El Gobierno disuelve Vialidad Nacional: “La corrupción en la obra pública tiene su acta de defunción”

El vocero presidencial Manuel Adorni anunció este lunes que el Gobierno del presidente Javier Milei disolverá Vialidad Nacional, la Comisión Nacional de Tránsito y la Seguridad Vial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. "La corrupción en la obra pública tiene hoy su acta de defunción firmada", sostuvo, tras hacer referencia a la condena de Cristina Kirchner por una causa vinculada a la licitación irregular de obras para rutas.

"De esta manera se reorganizará la Comisión Nacional de Regulación de Transporte que pasará a denominarse Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte y será la autoridad de aplicación en normas y actos administrativos relacionados con la fiscalización de concesiones viales", planteó en declaraciones a los medios en Casa Rosada.

El anuncio se realiza en la cuenta regresiva de las facultades delegadas por el Congreso Nacional para aplicar la Ley Bases, que vence el miércoles 9 de julio.

A su vez, Adorni informó que el Gobierno "dará apertura a la licitación de 9120 kilómetros de ruta que tras décadas de despilfarro y corrupción se vieron degradas como nunca antes en la historia del país".

“La corrupción en la obra pública tiene hoy su acta de defunción firmada", remató el vocero presidencial.

De acuerdo con el anuncio del vocero Adorni, el Gobierno dispuso la disolución de tres organismos que dependen del Ministerio de Transporte: la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).

El decreto presidencial, que será publicado este martes, según adelantó el diario La Nación, establece que las funciones de estudio, construcción, conservación, mejoramiento y modificaciones del sistema troncal de caminos nacionales y sus obras complementarias, que son competencia de la DNV, pasarán a la órbita del Ministerio de Economía, que podrá delegarlas a la jurisdicción que considere pertinente. De hecho, en todas las disposiciones que mencionan a la DNV, de ahora en más, se entenderá que se refieren al Ministerio de Economía o a quien este designe.

Entre los motivos del cierre de Vialidad, en el decreto se menciona una “estructura compleja” con actividades que “no se ajustan a las necesidades actuales de gestión, lo que se refleja en la falta de agilidad en la ejecución de proyectos y altos costos operativos para el Estado Nacional”. El Vocero, además, dijo que se termina “un ícono de la corrupción”.

También habla de una desproporción entre recursos materiales, cantidad de agentes, y personal administrativo y jerárquico frente a los dependientes operativos.

Hay un párrafo que formula el camino que seguramente se elegirá en materia vial. “Se observa una diferencia de eficiencia entre la gestión estatal directa y la concesionada en el mantenimiento vial, sugiriendo que la transferencia de funciones al sector privado podría generar ahorros significativos”. Es decir, las rutas serán privadas.

La otra gran función, la fiscalización y el control de las concesiones viales vigentes y futuras, que anteriormente eran parte de las competencias de Vialidad, serán asignadas a la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte.

Esta nueva estructura, según este esquema, no es ni más ni menos que el resultado de la reorganización de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), un ente de control que desaparecerá a manos de esta agencia. La idea del Gobierno es mantener la condición de ente regulador autárquico para “proteger los derechos de los usuarios”. La reorganización, dice el decreto, intenta “optimizar el desempeño técnico, establecer un organismo específico de fiscalización, reforzar los mecanismos de control y garantizar una administración más eficaz y transparente de los recursos públicos”.

Gendarmería controlaría las rutas

Otro de los organismos disueltos es la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). La mayoría de sus competencias serían transferidas a la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, el organismo que manejará gran parte de las estructuras que desaparecen. Sin embargo, hay un punto que llama la atención. La prevención y control del tránsito en las rutas nacionales y otros espacios del dominio público nacional pasarían exclusivamente a Gendarmería. “La Gendarmería Nacional Argentina tendrá a su cargo la constatación de infracciones de tránsito en rutas, autopistas, semiautopistas nacionales y otros espacios del dominio público nacional”, dice la norma.

El texto facultaría a la Gendarmería a “actuar de manera complementaria con organismos nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en tareas de prevención y control de tránsito, mediante convenios específicos”.

Por otro lado, los recursos derivados de la contribución obligatoria del 1% que todos los asegurados pagan sobre las primas de seguro automotor (que hasta ahora se asignan a la ANSV) irán a la caja del Ministerio de Economía, que podrá destinarlos a otras jurisdicciones o entidades nacionales si estas llevan a cabo alguna de las funciones relacionadas con estos recursos.

Finalmente, se creará la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación se forma mediante la reorganización de la Junta de Seguridad en el Transporte, originalmente creada por la Ley N° 27.514 como un organismo descentralizado en la órbita del entonces Ministerio de Transporte.

Con información del diario La Nación