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FESTEJA EL GOBIERNO

Con el apoyo de seis diputados tucumanos, Milei logró sostener su veto a la ley de financiamiento universitario

Los votos de seis diputados tucumanos, entre ellos los tres que le responden al gobernador Osvaldo Jaldo, resultaron claves para que el oficialismo consiga 84 voluntades que inclinaron la balanza a favor del rechazo a la ley que otorgaba más fondos para salarios y funcionamiento de las universidades.

Por Tendencia de noticias

09 oct, 2024 03:37 p. m. Actualizado: 09 oct, 2024 04:29 p. m. AR
Con el apoyo de seis diputados tucumanos, Milei logró sostener su veto a la ley de financiamiento universitario

 

El presidente Javier Milei consiguió una victoria clave en el Congreso de la Nación, donde quedó firme el veto a la ley de financiamiento universitario, que actualizaba salarios de docentes y no docentes por inflación y que el Gobierno había rechazado con el argumento de que ponía en riesgo el equilibrio fiscal en el que se sustenta su plan económico.


Tras varias semanas de tensiones con sus aliados y negociaciones frenéticas con gremios y gobernadores, los libertarios sumaron 84 votos en defensa del veto, mientras que la oposición apenas pudo sumar 164 para insistir con el proyecto original. Dado que la Cámara de Diputados necesita de dos tercios de los presentes para rechazar un veto presidencial, las ausencias y las abstenciones jugaron un papel clave para sostener la decisión de Milei.


En la votación, resultaron claves los votos de seis diputados nacionales por Tucumán que se pronunciaron a favor de sostener el veto presidencial. Se trata de los peronistas Agustín Fernández, Gladys Medina y Elia Fernández, del Bloque Independencia, quienes responden al gobernador Osvaldo Jaldo, de buena relación con la gestión de Milei; Mariano Campero (hoy más cerca de La Libertad Alianza que de la UCR, donde fue suspendida su ficha de afiliación), la diputada Paula Omodeo (CREO) y Gerardo Huesen (Fuerza Republicana-La Libertad Avanza).


En cambio, votaron a favor del proyecto original, que asignaba más recursos para las universidades, los kirchneristas Pablo Yedlin y Carlos Cisneros, y el diputado radical Roberto Sánchez.


Cuando el triunfo parlamentario del oficialismo ya era un hecho casi consumado, el peronista Miguel Ángel Pichetto lanzó una advertencia contra el Gobierno. “Creen que ganan, pero en realidad pierden. Acaban de consolidar el partido del bloqueo y la minoría. Para este momento ya deberían haber conformado una mayoría parlamentaria sobre la base del diálogo, del consenso de ideas, pero lo que hay es una apuesta a la confrontación, a consolidar el conflicto y a ganar batallas que en el fondo pierden”, arremetió.


Por su parte, el titular de la bancada radical, Rodrigo de Loredo, acusó al Poder Ejecutivo de “desprestigiar” a las universidades para su uso político. “No hay una sola propuesta vinculada a las reformas que necesitan nuestras universidades para mejorar lo que ya funciona. Lo único que estamos discutiendo es un ajuste. Estamos discutiendo el tamaño del ajuste, que es necesario para estabilizar a la Argentina, pero por qué han escogido arteramente que para las universidades sea un 20% superior al resto de la administración pública”. Y concluyó: “Esta decisión de desfinanciamiento esconde una voluntad política que me gustaría que lo pongan sobre la mesa”.


En representación del bloque kirchnerista de Unión por la Patria, Germán Martínez aclaró que su bancada defiende la universidad pública. A lo largo de su intervención en el recinto retrucó el argumento de que “no hay plata” del Gobierno: “Para los espías de Santiago Caputo sí hay plata, pero para las universidades públicas no”, marcó.


En cambio, el diputado José Luis Espert, de LLA, habló de las universidades como “un kiosco” y remarcó: “El informe de auditoría más reciente es del año 2006 y es sobre el año 2004. Hace 20 años que la Universidad de Buenos Aires (UBA) le debe una rendición de cuentas, en particular a aquellos que no pueden estudiar porque son pobres”. No obstante, aclaró: “Estamos muy lejos de querer terminar con la universidad pública”.


Lo mismo destacó Mercedes Llano, del oficialismo. “No está en discusión la educación pública, sino los mecanismos de actualización salarial de los docentes”, señaló. “La universidad pública no es propiedad de ninguna expresión partidaria. Es innegable la necesidad de recomponer los salarios docentes, pero no hay crédito disponible para solventar un gasto que está significativamente por encima de los empleados de la administración pública”, concluyó.


Lourdes Arrieta, que integró hasta el mes pasado el bloque de La Libertad Avanza (LLA), votó en contra del veto de Milei. “Lo público no es tan público. Quería reflexionar acerca de este debate sin sentido para pensar dónde realmente va el dinero: si va al estudiante, que estudia en el piso o con baños hacinados; o va para ellos o muchos rectores que son amigos del poder de turno. Quiero reafirmar mi compromiso hacia todos los estudiantes que nunca van a poder acceder a la universidad pública. Están financiando a los ñoquis, trolls, a la SIDE, por eso la universidad pública no tiene que ser un debate, aunque sí las auditorías para ver si va a los estudiantes o a los rectores”, planteó la mendocina.


En tanto, la cordobesa Alejandra Torres, aliada de Martín Llaryora, y Jorge Ávila, de Chubut, aliado del gobernador Ignacio Torres, no estuvieron el recinto “por cuestiones de salud”, lo cual resultó clave para sostener el veto.

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