La reforma laboral de Milei apunta a despidos más baratos, salarios variables y resucita los Ticket Canasta

En el corazón de la propuesta que el Ejecutivo libertario discute con empresarios, sindicalistas y gobernadores en el Consejo de Mayo late la voluntad de recortar drásticamente el costo de los despidos. El borrador del proyecto de reforma laboral, del que informó el diario Clarín, resucita el espíritu del decreto 70/23 –impulsado por Federico Sturzenegger– y plantea un nuevo régimen indemnizatorio que ignora la antigüedad más allá de diez años, fija un tope absoluto de diez salarios y permite fraccionar el pago en hasta doce cuotas para pymes.

El artículo reformulado del proyecto establece con claridad: “la indemnización en ningún caso podrá ser inferior a un mes de sueldo por cada año trabajado o fracción mayor de tres meses, ni superior a diez meses de sueldo igualmente determinado (es decir considerando como base de cálculo la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada durante el último año de trabajo o período de prestación de servicios si fuera menor)”. Además, la base de cálculo queda blindada contra el Sueldo Anual Complementario y cualquier concepto de pago semestral o anual, dejando fuera bonos, tickets canasta y vales alimentarios, aun cuando la Corte Suprema los haya reconocido como remunerativos en fallos previos.

En paralelo, el texto resucita los ticket canasta como “beneficios sociales” no salariales, no remunerativos y exentos de aportes: “Se denominan beneficios sociales a las prestaciones de naturaleza jurídica no salarial, no remunerativas, no dinerarias, no acumulables ni sustituibles en dinero, que brinda el empleador al trabajador por sí o por medio de terceros, que tiene por objeto mejorar la calidad de vida del dependiente o de su familia a cargo. En cualquier supuesto no corresponde el pago de aportes y contribuciones a la seguridad social y a contribuciones patronales o aportes al trabajador sobre dichos conceptos”. Entre ellos se incluyen refrigerios, comidas en el lugar de trabajo o pedidos a domicilio.

Salarios que premian el mérito

Bajo la etiqueta de “salario dinámico”, las empresas podrán pactar –vía convenio de actividad, rama, empresa o incluso acuerdo individual– incrementos variables por encima de los mínimos fijos, atados a productividad, mérito o situación económica.

La iniciativa advierte: “La incorporación y conservación de dichos componentes sólo podrá ser realizada por las partes con la frecuencia que ellas determinen, sin que puedan resultar de aplicación a su respecto la continuidad tácita, la ultraactividad ni la costumbre, cualquiera fuere el tiempo transcurrido en su mantenimiento y aplicación”. Desde la CGT denuncian que se habilita “negociación desigual” y “salarios a la baja” sin tutela sindical.

Se flexibiliza la jornada diaria siempre que se garantice 12 horas de descanso; se crea un banco de horas para compensar excesos semanales y se autoriza fraccionar vacaciones en tramos de al menos una semana, incluso fuera del período legal octubre-abril, por acuerdo o por la naturaleza de la actividad.

Los convenios vencidos solo conservarán vigencia en sus cláusulas normativas (condiciones de trabajo) hasta la firma de uno nuevo o prórroga expresa; las obligacionales caducan salvo pacto o decisión del Ejecutivo.

Un acuerdo de ámbito menor primará sobre otro de mayor alcance, y uno posterior podrá modificar en cualquier sentido al anterior del mismo nivel.

La CGT definirá su estrategia frente al proyecto oficial pero ya muestra signos de contrariedad.

A su vez, el Gobierno pretende que las cuotas sindicales, aportes o descuentos solo procederán con consentimiento expreso del trabajador. Las cláusulas de convenio que impongan contribuciones a no afiliados pierden validez, sepultando las cuotas compulsivas.

En torno al derecho de huelga, en servicios esenciales (salud, educación, telecomunicaciones, aeronáutica, transporte de energía, aduana, migraciones, etc.) se exigirá 75 % de cobertura mínima. En actividades de importancia trascendental (transporte, industria, banca, gastronomía, alimentos, radio y TV) bastará con 50 %.

La CGT ya adelantó su rechazo total y la intención de bloquear la iniciativa. El oficialismo, sin embargo, apuesta a sumar gobernadores y sectores empresarios para desembarcar en el Congreso antes de fin de año con la propuesta.