Oposición y oficialismo apuntan a tipificar la violencia digital como una contravención policial

La violencia digital o telemática, una forma de agresión que se ejerce a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), emergió como un problema creciente que trasciende las barreras físicas y afecta gravemente la vida de las personas. Desde la difusión no consentida de imágenes íntimas hasta el acoso, las amenazas, el robo de datos personales o los discursos de odio, este tipo de violencia tiene consecuencias devastadoras en los ámbitos emocional, social, económico y psicológico. Su alcance masivo, rápido y permanente agrava las secuelas, dificultando el acceso a la justicia y la reparación integral del daño, especialmente para grupos vulnerables como niños, adolescentes, personas con discapacidad, mayores y disidencias sexuales.

En respuesta a esta problemática, el legislador Agustín Romano Norri (Movimiento Radical Tucumán -foto inferior-), presentó un proyecto de ley que busca modificar la Ley N° 5.140 de Contravenciones Policiales (declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación) para incorporar la violencia digital como una contravención específica y establecer procedimientos ágiles y especializados para su tratamiento. La iniciativa, respaldada por los parlamentarios peronistas Gerónimo Vargas Aignasse, Marcelo Herrera, Carlos Gómez, Sara Lazarte, Alejandra Figueroa y Raquel Nievas (del espacio radical, Trabajando por Tucumán), se encuentra en estudio en las comisiones de Seguridad y Justicia y de Hacienda y Presupuesto de la Cámara.

El proyecto define la violencia digital como “toda conducta, acción u omisión ejercida contra una persona y/o su grupo familiar, cometida, instigada o agravada, total o parcialmente, mediante el uso, asistencia o apropiación de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), con el objeto de causar daños físicos, psicológicos, económicos, sexuales o morales, tanto en el ámbito público como en el privado”. Entre las conductas específicas, se incluyen la difusión sin consentimiento de material íntimo, la reproducción de discursos de odio, el acoso, las amenazas, el acceso no autorizado a dispositivos o cuentas, y el robo de datos personales, siempre que no constituyan delitos penales.

En su exposición de motivos, el proyecto destaca la urgencia de actuar frente a esta problemática: “La violencia digital o telemática constituye una modalidad emergente que no solo afecta la privacidad y la integridad de las personas, sino que tiene consecuencias devastadoras a nivel emocional, social, económico y psicológico. Esta forma de violencia trasciende las barreras físicas y se propaga de forma masiva, rápida y permanente, con un alcance que ninguna otra modalidad de agresión ha tenido hasta ahora”. Además, subraya que “el vacío normativo actual deja a las víctimas en una situación de extrema vulnerabilidad, sin respuestas eficaces por parte de las instituciones públicas”.

Para abordar esta problemática, la iniciativa propone modificaciones sustanciales en los procedimientos de la Ley N° 5.140, estableciendo plazos ágiles, como la emisión de sentencias dentro de las 48 horas de cometida la contravención y un proceso de sustanciación que no exceda los 30 días. También crea un Cuerpo de Asesores Letrados Especializados en Violencia Digital, integrado por profesionales del derecho que emitirán dictámenes jurídicos vinculantes, y una Comisión Interinstitucional de Monitoreo, presidida por el Ministerio de Seguridad Ciudadana y conformada por representantes del Ministerio Público Fiscal, la Policía, entidades profesionales y comisiones legislativas. Esta comisión diseñará y ejecutará un sistema periódico de monitoreo y evaluación de la ley.

Otro pilar fundamental es la creación de un Equipo Interdisciplinario de Asistencia a Víctimas, compuesto por abogados, psicólogos y trabajadores sociales, que brindará contención inmediata e integral. El proyecto también incorpora una perspectiva interseccional, garantizando que se consideren las condiciones de género, edad, discapacidad, situación socioeconómica y pertenencia a colectivos vulnerables, además de asegurar la accesibilidad universal en todos los materiales y campañas relacionados.

El texto enfatiza que "no se busca criminalizar el uso de las tecnologías", sino promover un entorno digital seguro. Las sanciones propuestas incluyen multas, tareas de utilidad pública, arresto de hasta 15 días y el comiso de instrumentos utilizados, siempre respetando el principio de proporcionalidad.