Verano de furia

Los veranos en Tucumán suelen estar caracterizados por la furia de las lluvias. Es una realidad que combina cambio climático con falta de infraestructura para la que la política ya está preparada. Oficialistas y opositores saben que en estos meses los cruces se reiteran en argumentos y en explicaciones, año tras año. Pero esta vez, el arranque de 2026 tuvo algunas particularidades porque se coló la violencia y los sacó de la comodidad de la rutina.

En medio de un temporal que no dio respiro, las vacaciones del poder se alteraron por el salvaje crimen de Joaquín Rodrigo Ibarra a manos de dos menores de 16 y 17 años en Alderetes. En paralelo, el asesinato de Érika Antonella Álvarez en Yerba Buena desnudó una trama vinculada a los excesos y las drogas, según la investigación judicial. Y el tercer hecho, en Tafí del Valle, tuvo también los condimentos necesarios para agitar una discusión siempre relegada: la agresividad de los jóvenes.

La respuesta de Jaldo: entre la firmeza y el impacto político

Ante el estupor de la sociedad tucumana por un comienzo de año sin tregua y que atravesó a todos los estratos sociales, el gobernador Osvaldo Jaldo aplicó las recetas con las que más comulga: activó la Oficina de Respuesta Rápida.

Frente al caso de los menores, endureció su discurso, llevó al límite las acciones que el Estado tucumano puede concretar y se adelantó al debate nacional por la baja en la edad de imputabilidad. Al margen de los dichos, lógicamente el decreto de creación del Instituto de Menores Cura Brochero respetó cada una de las garantías constitucionales para los menores en conflicto con la ley. El endurecimiento pasó por la apertura de un pabellón en el penal de Benjamín Paz. Todo un simbolismo.

La investigación por el crimen de “Anto” inquietó a la Casa de Gobierno. En particular, porque el gobernador reclamó con mucha insistencia al Ministerio de Seguridad y a la Policía que no hubiera demoras. Es cierto que la rapidez del Gobierno permitió dar con Felipe Sosa antes de que, presuntamente, se fugara. Por eso la preocupación de Jaldo por la actuación de la Justicia. El mandatario cuestionó las demoras en acceder a los requerimientos policiales y el pase de manos del expediente por cuatro fiscales, producto de la feria judicial. Su mensaje suena lógico en este caso: a días de cumplirse 20 años del crimen de Paulina Lebbos, Jaldo no quiere cargar en su gestión con un escándalo de ese calibre. Por eso repite que en Tucumán se acabó la impunidad.

El más reciente hecho de violencia también generó una rápida reacción del jefe del Poder Ejecutivo. Tras la golpiza grupal a un joven durante el fin de semana del Seven de Rugby, Jaldo reclamó a los padres mayor responsabilidad e involucramiento, tildó de cobardes y de casi asesinos a los jóvenes implicados. Dos fueron detenidos y trasladados a Benjamín Paz en operativos dotados de una espectacularidad inédita y excesiva para enviar un mensaje contundente. Uno de ellos, ayer, fue liberado aunque sigue siendo investigado. Lo que sobrevino fue la reacción política. La oposición, en especial sectores vinculados al radicalismo de Concepción, advirtieron que Jaldo condicionó a la Justicia con sus críticas públicas y que esto derivó en respuestas desmedidas contra los procesados. Uno de los más explícitos fue el intendente Alejandro Molinuevo.

Se habla de similitudes con el trágico caso de Fernando Báez Sosa en la Costa Atlántica. Y es cierto, pero es algo que ocurre desde hace muchísimos años en nuestra sociedad y de lo que sólo nos alarmamos cuando hay desenlaces extremos.

El estilo "Comisario" y el poder simbólico

A Jaldo, dirigentes del oficialismo bautizaron ya hace varios años como “El Comisario”. Lo hicieron para graficar su estilo de conducción. El gobernador se siente seguro cuando ejerce el control pleno y firme de lo que sucede a su alrededor. Es su sello político y lo impone en la gestión, aún a costa de eventuales consecuencias o de necesarias marchas atrás.

Hay antecedentes de esta impronta, como la reacción oficial de rodear con policías algunas escuelas ante la seguidilla de peleas callejeras entre estudiantes y la prohibición temporal de las fiestas electrónicas.

¿Cuál es el propósito del mandatario con esta suerte de mano dura? Básicamente, anticiparse a cualquier conflicto. Incluso, siendo consciente de que muchas de sus medidas extremas son insostenibles en el tiempo o que pueden despertar objeciones legales y rechazos de algunos sectores de la sociedad.

En momentos en donde vale más lo que se dice y quién lo dice primero, ganar tiempo e imponer una verdad permite capitalizar poder aun cuando la discusión de fondo quede pendiente.