Causa Alberdi: el juez se aparta y la Justicia federal entra en juego

La causa judicial que investiga el accionar de una presunta organización criminal con operaciones en Juan Bautista Alberdi, al sur de Tucumán, dio un giro determinante: el juez Fabián Rojas, de la Justicia ordinaria provincial, se declaró incompetente y resolvió que el expediente sea tramitado en el fuero federal. El caso, que implica delitos vinculados al narcotráfico y al lavado de activos, continuará en manos del Juzgado Federal N°2, a cargo del fiscal Rafael Vehils Ruiz.

Pese al traspaso de jurisdicción, los imputados permanecerán detenidos con prisión preventiva en el penal de Benjamín Paz.

La investigación se inició el 5 de junio, tras la filtración de un audio telefónico entre el empresario Roque “Chipi” Giménez y el exintendente Luis “Pato” Campos. En la grabación se hacía referencia a un entramado de corrupción con posibles nexos con el narcotráfico, el tráfico de menores y el manejo irregular de fondos públicos.

La difusión del audio encendió las alarmas del Departamento de Inteligencia Criminal y de la Fiscalía Regional del Ministerio Público Fiscal (MPF), que actuaron de oficio.

Inicialmente, se imputó a Giménez por intimidación pública, pero la causa rápidamente se amplió. Se sumaron Pablo Barrionuevo, José Albano Loru, José del Carmen Roldán y José Ignacio Funez, acusados de integrar una asociación ilícita.

A medida que avanzaba la investigación, la fiscal Mónica García de Targa concluyó que los hechos excedían los márgenes del narcomenudeo provincial. El 27 de junio, el auxiliar de fiscal Bernardo Sassi pidió el traspaso al fuero federal. Sin embargo, el juez Rojas rechazó el pedido por cuestiones procesales ligadas a las audiencias de prisión preventiva en curso.

El 2 de julio se celebró una nueva audiencia en la que el MPF reiteró su planteo de incompetencia, señalando que la existencia de investigaciones paralelas —una en la Justicia ordinaria y otra en la federal— ponía en riesgo la integridad procesal de la causa. Un punto crítico fue el rol del imputado Funez, considerado testigo en el expediente federal, lo que podría invalidar su declaración en la causa provincial.

Además, la documentación clave ya estaba en manos de la Justicia federal, lo que dificultaba el acceso desde el fuero provincial. Ambas fiscalías coincidieron en una hipótesis central: en Alberdi operó una estructura destinada al lavado de dinero proveniente del narcotráfico, camuflada bajo contratos de obras públicas.

Finalmente, el 4 de julio, tras la confirmación de las prisiones preventivas, el juez Rojas aceptó el planteo de incompetencia. En su fallo, argumentó que los delitos imputados exceden la competencia provincial fijada por la Ley 26.052, y que en casos de jurisdicciones concurrentes, debe prevalecer la justicia federal.

Con la causa ahora en manos de la Fiscalía Federal N°2, se espera que Vehils Ruiz reactive los pedidos de detención para exfuncionarios y otros actores clave. Entre los nombres que figuran en el expediente están Luis Campos (exintendente), José Roldán (exsecretario de Hacienda), la legisladora Sandra Figueroa y el empresario Giménez. El primer pedido de detención fue rechazado por el juez federal José Manuel Díaz Vélez, pero con el nuevo material probatorio podría haber un cambio de criterio.