Empresarios contra el IPLA: “El canon y las multas están fundiendo a los pequeños comerciantes”, afirmó la abogada patrocinante

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán puso fin a una disputa entre las Salas II y III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y declaró que este fuero es el competente para tratar la demanda presentada por empresarios de salones de fiesta y entretenimientos contra el Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA).

Los demandantes —entre ellos Cristhian Osvaldo Arancibia, Sebastián Darío Molina, Héctor Sebastián Valdez, José Oscar Chavarría, Héctor Fabián Parrado, Tucumán Entretenimientos SRL, Eva Carolina De Haro Hohl, Sara Lía Acosta, José María Escobar, Antonio Zapulla y Daniel Andrés Argente— están representados por la abogada Constanza Bauque, quien en diálogo con Tendencia de Noticias explicó que “la Cámara en lo Contencioso tiene la obligación de resolver nuestro amparo”. Recordó que antes ninguna de las salas quería intervenir, pero ahora “la Corte dejó en claro que la competencia está definida y eso beneficia a todos los comerciantes que iniciaron acciones en este ámbito”.

La abogada sostuvo que este pronunciamiento despeja incertidumbres ya que “no hay un rechazo prima facie de la acción, lo cual ya es un montón”. Agregó que “la Corte ya leyó nuestra causa y ahora solo resta que la Cámara determine el alcance del pedido”, lo que a su criterio representa “un avance enorme para todos los comerciantes involucrados”.

También precisó que la acción en trámite no tiene carácter colectivo y que “el fallo que se dicte solo beneficiará o perjudicará a quienes firmen el amparo”. Aclaró que a diferencia de un amparo colectivo, como los que se dan en casos de contaminación ambiental, en esta causa “la resolución no se extenderá automáticamente a todos los contribuyentes del tributo de IPLA”.

La abogada Constanza Bauque.

En relación con el impacto económico de las sanciones y del canon, Bauque afirmó que “tanto el canon anual como las multas afectan a todos los que expenden bebidas alcohólicas, no solo a los salones de fiesta”. Indicó que hoteles, bares, restaurantes, supermercados y hostels deben afrontar montos que calificó como exorbitantes y recordó que “el mínimo es de 1,8 millones de pesos, lo que equivale al costo de un año escolar para un hijo, según me comentó un comerciante”.

Advirtió además que “los productores de alcohol están exentos de este tributo, mientras lo paga el pequeño comerciante”. Sostuvo que esta situación “los está destruyendo” porque “los persiguen hasta que los hacen cerrar, mientras las grandes embotelladoras no realizan ningún aporte”.

Finalmente cuestionó que el organismo no devuelva nada a la comunidad. Señaló que “no existen políticas claras contra el alcoholismo, solo algunos cursos o charlas aisladas”, mientras que “el IPLA sigue recaudando millones con un sistema que asfixia al trabajador que apenas intenta sostener un pequeño negocio”.

En la demanda, los empresarios persiguen la declaración de inconstitucionalidad del decreto que mantiene la intervención del IPLA, la nulidad de resoluciones y actos del organismo, la devolución de pagos que consideran ilegítimos y el levantamiento de clausuras. También solicitaron medidas cautelares para frenar sanciones y cobros compulsivos.

“El IPLA está intervenido hace 25 años, cuando su propio estatuto establece un plazo máximo de tres meses. No rinde cuentas ni cumple su función original de luchar contra el alcoholismo. Mientras tanto recauda miles de millones con cánones y multas”, resumió Julio Heredia, otro de los accionantes.