La Ley Bases, un año después: desmantelamiento estatal, regresividad tributaria y caída del empleo

Según un riguroso informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el primer año de vigencia de la "Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos" resultó en una profunda desarticulación de organismos y empresas públicas, un Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) sin el éxito prometido, una marcada regresividad tributaria y una significativa caída del empleo registrado en Argentina.

El documento aborda los impactos de los principales objetivos de la Ley de Bases a un año de su sanción y entrada en vigencia. Los hallazgos revelan una concentración de poder sin precedentes en el Poder Ejecutivo y un vaciamiento institucional.

Uno de los aspectos más "regresivos" de la Ley Bases, según el informe, ha sido la "delegación ampliamente extendida de facultades legislativas en el Poder Ejecutivo, en abierta contradicción con el principio republicano de división de poderes". Esta "habilitación extraordinaria ha permitido que el presidente Javier Milei legisle por decreto con un alcance y una frecuencia sin precedentes desde el retorno de la democracia".

Decretos y supresiones

Al 4 de julio de 2025, el Gobierno dictó 157 decretos de carácter legislativo, de los cuales 61 se amparan directamente en las delegaciones previstas por la Ley Bases, particularmente en el Título II, de Reforma del Estado. Esta "concentración de poder no solo vació de sentido el rol del Congreso, sino que habilitó una avanzada sin control sobre las instituciones públicas".

Se han registrado numerosas disoluciones de organismos, programas y regímenes, buscando "la supresión de entes vinculados a obra pública, la eliminación de políticas de promoción de distintos sectores y el corrimiento del rol igualador del Estado". Entre ellos, se destacan:

• El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).

• El Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable.

• La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), con la creación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

• El Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA).

• El Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC).

• Programas nacionales como el de Inversiones Turísticas y el de Apoyo al Empresariado Joven, y varios regímenes de promoción ganadera y algodonera.

Adicionalmente, se disolvieron importantes fondos fiduciarios, vinculados a "emergencias, viviendas y hábitat (entre ellos el PROCREAR y el Fondo de Integración Socio Urbana, este último llevado a la justicia) y de promoción tecnológica y científica". Esta eliminación, que se da "en un contexto de ajuste y discrecionalidad presupuestaria (dos años consecutivos, 2024 y 2025, sin presupuesto nacional)", ha generado "serias dudas sobre el destino de los fondos existentes en cada uno de ellos al momento de su eliminación".

Las "transformaciones y transferencias de organismos y bienes" estuvieron "atravesadas por una mirada ideológica, en contra de las políticas de Derechos Humanos (como los vinculados al Museo de la Memoria, al Sitio ESMA y Datos genéticos) y en contra de íconos de la cultura y la historia argentina". Un ejemplo es la transferencia del Registro de Datos Genéticos al Ministerio de Seguridad, lo que contraviene la ley 27.759 que disponía su funcionamiento en el Ministerio de Justicia.

Privatizaciones y Desguace de Empresas Públicas.

La Ley Bases habilitó la privatización total o parcial de ocho empresas, pero este listado es solo "la punta del iceberg de una estrategia más amplia de desguace del aparato público". El Ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que la estrategia de acumulación de reservas del Tesoro estará asociada a la "venta de activos públicos" incluyendo "privatizaciones", "concesiones, como las hidroeléctricas en el futuro cercano", y "venta de activos".

Las empresas incluidas en la Ley Bases para su privatización total o parcial son:

• Energía Argentina S.A. (ENARSA).

• Corredores Viales.

• Intercargo.

• Agua y Saneamientos Argentinos (AySA).

• Belgrano Cargas.

• Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE).

• Complejo Carbonífero, Ferroviario, Portuario y Energético operado por Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) (privatización parcial).

• Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) (privatización parcial).

Es relevante mencionar que otras empresas estratégicas que no fueron autorizadas para su enajenación por el Congreso también están bajo avance privatizador, como Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y el Banco Nación.

IMPSA, una empresa mendocina dedicada a tecnología de punta para los sectores hidroeléctrico y nuclear, fue privatizada en febrero de 2025 y traspasada a la estadounidense ARC Energy. El informe califica esta operación como una "malventa de una empresa estratégica, a un precio por debajo de su valor potencial y sin mecanismos adecuados de control parlamentario".

Casos en estudio

En el caso de Aerolíneas Argentinas, a pesar de que la iniciativa de privatización no prosperó en el Congreso, el Gobierno "continuó promoviendo un vaciamiento progresivo, favoreciendo a las aerolíneas low cost en rutas rentables, sin garantizar la conectividad integral del territorio nacional". Esto llevó a la "interrupción de rutas, afectando gravemente la integración territorial". Además, se ejecutaron "medidas de ajuste que incluyeron la reducción del personal en 1.780 puestos y el cierre de oficinas comerciales en distintos puntos del país y del exterior".

El Banco Nación, una "entidad sólida, rentable y con un papel central en el sistema financiero argentino", fue objeto de un decreto (116/2025) para su conversión a Sociedad Anónima, con la intención de "preparar el terreno para su privatización posterior". Sin embargo, esta transformación "fue suspendida en sede judicial, tras la sentencia de la Cámara Federal de La Plata del 5 de junio de 2025". El informe subraya que la privatización del Banco Nación fue previamente prohibida por ley en 1999, prohibición derogada por el DNU 70/2023.

