El deporte en la Provincia: aval a un DNU que redefine prioridades ante críticas por la ausencia de políticas sólidas

En una sesión marcada por el consenso final pero cargada de matices críticos, la Legislatura de Tucumán validó unánimemente el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) impulsado por el gobernador Osvaldo Jaldo, que transfiere las competencias deportivas del Ministerio de Educación al Ministerio del Interior. El debate giró en torno a la promesa de una articulación más eficiente con municipios y comunas, la denuncia de inexistentes políticas de Estado en la materia, el reconocimiento al trabajo provincial en actividades deportivas, las acerbas críticas a la recurrente utilización de DNU por parte del Ejecutivo y la imperiosa necesidad de descomprimir las sobrecargadas tareas educativas, todo ello en un contexto de preocupación por el financiamiento y la inclusión social de los jóvenes.

En el recinto legislativo, el debate se desplegó con una complejidad que reflejó no solo las virtudes pretendidas del proyecto, sino también sus sombras estructurales, articulando un mosaico de voces que oscilaban entre el respaldo pragmático y la advertencia analítica. Mario Leito, legislador oficialista y vicepresidente de la Comisión de Deportes (foto inferior), abrió el intercambio con una defensa detallada de la iniciativa, subrayando la necesidad de una "articulación mucho más eficiente de la que se venía haciendo con el Ministerio de Educación", gracias a la "estructura del Ministerio del Interior y la cercanía con los 19 municipios más las 93 comunas", lo que facilitaría "una política de Estado que debe llevarse adelante por parte del Poder Ejecutivo". En su alocución, Leito evocó el rol preventivo del deporte frente a las adicciones y la marginalidad juvenil, insistiendo en que "los jóvenes deben estar estudiando o deben estar haciendo deporte para evitar un chico menos en la calle", y lamentó la desaparición de "política de Estado en donde se podía llegar con pequeñas pero importantes obras" a clubes barriales, posicionando la transferencia como un mecanismo para "sostener, tener cercanía y programas deportivos". Su intervención anticipó el acompañamiento a la sanción del DNU, reconociendo el trabajo impulsado desde el gobierno provincial en actividades deportivas, aunque sin eludir la urgencia de ordenar esfuerzos dispersos.

José Cano, desde la oposición, alineó su discurso con la premisa de una política de Estado en el deporte, pero con un matiz crítico que aterrizó en la realidad concreta: "sin ningún lugar a duda que tiene que haber política de Estado en materia del área de deporte", aunque "cambiando de nombre o cambiando de ministerio las cosas no se van a modificar porque no hay política de Estado". El radical, con ánimo constructivo pero incisivo, recordó el apoyo legislativo a deportistas de élite que, provenientes de familia de clase media baja, dependen de "redes sociales, poniendo el CBU para recibir donaciones, haciendo rifas para poder representar a la provincia", por lo que advirtió de lo "inadmisible" de tal situación. Denunció vacíos en el decreto respecto a "promover y coordinar y fomentar la investigación científica y la asistencia médica especializada en la actividad deportiva", así como en la "capacitación de los recursos humanos", pese a la excelencia de la Facultad de Educación Física de Tucumán. Alertó sobre un presupuesto a la Secretaría de Deportes de "$1100 millones donde la más de la mitad se ejecuta en sueldos", dejando "muy poco" para ejecución efectiva, y, aunque votaría favorablemente, instó a una "hoja de ruta ejecutiva para revertir esta situación que a todos nos preocupa", al tiempo de recordar que presentó su propio proyecto para otorgar 350 becas deportivas como una manera de contrapeso ante las necesidades expuestas.

Ricardo Bussi, presidente de la Comisión de Deportes, intervino destacando el acompañamiento legislativo a deportistas "e incluso financieramente para que puedan acudir a campeonatos tanto nacionales como internacionales", extendiendo el respaldo "desde nuestro propio peculio". Su breve pero enfático aporte subrayó el interés particular de la comisión en garantizar "el financiamiento necesario para poder acudir a esos campeonatos".

La peronista Adriana Najar, por su parte, enlazó la aprobación con iniciativas previas, recordando su proyecto para "fortalecer y volver a los juegos intercolegiales", inspirado en encuentros de centros de estudiantes, que preveía etapas "local, municipal y comunal, luego una regional y la etapa provincial". Celebró el decreto como un medio para promover "una verdadera práctica deportiva donde el compañerismo, la inclusión social entre los y las adolescentes de nivel secundario evite la deserción y fomente valores", alineándose con Leito al afirmar que "con esta iniciativa no dudo que ellos van a tener una participación activa en cada uno de sus lugares", reconociendo el rol del gobierno provincial en preservar el deporte.

