Impulsan el concurso público y un estricto marco normativo para quienes se desempeñen en la Junta Electoral de Tucumán

La legisladora radical Silvia Elías de Pérez (foto inferior) presentó un proyecto de ley con el objetivo de establecer un riguroso proceso de concurso público para el ingreso y promoción del personal de la Junta Electoral Provincial (JEP) de Tucumán, acompañado por las firmas de Claudio Viña, Evangelina Nievas y José Cano. La iniciativa no solo apunta a reemplazar el actual sistema discrecional por uno basado en la idoneidad y el mérito, sino que también establece un marco regulatorio y normativo estricto para el desempeño dentro de la entidad.

En sus fundamentos, el proyecto subraya la necesidad de cumplir con el Artículo 16 de la Constitución Nacional, que garantiza la igualdad ante la ley y el acceso a los empleos públicos por idoneidad. "El propósito de este proyecto de ley es establecer un procedimiento de selección mediante concurso público para acceder a la Junta Electoral Provincial," reza el texto, aludiendo a que el organismo es "un órgano clave dentro de la estructura institucional de Tucumán, ya que tiene la responsabilidad de planificar, organizar y ejecutar los procesos electorales".

La iniciativa es especialmente detallada en los requisitos y las exclusiones para formar parte de la JEP, buscando blindar a la institución de influencias políticas y conflictos de interés.

Entre los puntos más destacados, la norma propone que para el ingreso a la planta permanente, la JEP deberá:

• Garantizar los principios de "igualdad, idoneidad, capacidad, transparencia y publicidad" en todos los procedimientos.

• Llamar a concurso público abierto para el ingreso, y cerrado para la promoción, siempre comenzando por la categoría inicial.

El proyecto también establece una serie de restricciones taxativas para evitar la incorporación de personal no apto o con conflictos de interés. No podrán formar parte del personal de la JEP:

• Los parientes consanguíneos y afines hasta el tercer grado, ni los convivientes de una extensa lista de funcionarios, incluyendo Vocales de la Corte Suprema, Gobernador, Ministros, Legisladores, Intendentes, entre otros. Esta disposición busca erradicar de raíz las prácticas nepotistas.

• Los afiliados a partidos políticos con una antelación de dos (2) años anteriores al llamado a concurso.

• Los exonerados y cesanteados de la administración pública, procesados o condenados por delitos dolosos, o concursados e inhibidos por deudas.

• Titulares de gremios de personal del Estado y toda persona cuya postulación plantee cuestiones de conflicto de interés.

Transparencia como eje de la gestión

La iniciativa hace especial hincapié en la transparencia y la publicidad de los actos. Los artículos 10 y 11 obligan a la JEP a utilizar sus sitios de internet para publicar de forma obligatoria, accesible y gratuita, toda la información relativa al personal (permanente, transitorio y contratado), llamados a concursos, ascensos y capacitaciones. También deberán publicar la estructura orgánica, el marco normativo y las funciones y atribuciones de cada unidad.

Elías de Pérez enfatizó en los fundamentos que la propuesta busca "dejar atrás prácticas discrecionales, clientelares y nepotistas que debilitan la credibilidad institucional" y argumentó: "Sostenemos que la idoneidad y el mérito deben ser los pilares sobre los cuales se construya una Administración Pública eficiente, moderna y confiable. Solo así es posible consolidar instituciones al servicio del interés general, independientes de presiones coyunturales y compromisos políticos."

De aprobarse el proyecto en la Cámara, la JEP tendrá un plazo de 90 días para reglamentar la integración del Tribunal Evaluador, sus condiciones, atribuciones y un régimen de impugnaciones, garantizando siempre los principios de igualdad, idoneidad y transparencia.