La UNT definió su estrategia judicial en dos frentes clave: defensa institucional y financiamiento universitario

El Honorable Consejo Superior (HCS) de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), presidido por el rector, Sergio Pagani, abordó en su última sesión dos asuntos de fuerte trascendencia institucional que involucran a la casa de estudios en el ámbito judicial. Ambos temas fueron convalidados por el cuerpo, que respaldó las decisiones adoptadas por el rectorado y la Dirección de Asuntos Jurídicos.

El primer punto tratado se centró en la causa N.º 400360/2010, en la cual la UNT actúa como querellante por presunta malversación de fondos durante gestiones anteriores. Integrantes de la Dirección de Asuntos Jurídicos informaron que el proceso concluyó en primera instancia con una sentencia condenatoria y que, de acuerdo con el reglamento interno del área, la Universidad tiene la obligación de continuar litigando hasta que la sentencia quede firme. En ese sentido, el Consejo Superior autorizó la continuidad de la representación legal y la apelación de la resolución judicial ante instancias superiores.

La decisión se enmarca en la reciente condena dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) de Tucumán, que impuso penas de hasta tres años y medio de prisión a exintegrantes de la cúpula directiva de la UNT, entre ellos el exrector Juan Alberto Cerisola, por administración fraudulenta en el manejo de fondos públicos. Según el fallo, se comprobó la existencia de sobreprecios en obras, colocaciones irregulares de dinero en inversiones financieras y perjuicios económicos por la renuncia a utilidades que correspondían a la universidad en Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD). Los condenados también deberán realizar reparaciones millonarias actualizadas por índice de precios al consumidor.

El segundo punto abordado por el cuerpo colegiado se relacionó con la acción judicial que impulsa el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para exigir al Poder Ejecutivo el cumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente (Ley N.º 27.795), aprobada por el Congreso y posteriormente suspendida por decreto presidencial.

En este contexto, el rector Pagani expuso ante los consejeros la decisión de adherir institucionalmente al reclamo judicial conjunto de las universidades nacionales, con el objetivo de garantizar el respeto a la legalidad y la autonomía universitaria. “He decidido no solo poner en conocimiento del Consejo esta acción, sino también someterla a su convalidación, para que desde nuestro lugar sigamos defendiendo a nuestra universidad pública”, afirmó.

El pronunciamiento del HCS coloca a la UNT en sintonía con la resolución unánime del plenario del CIN, que sesionó recientemente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Allí, las autoridades universitarias acordaron acudir a la Justicia y al Congreso Nacional para reclamar la plena vigencia de la ley y la inclusión de sus recursos en el presupuesto 2026, subrayando que “un decreto no puede suspender una ley” y advirtiendo sobre la gravedad institucional del incumplimiento de normas aprobadas democráticamente.

Con estas decisiones, la Universidad Nacional de Tucumán pretende reafirmar su compromiso con la transparencia en la gestión de los recursos públicos y con la defensa del sistema universitario nacional frente a medidas que, advierten, vulneran la autonomía y el financiamiento de la educación superior pública.