Otras acciones con impacto en el Banco Nación incluyen la eliminación de la obligación de pagar sueldos de la administración pública a través de esta entidad, buscando "debilitar al banco público y transferirle un negocio millonario a los bancos privados".

Resultados Deficientes

El RIGI fue justificado por el Gobierno con la promesa de "atraer Inversión Extranjera Directa (IED)" y dinamizar la economía. Sin embargo, "a un año de su entrada en vigencia, los resultados están lejos de justificar las concesiones otorgadas".

• Proyectos Preexistentes: De los cinco proyectos aprobados (de un total de 14), 4 de ellos ya existían previamente a la sanción del régimen, y el quinto reemplaza un proyecto que también estaba en carpeta. Esto indica que el RIGI "está sirviendo como una herramienta para maximizar beneficios de proyectos que ya estaban en carpeta" más que para promover nuevas inversiones.

• Protagonismo de YPF: En lugar de atraer capitales privados extranjeros, "la petrolera de mayoría estatal, YPF, protagoniza las inversiones del RIGI". YPF participa en inversiones por USD 9.575 millones del total de USD 16.514 millones, lo que representa "el 58% del monto total previsto". Además, estas inversiones de YPF "ya estaban en carpeta con anterioridad".

• Caída de IED: La inversión extranjera directa "se desplomó durante la gestión de Javier Milei". Desde diciembre de 2023 hasta mayo de 2025, el flujo acumulado de IED arroja un saldo negativo de USD -1.500 millones.

• Escasa Creación de Empleo: La generación de puestos de trabajo es "deficiente". Los cinco proyectos aprobados implicarían la creación de apenas 1.616 empleos directos y 8.497 empleos indirectos, totalizando 10.113 puestos de trabajo. Incluso considerando todos los 14 proyectos presentados, la cifra asciende a 23.872 puestos, lo que "representa apenas el 20,7% de la pérdida acumulada de empleo privado desde diciembre de 2023".

Menos progresividad tributaria

La reforma del Impuesto a los Bienes Personales "representó un nuevo retroceso en la progresividad del sistema tributario argentino". La Ley Bases redujo la alícuota máxima y estableció una reducción progresiva hasta una alícuota única del 0,25% en 2027, beneficiando "especialmente a los patrimonios más elevados" y generando un "aplanamiento de la pirámide tributaria". Además, se eliminó la "diferenciación entre bienes en el país y bienes en el exterior", lo que suprimió un "instrumento clave para fomentar la repatriación de activos". La incidencia del impuesto a los Bienes Personales en la recaudación total cayó del 2,2% en 2023 a un mínimo del 1,4% en julio y agosto de 2024.

La restitución del impuesto a las Ganancias a la cuarta categoría, con parámetros "mucho más bajos", amplió "de manera significativa la cantidad de trabajadores alcanzados". Al momento de su implementación, "alrededor del 12,2% de las y los trabajadores registrados comenzaron a tributar el impuesto, en contraste con el 1,7% que lo hacía entre octubre de 2023 y marzo de 2024".

La reforma laboral impulsada por la Ley Bases incluyó un "Plan de Regularización del Trabajo No Registrado" que otorgó "beneficios notoriamente desproporcionados" a los empleadores. A pesar de esta "generosa amnistía", los resultados fueron mínimos: "solo 7.660 trabajadores fueron registrados desde la implementación del plan".

En paralelo, la informalidad laboral no solo no disminuyó, sino que aumentó, alcanzando el "42,0% en el cuarto trimestre de 2024", lo que implica un aumento de 0,8 puntos porcentuales respecto al mismo período de 2023.

La ampliación del período de prueba (hasta 8 o 12 meses) y la creación de la figura del "colaborador" han habilitado "contrataciones temporales encubiertas" y "profundizado la precarización, promoviendo la tercerización y el desentendimiento de obligaciones laborales básicas".

Desde la asunción de Milei, el mercado de trabajo registrado sufrió una fuerte contracción, con una pérdida acumulada de 173.563 empleos registrados. De este total, 58.210 corresponden al sector público y 115.353 al sector privado. El "crecimiento de monotributistas (74.997 nuevos inscriptos entre noviembre de 2023 y marzo de 2025) no refleja una mejora genuina del empleo, sino una estrategia de subsistencia ante la pérdida de trabajo formal".

Finalmente, la implementación de fondos de cese laboral en reemplazo de la indemnización tradicional representa un "claro retroceso en materia de derechos laborales". Este nuevo modelo "traslada el riesgo del despido a los propios trabajadores, cuya compensación queda atada al rendimiento de instrumentos financieros", sin "garantías mínimas ni obligación de equivalencia con el esquema vigente".

El informe concluye que la Ley Bases, junto con la extensa emisión de decretos, ha configurado un panorama de "vaciamiento del rol del Congreso", "desmantelamiento de las funciones del Estado" y una "menor progresividad del sistema tributario argentino", impactando negativamente en la economía y el bienestar social del país, señaló el CEPA.