La puerta giratoria sí existe: se busca fiscal que le ponga llave

Esta semana asistimos a una nueva función del show político tucumano: peleas por redes sociales, acusaciones cruzadas, chicanas efímeras y un clima que muchas veces termina, puertas adentro, en abrazos y sonrisas. Una dinámica que banaliza la discusión pública y desdibuja para qué está cada uno en los lugares de poder.

En ese escenario, la legisladora Silvia Elías de Pérez encendió un foco de atención en redes al preguntar por el destino de los fondos que el Gobierno provincial destina a comunas y municipios, justo en la antesala del tratamiento del Presupuesto 2026 en la Legislatura y por las respuestas e inivtaciones del Ministro del Interior, Dario Monteros. Su planteo no fue menor: el proyecto enviado por el gobernador Osvaldo Jaldo y su ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, prevé $58.293.000.000 (cincuenta y ocho mil doscientos noventa y tres millones de pesos) para ese fin, sin detallar (al menos en el documento oficial) cómo se distribuirá ni qué acciones se ejecutarán con semejante volumen de recursos.

El propio Jaldo respondió tildando la acusación de “falso de falsedad absoluta”. Sin embargo, la página 46 del presupuesto, al cual accedió Tendencia de Noticias, incluye sólo el monto global, sin especificar criterios de reparto, destino, obras o programas concretos. El interrogante de la legisladora, por tanto, dista de ser infundado.

Y para entender por qué, basta con repasar algunos de los recientes fallos y resoluciones del Tribunal de Cuentas. Día de por medio, el organismo exige rendiciones, formula cargos fiscales o advierte irregularidades en comunas rurales.

Muchas investigaciones siguen abiertas y otras, directamente, no avanzan. De allí el sentido de este título: se busca fiscal. Un fiscal que tome estos expedientes, pida la información que corresponde y haga lo que el sistema espera de él: investigar.

DESAYUNO DE TRABAJO: Jaldo junto a Delegados comunales.-

Un repaso necesario

A modo de contribución, aquí algunos casos publicados por este diario durante el año. Sólo una selección para facilitarle el trabajo al fiscal que todavía no aparece:

94 juicios de cuentas en comunas rurales

En septiembre informamos que el Tribunal de Cuentas había sustanciado 94 juicios por irregularidades por un total de $917,6 millones, con faltas que se remontan a 2016 y responsabilizando a funcionarios comunales.

• Villa de Leales: en abril, el exdelegado Ángel Héctor Brito fue declarado patrimonialmente responsable por la falta de rendición de gastos de 2023: deberá devolver más de $106 millones. La sanción también alcanzó a la exsecretaria habilitada, María Andrea Contreras.

• Las Cejas: quizás el caso más emblemático. La delegada Cristina Mabel Contreras enfrentará un juicio oral el próximo año por retención ilegal de haberes a empleados comunales y otras irregularidades. Las denuncias incluyen el presunto uso de fondos públicos para la construcción de una vivienda. Este diario publicó mensajes que comprometen directamente a su entorno.

• Sargento Moya y Choromoro: en noviembre, el TC formuló cargos fiscales por más de $30 millones a autoridades de ambas comunas por incumplimientos en la rendición de fondos entre 2020 y 2023.

• San Andrés: el 12 de noviembre, el Tribunal declaró responsables al comisionado Félix Ramón Paz y al secretario habilitado Miguel Ángel Brito, quienes deberán devolver más de $46 millones por gastos observados del cuarto bimestre de 2021.

• Los Sosa: el TC impuso cargos por $67.134.189,10 al comisionado José “Pepilo” Albarracín y al exsecretario habilitado Ramón Soria por faltas de 2018. No es el único antecedente: en años anteriores hubo advertencias e incluso pedidos de investigación por la presunta venta irregular de terrenos destinados a viviendas sociales. ¿Se investigó?: nada indica que sí.

• El Manantial: esta semana se confirmó una de las sanciones más severas de los últimos años: el exdelegado Juan Carlos Bernard —hoy subsecretario de Comercio Interior— y su exsecretario habilitado deberán responder por más de $142 millones por falta de rendición del sexto bimestre de 2020.

Las calles sin asfaltar, las cloacas que nunca llegan y los servicios básicos que siguen siendo promesas incumplidas son la radiografía más cruda de una realidad que se repite en demasiadas comunas tucumanas. No se trata sólo de falta de gestión: es la evidencia de un sistema que naturalizó la precariedad como forma de gobierno.

El artículo 3 de la Ley 7.350 no deja lugar a dudas: las comunas rurales tienen la obligación de urbanizar, garantizar salubridad, promover cultura, proteger el ambiente y asegurar bienestar. Pero en la práctica, muchas de ellas se reducen a una estructura mínima que administra recursos sin planificación, sin control y, en muchos casos, sin rendición.

La continuidad política, más allá de los nombres, ha sido la constante. Décadas de administración bajo el mismo signo partidario no se tradujeron en progreso ni en infraestructura. Por el contrario, consolidaron una red de poder local donde la obra pública se convierte en herramienta de clientelismo y no en motor de desarrollo.

Cuando la institucionalidad se debilita, el ciudadano queda solo. Sin caminos, sin agua, sin justicia. Y mientras tanto, los expedientes duermen, los informes se acumulan y los responsables encuentran refugio en nuevos cargos.

La puerta giratoria existe. Pero no es sólo la del sistema judicial: también gira en la política, en la administración y en la conciencia colectiva. Y hasta que no haya un fiscal que la cierre, un juez que la trabe o una sociedad que la empuje desde afuera, seguirá girando.

Porque en definitiva, la verdadera rendición de cuentas no está en los papeles del Tribunal, sino en la vida cotidiana de los vecinos. Ellos son los que pagan, con barro, con enfermedad y con resignación, el precio de una impunidad que ya lleva demasiados años.

 FIN DE LA CAMPAÑA: los Delegados Comunales junto al Gobernador Jaldo y su Ministro del Interior, Dario Monteros.-