícita. Nosotros en el gremio bancario somos solidarios y somos combativos y tenemos un lema: nos tocan a uno, nos tocan a todos y acá nos han tocado una compañera, la han violado en manada y nosotros vamos a ser solidarios y la vamos a defender".

Seguidamente, el parlamentario ratificó que "esta denuncia trucha que están armando fue tomada en tiempo récord por la fiscal Mariana Rivadeneira y de la noche a la mañana se autorizaron allanamientos a la propia víctima de abuso sexual, a su papá, al abogado y a los testigos. ¿Qué justicia puede buscar una mujer si cuando va a denunciar es allanada y es apretada? Hasta tuvo que entregar el celular la madre, la abuela, el hermanito, ella y el padre a la justicia. ¿Qué justicia puede buscar cualquier mujer? ¿Quién va a animarse a declararte testigo de una violación cuando luego esa testigo es allanada? Es algo inadmisible. El abogado Camilo Atim que lleva adelante esta denuncia trucha se jacta y dice que está bien bancado desde bien arriba para denunciar en la justicia y eso solo tiene un nombre: Pincho Jiménez. Ese es el nombre del que puede bancar una denuncia así, armada entre gallos y medianoche", acusó, indignado Ledesma.

Con posterioridad, resaltó en su alocución que lo sucedido "es un apriete armado desde la cabeza del Ministerio Público Fiscal. Por eso a nadie le sorprende que se allanó la casa de la víctima pero también aprovecharon para entrar al medio digital Enterate sin ningún tipo de relación. Entran al estudio de Enterate, hacen formar fila a todos los periodistas y con DNI en mano los obligan a identificarse y a constar en el acta de allanamiento. Esto es vergonzoso, esto no podemos permitir como cuerpo. Es gravísimo esto que está pasando. También se ha allanado el estudio jurídico de las abogadas y de los abogados que hacen asesoramiento gratuitos a usuarios perjudicados por EDET y Transnoa. Como todos saben, cuando se van a los estudios jurídicos es necesario que vaya un delegado del Colegio de Abogados, un veedor del Colegio de Abogados. Bueno, le han avisado 30 minutos antes al Colegio de Abogados que iban a hacer el allanamiento sin que llegue el veedor; han hecho todo como han querido. Cuando llegó el veedor, no lo dejaron participar y no lo dejaron hacer su trabajo ni asentar en el acta las anomalías que estaba viendo. Esto es grave y yo me pregunto hasta cuándo vamos a permitir que Pirincho Jiménez, que hace años que se tendría que haber jubilado, siga manejando la justicia y siga tejiendo las telarañas en la justicia de nuestra provincia".

ALLANAMIENTO. Autoridades judiciales y de la Policía de Tucumán irrumpieron en el medio Enterate.

La intervención de Ledesma abrió la puerta a un coro de voces opositoras. La legisladora Silvia Elías de Pérez (Valores para Tucumán), visiblemente conmovida, vinculó el caso al proyecto en debate: "No puedo quedarme callada porque estoy absolutamente de acuerdo con el miembro preopinante que acaba de decir. En esta provincia todos los delitos aberrantes que ocurren necesitan protección de testigo porque la justicia de Pirincho Jiménez lamentablemente no tiene en cuenta los delitos aberrantes y para una mujer que la violen en manada es más aberrante que cualquier otro delito que pueda existir. Y entonces que no se protejan a testigos, que se les allanen la casa a la víctima, a la abogada, que se les allanen a los medios, estamos todos locos. Entonces celebro que para el narcomenudeo nosotros estemos dando un paso adelante. Levanto mi voz como mujer, como legisladora y como tucumana: no puede seguir ocurriendo tampoco lo que ha ocurrido en este caso de la violación en manada".

José Cano (Radicalismo Federal) lamentó la doble vara de la Justicia local y evocó precedentes como la causa Alberdi (en la que se investiga posible vinculaciones con el narcotráfico de sectores de la política) y el femicidio de Paola Tacacho: "Me hubiese gustado, por ejemplo, que con la misma celeridad que está actuando en lo que hizo alusión el legislador Ledesma —que obviamente me parece un hecho absolutamente grave que la justicia allane un domicilio de una víctima, que allanen domicilio y una abogada en libre ejercicio de su profesión, que armen lo que yo denomino precausa porque probablemente cuando se allanan viviendas se quitan o se secuestran celulares, está buscando otra cosa y después se termina derivando esa causa en otra cuestión; es un apriete, sobre todo cuando ya se podría haber llegado al juicio oral donde cada uno, tanto la víctima como los denunciados, van a poder expresar lo que con sus abogados lo que quieran— pero ustedes imagínense si el Ministerio Público Fiscal, por ejemplo, hubiera actuado con la misma celeridad en lo que uno denomina la causa Alberdi. O sea, hay un audio, hubo denuncias públicas, ningún fiscal actuó de oficio. Raro, ¿no? La doble vara: cuando la justicia tiene un interés particular en una causa y actúa de manera inmediata y cuando mira para el costado, a mí no me sorprende absolutamente lo más mínimo; estamos hablando de un poder que es fundamental para garantizar derechos constitucionales".

