"No hay lugar para la indiferencia, el Estado provincial tiene la obligación de garantizar escuelas libres de violencia"

En un contexto marcado por el aumento de casos de acoso escolar en Tucumán, que afectan el desarrollo social, educativo y de salud mental de niños y jóvenes, la Legislatura provincial avanzó el último jueves en una iniciativa clave para abordar esta problemática. La sanción unánime de un proyecto de ley instituye el mes de mayo de cada año como "Mes Provincial de Concientización y Prevención del Acoso Escolar", con el objetivo de visibilizar el flagelo, promover el diálogo social y equipar al sistema educativo con herramientas concretas para su erradicación. Esta medida responde a un fenómeno que, según datos recientes, impacta a más del 60% de los alumnos en etapas primarias, generando aislamiento, miedo y sufrimiento, y que trasciende las aulas para extenderse a las redes sociales.

El proyecto, elevado por un grupo de parlamentarios de distintas bancadas, fue debatido y aprobado en la Cámara, destacando su enfoque integral. Según detalla la norma, el Ministerio de Educación debe implementar una serie de acciones preventivas: campañas educativas, actividades institucionales, talleres y capacitaciones para promover la visibilización y erradicación del acoso en ámbitos donde interactúan niños y adolescentes; fomentar la "Pedagogía del Cuidado" y la resolución pacífica de conflictos basada en el diálogo y el respeto; difundir políticas públicas para una convivencia sana; y elaborar protocolos específicos de actuación alineados con marcos normativos provinciales. Además, se crea una línea telefónica gratuita destinada a estudiantes, familiares, docentes y la comunidad educativa para recibir consultas, denuncias y orientación sobre vulneraciones de derechos en el ámbito escolar, articulando con organismos competentes.

Durante el debate, los legisladores enfatizaron la urgencia de la medida. Aldo Salomón, presidente de la Comisión de Educación, subrayó la relevancia del tema al afirmar: "El fenómeno de la violencia ante pares en el ámbito educativo, comúnmente denominado como acoso escolar o bullying, es una problemática que requiere una comprensión profunda y un abordaje estratégico. Abordar el acoso escolar de forma efectiva es una responsabilidad social que va más allá de la mera disciplina escolar; es una cuestión de salud pública, derechos humanos y desarrollo integral de niñez y adolescencia". Salomón destacó que la comisión solicitó opinión al Ministerio de Educación, que respondió mediante expediente, y resaltó la incorporación de la línea telefónica como una herramienta para visibilizar el flagelo y generar debate social.

Roberto Moreno, uno de los impulsores de la iniciativa, describió el acoso como "una forma de violencia que lastima profundamente, que aísla, que genera miedo y sufrimiento en nuestros niños, niñas y adolescentes". Agradeció el trabajo de la comisión y detalló el marco integral de la ley: "El proyecto que debatimos establece un marco integral: campañas de concientización, protocolos claros de actuación, equipos interdisciplinarios para acompañar a víctimas y familias, formación docente específica y una línea gratuita para denuncias y orientación". Moreno enfatizó que la norma declara mayo como mes de reflexión societal, afirmando: "Esta ley es un acto de responsabilidad; es poner en el centro a quienes más debemos cuidar: los chicos y chicas de nuestra provincia. Con esta norma estamos diciendo que no hay lugar para la indiferencia, que no vamos a tolerar más silencios y que el Estado provincial tiene la obligación de acompañar, proteger y garantizar escuelas seguras y libres de violencia".

José Cano, quien trabajó en el tema desde su asunción como legislador, contextualizó la iniciativa con datos alarmantes de las pruebas Aprender 2023: "El 63% de los alumnos de sexto grado reportó haber sido víctima de alguna agresión, ya sea en aulas o redes sociales; el 36% de esos alumnos se sintió discriminado dentro de la escuela". Agregó que en escuelas estatales estas cifras son más altas (42% versus 21% en privadas), y que el 56% presenció agresiones entre pares, el 34% admitió haber agredido a otro alumno, y un porcentaje similar reportó agresiones verbales, amenazas o daños. Cano vinculó la ley a normativas nacionales como la 26.892 de 2013, y abogó por protocolos claros, denuncia fomentada y un abordaje multidisciplinario: "Hay muchísimo para hacer: garantizar cobertura de consultas psicológicas, aumentar equipos de orientación educativa y trabajar con los ministerios de Salud y Desarrollo Social". Cerró afirmando: "Con esta ley pretendemos prevenir, no llegar cuando ya hay situaciones irreversibles como casos de suicidio".

Roque Álvarez (titular de la bancada oficialista) alineado con el espíritu de la norma, la calificó como un "flagelo de los tiempos modernos" agravado por la tecnología: "Los acosos no solamente se producen dentro de las aulas, sino a través de las redes y durante las 24 horas del día". Lamentó no mantener en el dictamen final la definición integral del proyecto original, que buscaba un marco normativo para prevención, detección, abordaje, sanción y erradicación en todos los establecimientos educativos. Álvarez hizo referencia a casos resonantes, como el de una niña en Mendoza que tomó medidas extremas por acoso (concurrió armada a la escuela), y advirtió: "No estamos ajenos a esa realidad y en cualquier momento nos puede pasar en nuestra provincia". Instó a un seguimiento de la ley para su efectiva implementación.

Esta sanción representa un paso imperativo en la protección de la infancia tucumana, alineado con recomendaciones de la UNESCO y enfocado en un abordaje preventivo y comunitario, ante un problema que interpela a autoridades, educadores y familias por igual.