Opositores denuncian que el interventor de Alberdi usó bienes y fondos municipales para la campaña

A menos de un mes de las elecciones municipales en Alberdi, la Junta Electoral de la Provincia de Tucumán evalúa una denuncia en contra del interventor de esa ciudad, Guillermo Norry, por presunta violación del deber de neutralidad y uso indebido de bienes del Estado para fines proselitistas.

La presentación fue elevada por Héctor Adolfo Díaz Chavero, candidato a concejal, junto a Luis María Díaz Augier, candidato a Intendente, y Roberto Sánchez, candidato a diputado Nacional de Unidos por Tucumán.

En la denuncia se acusa al interventor Norry de incumplir lo establecido en el artículo 34 de la Ley 7.876 (Régimen Electoral de la Provincia de Tucumán), tras haber desplegado actos de campaña política "en beneficio de candidatos pertenecientes al oficialismo provincial", lo que representa una "abierta violación al deber de neutralidad" inherente a su cargo de funcionario interventor.

Según el documento, los hechos denunciados ocurrieron el 29 de septiembre a las 19 en Juan Bautista Alberdi, durante un acto público convocado con motivo de la inauguración de un complejo de semáforos en la calle Marañón. Ese acto fue encabezado por Norry y contó con la participación del candidato oficialista a intendente por el Frente Tucumán Primero, Bruno Romano; y del gobernador en uso de licencia Osvaldo Jaldo, postulante a diputado nacional.

Los denunciantes sostienen que el evento "tuvo un claro tinte proselitista y electoral", transformándose en una actividad de campaña en beneficio de los candidatos del oficialismo. La clave de la denuncia radica en el supuesto uso de recursos municipales para llevar a cabo el acto. La prueba documental adjuntada incluye fotografías que, según los demandantes, demuestran la utilización de recursos humanos, materiales y logísticos del Municipio para el armado y organización. Específicamente, se menciona:

• Mobiliario público municipal, incluyendo un Escenario dispuesto para el evento.

• Maquinaria (camiones) y personal municipal, destinados al despliegue logístico, organización y armado del acto.

Los candidatos opositores subrayan que la "presencia protagónica del Interventor" junto a los candidatos en plena campaña "evidencia una flagrante violación a la neutralidad" que debe observar su cargo. Su accionar, argumentan, afecta la igualdad de condiciones entre los candidatos y compromete la transparencia institucional. Adicionalmente, se señala que los actos fueron difundidos en redes sociales y medios de comunicación oficiales, lo que configura un "uso indebido de la estructura municipal y de su investidura institucional para fines proselitistas".

Recordaron que el artículo 34 de la Ley 7.876 "prohíbe expresamente a funcionarios públicos realizar actos de proselitismo en el marco del proceso electoral, más aun utilizando recursos y bienes del Estado". Esta obligación, señalan, es aún más estricta para un interventor municipal, cuya figura fue dispuesta justamente para garantizar la "neutralidad, la normalización institucional y la transparencia" del proceso democrático.

En base a eso, los denunciantes solicitan a la Junta Electoral de la Provincia que:

1. Se tenga por formulada la denuncia contra el Interventor.

2. Se instruya el sumario correspondiente para investigar la infracción.

3. Se adopten medidas urgentes para garantizar el cumplimiento de la ley, incluyendo la inmediata cesación por parte del Interventor de los actos proselitistas y el uso de recursos municipales para tal fin.

Además, solicitan la aplicación de las sanciones previstas en el Código Nacional Electoral (aplicación supletoria), que incluyen la inhabilitación de uno a diez años para ejercer cargos públicos.

Tras la presentación, la Junta Electoral Provincial corrió traslado al interventor Norry para que efectúe su descargo. El funcionario tiene tres días hábiles para hacerlo.