Acevedo quedará a cargo del Ejecutivo desde el 26 de septiembre hasta después de las elecciones

El gobernador Osvaldo Jaldo confirmó este viernes que se tomará licencia de su cargo a partir del próximo 26 de septiembre, exactamente un mes antes de los comicios del 26 de octubre, cuando se presentará como candidato testimonial a diputado nacional por el oficialista frente Tucumán Primero.

“No me voy a tomar licencia solo por ser candidato, sino porque quiero ponerme al frente de la campaña”, dijo el mandatario, quien además descartó que el vicegobernador Miguel Acevedo siga el mismo camino, a pesar de que también figura como candidato suplente.

“Treinta días antes de las elecciones me tomaré licencia, a partir del viernes 26. Va a quedar a cargo el vicegobernador Miguel Acevedo”, anunció el mandatario peronista conferencia de prensa.

Acevedo, por su parte, ya había adelantado en el programa El Matutino (Canal 8), que no tenía pensado tomarse licencia, por considerar que su presencia en la lista del oficialismo como tercer suplente “es algo simbólico”.

Con esta definición, quedó descartada la posibilidad de que sea el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla quien quede al frente del Poder Ejecutivo hasta después de los comicios, alternativa que había recibido cuestionamientos de algunos sectores de la oposición.

Desde hace varias semanas Jaldo intensificó su presencia en actos proselitistas del peronismo, que en octubre buscará al menos retener las dos bancas que pondrá en juego y que hoy ocupan Agustín Fernández y Elia Fernández de Mansilla, quien buscará la reelección.

Este jueves por la noche, durante un acto oficial en La Cocha, volvió a vestirse con traje de candidato y llamó a respaldar el modelo de gestión peronista, al que contrastó con el Gobierno nacional. “El 26 hay que ganar las elecciones, hay que poner a Tucumán primero. Queremos un Estado presente, en salud, educación y seguridad”, expresó.

Una estrategia repetida

Esta será la quinta vez en la que el gobernador Jaldo se presenta como candidato en una elección sin intención de asumir ese espacio en caso de que así lo disponga la voluntad popular.

Su primera postulación testimonial fue en 2007, cuando fue electo legislador provincial, pero renunció para asumir como ministro del Interior en la gestión de José Alperovich. Dos años después, en 2009, repitió la maniobra: ganó como diputado nacional, pero dejó vacante esa banca para volver al mismo cargo en el Ejecutivo Provincial. Dos años más tarde, en 2011, tras resultar electo legislador provincial, renunció una vez más para regresar al gabinete provincial.

En 2013 volvió a ganar como diputado nacional, pero directamente no asumió la banca y se quedó en Tucumán al frente del Ministerio del Interior hasta el final del ciclo alperovichista.

Es un hecho que, de resultar electo en octubre, Jaldo seguirá al frente del Ejecutivo Provincial, lo que configura para la oposición “una nueva estafa al electorado”, tal como lo plantearon desde Unidos por Tucumán, el frente que lidera el radical Roberto Sánchez, cuando impugnó judicialmente la candidatura del gobernador.

Finalmente, la justica rechazó en doble instancia ese planteo opositor, por considerar que la presentación fue extemporánea.

Aval judicial

Esta semana, la Cámara Nacional Electoral (CNE) rechazó la queja presentada por los apoderados de Unidos por Tucumán para que se declare la inconstitucionalidad de la candidatura de Jaldo. El juez de primera instancia ya había desestimado el recurso inicial, lo que llevó a los apoderados a presentar una queja ante la CNE.

El tribunal, integrado por los jueces Daniel Bejas y Santiago Corcuera, entendió que los planteos fueron extemporáneos, ya que no se presentaron en el momento correspondiente al registro de candidaturas. Además, advirtieron que admitirlos en esta instancia afectaría el cronograma electoral, en particular la impresión y distribución de boletas.

En los fundamentos, se remarcó: “Frente al interés particular de quien impugna debe priorizarse el interés político general, que exige asegurar las condiciones para que el electorado pueda expresarse en tiempo propio”.

El juez Alberto Dalla Vía votó en disidencia al considerar que el recurso debió haberse concedido y que la justicia electoral debe garantizar el “debido proceso electoral” como principio esencial de la democracia.