El diputado nacional por Tucumán, Roberto Sánchez (UCR), cargó con dureza contra el Gobierno de Osvaldo Jaldo tras la firma de un decreto que autorizó un incremento del crédito presupuestario en $ 35.500 millones para distribuir entre las 93 comunas rurales de toda la provincia, a tres meses de las elecciones de octubre.
“El gobierno está repartiendo dinero para hacer campañas políticas, no para solucionar los problemas de los tucumanos. Esto es una injusticia y una postergación para la provincia, especialmente cuando hay necesidades urgentes que no están siendo atendidas", declaró Sánchez. A través de un comunicado, el parlamentario opositor recordó que “en marzo de 2025 ya había denunciado una transferencia similar de $ 6.300 millones” para las comunas, recursos que según el Gobierno provincial no son de uso no discrecional y se destinan a garantizar el funcionamiento y la prestación de servicios en esas jurisdicciones, bajo monitoreo del Ministerio de Economía.
El diputado radical dijo que estas acciones, junto con la reciente asignación de $ 2.700 millones destinados a publicidad oficial hasta fin de año, “agravan la crisis económica provincial con erogaciones innecesarias, con las que se busca financiar la próxima campaña electoral”.
Y agregó que “esto ocurre, en la misma semana en que el gobierno provincial suspendió las clases debido a la intensa ola polar que afectó a Tucumán”.
Al respecto, el diputado Roberto Sánchez señaló las deficiencias en la infraestructura escolar como “un reflejo de las prioridades del Gobierno”. Según el dirigente opositor, la suspensión, justificada por las bajas temperaturas, puso en evidencia las malas condiciones de numerosas escuelas, muchas sin calefacción ni infraestructura adecuada para enfrentar el clima. "Así se ve con claridad las prioridades de este gobierno", apuntó Sánchez, en alusión a la falta de inversión en los edificios escolares.
Para finalizar, recordó que esta controversia “se suma a recientes investigaciones de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) sobre posibles desvíos de fondos en municipios tucumanos, como Banda del Río Salí, Famailla, Lules y Monteros, donde se detectaron extracciones millonarias sin justificación, con montos que superan los $ 40.000 millones”.