TRANSPORTE
Comienza la reducción del servicio de colectivos y crece el conflicto con el municipio
Desde este martes, las empresas nucleadas en AETAT aplicarán un recorte en la frecuencia de los colectivos y suspensiones rotativas de choferes. La Municipalidad advirtió que habrá sanciones si se afecta la prestación del servicio.
La crisis del transporte público en Tucumán volvió a tensar la relación entre las empresas y el Municipio de San Miguel de Tucumán. Desde este martes, la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT) anunció una reducción del servicio y la suspensión rotativa de 150 choferes, medida que justifican como una respuesta “límite” ante la situación económica del sector.
El vicepresidente de AETAT, Jorge Berreta, confirmó que las suspensiones alcanzarán inicialmente a 150 trabajadores, aunque el número podría aumentar si no se logra un acuerdo con las autoridades. Desde la entidad señalan que la caída de los subsidios y el aumento de los costos de combustible ponen en riesgo la sustentabilidad del sistema. En tanto, el gremio de la UTA permanece en estado de alerta y analiza posibles medidas de fuerza si se afectan los salarios.
Por su parte, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, a través de la secretaria de Gobierno Camila Giuliano, rechazó las decisiones empresariales y advirtió que podrían aplicarse sanciones si las líneas reducen la frecuencia sin autorización. El municipio recordó que las empresas no pueden suspender el servicio sin aviso formal, y ratificó que se realizarán controles para garantizar el cumplimiento de los recorridos habituales.
El conflicto se profundizó luego de que AETAT solicitara al municipio la implementación de un nuevo sistema de pago por kilómetro recorrido, con un subsidio estimado en $2.000 millones mensuales, similar al modelo aplicado en Córdoba. Sin embargo, la comuna rechazó el pedido y calificó la maniobra de los empresarios como una actitud “extorsiva”. Mientras tanto, los usuarios deberán enfrentar una semana marcada por la incertidumbre en la frecuencia de los colectivos y un nuevo capítulo en la disputa entre el sector privado y el Estado.
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