La Caja niega una deuda por $ 3.300 millones con el SIPROSA y le apunta al presidente del Tribunal de Cuentas

El interventor de la Caja Popular de Ahorros de la Provincia (CPA), José Díaz, rechazó las actuaciones que lleva adelante el Tribunal de Cuentas (TC), que le inició un juicio de responsabilidad por presuntas irregularidades en el área de juegos de la entidad, que derivaron en una deuda por más de $ 3.300 millones con el Sistema Provincial de Salud (SIPROSA). “Esas cifras son una falsedad absoluta y fueron determinadas de una manera arbitraria, con una intencionalidad. Por este motivo, presentamos una denuncia penal por falsificación ideológica y abuso de autoridad contra las autoridades del Tribunal de Cuentas”, explicó el funcionario en diálogo con TDN.

Según Díaz, el origen de todas las actuaciones que viene realizando el TC en los últimos meses sobre presuntas irregularidades en la CPA tienen como origen una “enemistad manifiesta” por parte del presidente del organismo de control, Miguel Chaibén Terraf, contra su gestión. Explicó que todo comenzó en 2018, cuando asumió al frente de la CPA y denunció a dos empleados de la institución y a un asesor letrado del TC, Estaban González, que es Yerno de Terraf, por presuntas irregularidades en el manejo de fondos del Hipódromo. “Desde entonces, comenzó una persecución de Terraf contra esta intervención de la CPA, cuando él debería apartarse en todas las actuaciones contra la entidad por esos antecedentes, incluido en este tema de la auditoría por los fondos para el SIPROSA”, señaló.

En junio último, el TC ordenó iniciar un juicio administrativo contra Díaz por una deuda por más de $ 3.300 millones que la Caja mantiene con el SIPROSA por la falta de envío de fondos entre 2020 y 2023 correspondientes al 25% de la recaudación de los juegos que administra la institución y que, por ley, deben destinarse a financiar la salud pública.

Díaz aseguró que “esos números no solamente no son ciertos, sino que son una falsedad, porque hay una voluntad de expresarlo de esa manera, de mentir, cuando en realidad la CPA no solamente pagó la totalidad de los fondos que corresponde transferir por ley, sino que envió aún más recursos de los que la Caja le debía transferir al SIPROSA”.

En este sentido, informó que “la CPA aportó al SIPROSA más de $ 588 millones y eso ya fue pagado, según está en los expedientes, ni bien terminó el balance”. Y agregó: “Ese de público y notorio todo el aporte que la CPA le hizo al SIPROSA en la pandemia, muy por encima de los montos que la entidad está obligada a aportar, cuando, por ley, indica que debe transferir un porcentaje de la recaudación del Departamento de Juegos, utilizando una fórmula establecida en esa norma, y lo único que no se computa son los sueldos. Es imposible que el monto sea de $ 3.300 millones como dice el Tribunal de Cuentas”, insistió. Sobre el mismo punto, recordó que la normativa vigente prevé la transferencia de $ 400 mil mensuales de la CPA al SIPROSA y otro artículo establece una liquidación en porcentaje a la recaudación del juego. “Ese monto se va calculando mes a mes y va variando en base a la recaudación, pero se liquida cuando se cierra el balance al final del ejercicio fiscal, después de restar gastos indirectos, comisiones de concesiones de quiniela, descuento de premios y de impuestos, por lo que el monto varía todos los años, con lo que es imposible ese cálculo que realiza el Tribunal de Cuentas. Eso siempre se pagó y nunca hubo un retraso”, recalcó.

Por otro lado, el interventor de la entidad crediticia advirtió que “todos los balances de la CPA pasan por controles de la Contaduría General de la Provincia, por la Auditoría de la Provincia y el Tribunal de Cuentas para que se hagan las observaciones, pero nunca hubo ningún problema, hasta ahora, después de cuatro años”. A continuación, afirmó que “la CPA está sometida a cuatro organismos de control, como el Banco Central de la República Argentina, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, la Superintendencia de Seguro Social de la Nación y el Tribunal de Cuentas, es decir que tiene sus balances con auditorías externa y todos los números están en orden”.

Díaz aseguró que hay un abuso de autoridad por parte de TC. “La Ley que ampara al TC no brinda la posibilidad de presentar un recurso de apelación objetando su actuación, sino que se le da plena potestad porque es órgano de asesoramiento, órgano de control preventivo, órgano de control posterior y después el encargado de juzgar”, graficó. Y arremetió contra el titular del organismo: “Terraf no debería firmar ningún acuerdo en actuaciones contra la CPA porque tiene una enemistad manifiesta, pero no lo hace y sigue avanzando cada vez que se mueve la causa penal que presentamos nosotros”, concluyó.