Sancionan a los responsables de dos comunas por no rendir cuentas y deberán devolver sumas millonarias

El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Tucumán resolvió sancionar a los responsables de las comunas rurales de Sargento Moya y Choromoro por no haber rendido cuentas de fondos públicos utilizados durante sus gestiones. En ambos casos, se declararon responsabilidades patrimoniales y se dispuso que los funcionarios involucrados devuelvan de sus bolsillos más de $30 millones, en conjunto, sumas que deberán ser actualizadas hasta su efectivo pago.

A través de los Acuerdos N° 5057 y 5055, ambos fechados el 4 de noviembre de 2025, el organismo de control dispuso la clausura de los respectivos juicios de cuentas y formuló cargos fiscales contra los delegados comunales y sus secretarios habilitados, tras comprobar la falta de regularización de observaciones realizadas por el Departamento de Rendición de Cuentas.

En el caso de Sargento Moya, fueron declarados patrimonialmente responsables Sergio René Díaz, comisionado comunal, e Isabel Alejandra Paz, secretaria habilitada, por no haber rendido una suma de $14.497.871,69, correspondiente al primer bimestre de 2023. Según el fallo, los funcionarios no lograron justificar completamente los gastos observados ni presentaron documentación suficiente durante el proceso, pese a las notificaciones y oportunidades otorgadas para su defensa.

En tanto, en la Comuna Rural de Choromoro, el Tribunal sancionó a la exdelegada comunal, María Olga Díaz, y a su exsecretario habilitado, Francisco Gonzalo Velardez, quienes deberán reintegrar $15.512.966,35 por la falta de rendición de fondos del sexto bimestre de 2020. El monto también deberá ser actualizado conforme la tasa activa del Banco Nación. En este último caso, las autoridades omitieron la presentación de certificados de normal funcionamiento de distintas cooperativas con las cuales la Comuna había contratado servicios.

En ambos expedientes, el Tribunal de Cuentas, con las firmas de los vocales Sergio Miguel Díaz Ricci y Marcelo Vidal, en ausencia del presidente Miguel Chaiben Terraf, instruyó a la Fiscalía del organismo para que proceda a la ejecución de los cargos fiscales si los responsables no cumplen con las devoluciones dispuestas.

Las resoluciones, a las que TDN tuvo acceso, remarcan que los procesos respetaron el debido proceso y el derecho de defensa, pero al no haberse regularizado las observaciones ni presentado documentación que acreditara la correcta aplicación de los fondos, se resolvió declarar la responsabilidad patrimonial de los implicados y ordenar el reintegro de los fondos observados.

Bajo la lupa

Estas actuaciones del Tribunal de Cuentas vuelven a poner en el ojo de la tormenta a las comunas rurales de Tucumán, en medio de cuestionamientos y acusaciones de la oposición por la falta de transparencia en el manejo de fondos públicos.

Uno de los casos más paradigmáticos es el de la comuna rural de Las Cejas, cuya delegada comunal, Cristina Contreras, quien irá a juicio oral en 2026 por presuntos actos de corrupción relacionados con la retención indebida de haberes a empleados públicos. Además, el Tribunal de Cuentas avanza con una investigación administrativa ante la sospecha de que la funcionaria habría usado fondos de la comuna para construirse una casa en El Cadillal.

Llamó la atención el hecho de que decenas de delegados comunales figuran en el listado de aportantes que tuvo el oficialista Frente Tucumán Primero en los comicios legislativos nacionales del 26 de octubre. Inclusive, el nombre de Contreras aparece en la grilla difundida en la página de la Cámara Nacional Electoral con un aporte de $ 200.000 para ayudar a la lista que encabezó, de manera testimonial, el gobernador Osvaldo Jaldo.