En lo que va del año, el Tribunal de Cuentas sustanció 94 juicios por irregularidades en comunas rurales por $917,6 millones

Desde principios de 2025 hasta la segunda quincena de septiembre, el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Tucumán (TC), bajo la presidencia de Miguel Chaibén Terraf y con la participación de los vocales Sergio Díaz Ricchi y Marcelo Vidal, dictaminó un total de 94 Acuerdos que culminaron con la clausura de Juicios de Cuentas iniciados contra diversas Comunas Rurales de la provincia. Estos fallos,a los que accedió Tendencia de Noticias, declararon patrimonialmente responsables tanto a Delegados Comunales y Secretarios Habilitados que ejercieron funciones en períodos anteriores como a funcionarios actualmente en ejercicio, abarcando un monto total de $917,6 millones correspondientes a fondos no regularizados, algunos de los cuales datan desde el año 2016.

En los Acuerdos emitidos, el TC "declara la procedencia" de los Recursos Ordinarios de Revisión presentados contra los funcionarios implicados, con el objetivo de imputar el monto del Cargo Fiscal conforme a los considerandos establecidos por la entidad de control. Este proceso refleja un exhaustivo análisis de las irregularidades detectadas en la gestión de fondos públicos, evidenciando la magnitud de las falencias administrativas en las comunas afectadas.

Las investigaciones del TC abarcaron un total de 50 comunas rurales, lo que representa el 53,76% de las 93 que se distribuyen a lo largo del territorio tucumano. Entre las comunas con mayores montos adeudados destacan El Manantial, con $151,1 millones correspondientes al 6° bimestre de 2020; Villa de Leales, con $136 millones del 3° bimestre de 2023; y Los Sosa, con $123,8 millones relativos del 1° al 3° bimestre de 2018. Estas tres jurisdicciones, por sí solas, acumulan $410,9 millones, equivalentes al 44,77% del total de los recursos puestos bajo escrutinio por el TC. En el otro extremo, la comuna de Gastona se destaca por registrar el menor monto adeudado, con un juicio de cuentas finalizado por apenas $13.387, correspondiente al 3° bimestre de 2018. Este contraste pone en evidencia las marcadas disparidades en la magnitud de las irregularidades detectadas.

Entre las comunas más afectadas por la cantidad de expedientes sustanciados, Amaicha del Valle lidera con seis juicios que suman $114,3 millones, seguida por Acheral, con cinco expedientes que totalizan $16 millones. Por otro lado, 20 comunas enfrentaron un solo juicio cada una, con casos que van desde los $13.387 de Gastona hasta los $136 millones de Villa de Leales (3° bimestre de 2023) o los $44,7 millones de Los Pereyra (3° bimestre de 2021), lo que refleja la heterogeneidad de las situaciones analizadas por el TC.

Paralelamente, en el ámbito legislativo, la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Legislatura de Tucumán, presidida por el legislador Carlos Gallia, se encuentra abocada al análisis de posibles modificaciones a la Ley Nº 6970 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Provincial. En una reciente reunión, en la que participaron los legisladores Hugo Ledesma, Sandra Figueroa, Francisco Serra, Sara Lazarte y Claudio Viña, se debatieron los puntos propuestos por el propio Tribunal de Cuentas para actualizar seis artículos de la normativa.

Uno de los aspectos más controvertidos es el artículo 194, relacionado con los plazos de prescripción, que generó interpretaciones jurídicas divergentes entre los legisladores. Ante la complejidad de la temática, la comisión resolvió convocar a representantes del TC para que brinden mayores precisiones antes de emitir un dictamen definitivo. En este sentido, Gallia subrayó la importancia de avanzar con cautela: "Los temas que tocan la prescripción son muy sensibles y tenemos que garantizar que la ley sea clara y completa. El objetivo es obtener una ley que sirva para fortalecer la administración financiera y los sistemas de control de la provincia".

Literalmente lo que establece dicho artículo, refiere a que "la facultad para ejercitar acciones emergentes de los hechos o actos cuyo juzgamiento compete al Tribunal

de Cuentas, caduca por el transcurso de cinco (5) años. Dicho término de caducidad comenzará a correr desde el 1° de enero siguiente al año en que tengan lugar los hechos o actos materia de juzgamiento. En el caso de que el respectivo juicio se hubiere iniciado, el mencionado término comenzará a correr desde el último acto procedimental útil". La falta de consenso hasta el momento refleja las dificultades para armonizar las necesidades de control con la operatividad administrativa de los órganos o entidades a controlar.

Los 94 Acuerdos dictaminados por el Tribunal de Cuentas no solo evidencian un problema estructural en la rendición de cuentas de las comunas rurales, sino que también plantean desafíos para la gestión actual y futura de estas jurisdicciones. La magnitud de los montos adeudados, que alcanzan los $917,6 millones, y la extensión temporal de las irregularidades, que en algunos casos se remontan a 2016, subrayan la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y fiscalización en el ámbito comunal.

Asimismo, la diversidad en la cantidad y el monto de los expedientes resueltos por el TC pone de manifiesto la heterogeneidad de las problemáticas administrativas en las comunas tucumanas. Mientras algunas enfrentan deudas millonarias, otras lograron resolver sus irregularidades con montos significativamente menores, lo que sugiere diferencias en la capacidad de gestión y en los recursos disponibles para cumplir con las normativas vigentes.