En esta línea, el referente radical destacó que "hace tiempo se tuvo que haber avanzando en la intervención del Poder Judicial de Tucumán, en la responsabilidad y en la organización de lo que eso significó por parte del Ministerio Público Fiscal, del arquetipo del Poder Judicial de Tucumán que armó en ese entonces el ministro de Gobierno de Alperovich durante más de una década que terminó siendo Ministro Público Fiscal (foto inferior). Nosotros formamos parte de un poder del Estado y lo que está ocurriendo con el allanamiento a un medio de comunicación, tiene otro trasfondo. Entonces el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal no puede ser un instrumento para juzgar o para responder a intereses sectoriales. Lo que ocurrió y lo que viene ocurriendo en estas últimas 48 horas reviste una enorme gravedad y nosotros como poder del Estado no podemos permanecer en silencio y tenemos que estar atentos para tomar todas las medidas que tengamos que tomar para garantizar el principio de igualdad ante la ley, para preservar la víctima y para repudiar que en esta provincia se está haciendo costumbre allanar despachos de abogados. Es un hecho grave y muy poco frecuente no solamente en Tucumán sino en el país".

El clímax llegó con la moción del legislador Walter Berarducci (Compromiso por Tucumán), quien instó a remitir las versiones taquigráficas de lo vertido a la Comisión de Juicio Político por las "acusaciones muy graves y serias" contra funcionarios judiciales: "Se están haciendo acusaciones muy graves y serias en el recinto. Y corresponde a esta Legislatura entender sobre esas denuncias. Por eso, creo que corresponde que la versión taquigráfica de las palabras del legislador Ledesma, de la legisladora Pérez, del legislador Cano sean remitidas a la comisión correspondiente que es la de Juicio Político porque hay denuncias sobre funcionarios que integran el Poder Judicial de la provincia en incumplimiento a los deberes que le competen por posibles delitos que están cometiendo. Y es obviamente la Comisión, la que tiene que entender e investigar. La Constitución nos manda que la Legislatura entienda sobre las conductas del gobernador, del vicegobernador y de los integrantes del Poder Judicial. Se han hecho imputaciones y acusaciones muy serias las cuales no pueden quedar sin que esta Legislatura intervenga y tome acción en el caso porque si no únicamente estamos hablando para la prensa o para que quede en el diario de sesiones de la Legislatura. Por eso hago esa moción".

La propuesta, respaldada por la oposición, fue rechazada por falta de acompañamiento en la votación, con el PJ —bancada oficialista— como principal dique de contención. El jefe de bloque Roque Álvarez (PJ) aclaró la postura en un tono mesurado pero firme: "Yo quiero decir que no hemos acompañado alguna propuesta de giro del debate a la Comisión de Juicio Político porque absolutamente todos los señores legisladores, con debate o sin debate, cuando salgan de acá del recinto pueden ir al segundo piso y pedir juicio político a cualquiera de los 200 jueces del nivel que sea. Nadie le ha quitado el derecho a ninguno de los 49 señores legisladores que si desean pedir un juicio político lo hagan, pero no es el cuerpo el que tiene que mandarle a la Comisión de Juicio Político. Las comisiones de Juicio Político reciben los pedidos que entran por mesas de entrada. Acá no ha habido ninguno. Entonces, si alguno de los que han hecho uso de la palabra considera que tiene que dar paso ese e ir a la Comisión de Juicio Político, va a ser el momento en el que la comisión se abocará al estudio de lo que corresponda. Por otro orden de cosas y en función de lo que he escuchado someramente, también quiero decir que repudio el tema de que algún medio de prensa se haya visto violentado, amedrentado o lo que fuere por una confusión o no y se haya visto allanado y vivido un momento de tensión. Claro que lo repudiamos".