La oposición pospone una sesión clave en Diputados y espera señales de los gobernadores

Los bloques opositores de la Cámara de Diputados decidieron postergar hasta la semana próxima la solicitud de sesión especial para debatir proyectos vinculados con el financiamiento universitario, el Hospital Garrahan y la redistribución de impuestos, a la espera de que el Gobierno nacional comunique oficialmente el veto a las leyes de aumento de jubilaciones y de emergencia en discapacidad.

Según fuentes parlamentarias consultadas por Noticias Argentinas, la sesión prevista inicialmente para este miércoles fue descartada debido a que los gobernadores aliados aún no garantizan el quórum de 129 diputados necesario para habilitar el debate en el recinto.

Unión por la Patria, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, Democracia para Siempre y el Frente de Izquierda tenían previsto convocar una sesión para tratar la declaración de emergencia del Hospital Garrahan, el refuerzo de fondos para universidades públicas, y otros proyectos clave para las provincias.

Entre estos, se encuentran los textos aprobados por el Senado que plantean una nueva distribución del impuesto a los combustibles y de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Sin embargo, su tratamiento requiere una mayoría especial de dos tercios, lo que solo sería posible con el apoyo explícito de todos los gobernadores dialoguistas.

Desde el bloque Encuentro Federal indicaron que contaban con el respaldo del gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, cuyos diputados sumaban 126 votos. “Faltaban apenas tres para el quórum, pero no conseguimos el compromiso del resto”, detallaron.

La apuesta ahora es reprogramar la sesión para el jueves 7 de agosto, una vez que el Gobierno oficialice el veto a las leyes impulsadas por el Congreso, lo que podría movilizar a los bloques a consolidar una mayoría más amplia. En ese escenario, aseguran que llegarían a 133 votos.

El Ejecutivo tiene plazo hasta el 4 de agosto para vetar las leyes de movilidad jubilatoria —que establecen un aumento del 7,2% y elevan el bono de $70.000 a $110.000— y la de emergencia en discapacidad. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, ambas iniciativas representan un impacto fiscal combinado de entre 1,01% y 1,21% del PBI.

Por ahora, se mantiene la incertidumbre respecto a cómo actuarán los gobernadores dialoguistas frente a los vetos. Ratificar las leyes requerirá nuevamente el respaldo de dos tercios de ambas cámaras.

Entre los mandatarios provinciales que aún no definieron su posición se encuentran Ignacio Torres (Chubut), Rolando Figueroa (Neuquén), Gustavo Sáenz (Salta), Hugo Passalacqua (Misiones) y Alberto Weretilneck (Río Negro). Varios de ellos mantienen vínculos con el oficialismo pero no integran listas conjuntas con La Libertad Avanza (LLA).

En tanto, algunos ya han cerrado acuerdos electorales con LLA, como Alfredo Cornejo (Mendoza) y se espera que lo haga también Rogelio Frigerio (Entre Ríos), sumándose a las alianzas ya tejidas en provincias como Chaco.

También es incierta la actitud que adoptarán los gobernadores peronistas Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca), especialmente tras los recientes cambios en su alineamiento político respecto al Gobierno nacional.