Formación

Leito replicó en una segunda intervención, distinguiendo "alta competencia" de "deporte social" y defendiendo el "apoyo tremendo por parte del Estado" provincial, "tal vez de manera desordenada pero que la tiene", visible en el paso de deportistas por la Legislatura y en delegados comunales que "se hacen cargo de la parte del deporte en sus jurisdicciones". Insistió en "luchar por un presupuesto más importante para la Secretaría" y ordenar esfuerzos, rechazando que "el gobierno de la provincia haya desatendido" el área, y resaltando el sostenimiento de disciplinas como "ayuda al vóley al básquet de la alta competencia".

Francisco Serra fundamentó su voto positivo desde la experiencia en instituciones como Social Monteros y Club Ñuñorco, lamentando campeonatos "deficitarios de torneos mal estructurados" que convierten estos logros provinciales "en castigo por la falta de estructura federal". "Cómo no vamos a necesitar la ayuda del Estado para que aquellas instituciones donde esos jóvenes se vienen a formar, tengan la posibilidad de llegar a un nivel más alto", posicionando la aprobación del DNU como "casi una obligación para formar a nuestros jóvenes".

Su par de bancada, Carlos Gómez, como ex comisionado comunal de Manuela Pedraza (Simoca), validó la reestructuración al afirmar que en las comunas ya se gestiona el deporte y la cultura bajo la órbita del Ministerio del Interior, aclarando que "no va a influir tanto la parte presupuestaria ya que el Ministerio viene trabajando fuerte y utilizando fondos existentes". Enfatizó que el cambio (de Educación a Interior) permitiría "un mejor funcionamiento y más direccionado que lo que había actualmente", y elogió el rol legislativo en financiar deportistas "que no están dentro de la órbita de lo que es la federación de deportes".

Raquel Nievas (Trabajando por Tucumán) apoyó el DNU por su potencial para "aumentar la interacción territorial" y defender "el interior profundo de Tucumán", pero cuestionó la urgencia: "¿qué catástrofe impactó a la provincia para usar un DNU para el deporte?". Exigió detalles del presupuesto de la Secretaría y propuso un "seguimiento semestral o cada tres meses a través de la Legislatura para evaluar objetivos claros" en el uso de esos fondos".

Roles institucionales

Claudio Viña (Compromiso por Tucumán) en una crítica más vehemente, denunció la "invasión de los DNU" —ocho en 2025, seis en 2024— que transforma a la Legislatura en "una fotocopiadora de la Casa de Gobierno", quitándole el rol deliberativo: "no podemos hacerle siquiera modificaciones o adecuaciones durante el trabajo de comisiones". Invocó la doctrina argentina sobre los DNU, que exige "circunstancias excepcionales en situaciones de emergencia", y cuestionó la urgencia de transferir deportes de Educación —que "no compra pizarrones para la escuela menos iba a comprar zapatillas y pelotas"— a Interior, posiblemente para "utilice el área de manera política", cuestionó. Aunque acompañó la medida ante la postergación en materia educativa, rechazó la exacerbación de la "emergencia en un cuerpo tan dócil como le ha tocado al gobernador Jaldo", ironizó.

Roque Álvarez, presidente de la bancada oficialista, al cerrar el debate, respaldó el DNU en su momento — "pues fue enviado durante sesiones extraordinarias"— y lo vio como base para "fortificar y relanzar la actividad deportiva y recreativa", legislando "potencialmente para todos aquellos que están en edad de iniciar la sana práctica del deporte". Destacó la complementariedad del Ministerio del Interior con "todas las comunas y municipios porque ahí no hay horario escolar", y llamó a fortalecerla con acciones legislativas propias, como en investigación científica y asistencia médica, así como en capacitación y convenios, incluyendo proyectos para bicisendas. Concluyó celebrando "un Estado presente, no omnipresente como pudo haber sido el Ministerio de Educación, y adelantó el voto positivo del PJ.

La aprobación unánime, en este tapiz de argumentos entrelazados, no solo ratificó la transferencia sino que expuso las tensiones entre eficiencia administrativa y la demanda de una visión estratégica en el deporte tucumano, en un año signado por la proliferación de DNU que, para algunos, erosionan el equilibrio de poderes.