La UCA cuestionó la precisión de los indicadores de pobreza del INDEC: un alivio social "sobrerrepresentado"

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó su informe correspondiente al primer semestre de 2025, según el cual las tasas de pobreza e indigencia en los principales centros urbanos se situaron en 31,6% y 6,9% de la población, respectivamente. Estas cifras representan una notable reducción respecto del 52,9% y 18,1% registrados un año atrás, un descenso que, según el organismo, se habría concentrado principalmente a partir del tercer trimestre de 2024. Sin embargo, el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA) emitió un comunicado que pone en tela de juicio la precisión de estas estadísticas, alertando sobre una sobrerrepresentación de la magnitud del alivio social y señalando limitaciones metodológicas que comprometen la comparabilidad y veracidad de los datos.

El informe del INDEC se enmarca en un proceso de estabilización macroeconómica caracterizado por una desaceleración de la inflación y un menor incremento en los precios de los bienes que integran las canastas básicas de consumo en comparación con el índice general. Según el comunicado de la UCA, “este cambio en los precios relativos alivió el gasto de los hogares más vulnerables y favoreció una recuperación estadísticamente verificable en los indicadores de ingresos y pobreza frente a la crítica situación de finales de 2023 y comienzos de 2024”. No obstante, la entidad advierte que esta “buena noticia” debe ser interpretada con cautela, dado que “es importante diferenciar entre el fenómeno de la pobreza y su instrumento de medición”.

El Observatorio de la UCA señala dos factores principales que explican la sobrerrepresentación de la caída de la pobreza en los datos del INDEC. En primer lugar, destaca una “mayor captación neta de ingresos laborales y no laborales por parte de la Encuesta Permanente de Hogares (INDEC), derivada tanto de cambios en el cuestionario como de un mejor registro en un escenario de menor inflación”. Este avance metodológico, aunque positivo, “condiciona, no obstante, la comparabilidad con series de ingresos, indigencia y pobreza previas”, lo que genera distorsiones en la interpretación de la evolución de estos indicadores.

Desactualización

En segundo término, la UCA apunta a la “persistencia en la utilización de canastas básicas construidas sobre la estructura de consumo de 2004-2005, no actualizadas a la información de 2017-2018”. Esta desactualización resulta particularmente problemática en un contexto como el de 2024, marcado por una “fuerte recomposición de tarifas y de precios regulados”, lo que limita la capacidad de las mediciones para reflejar con precisión la situación efectiva de los hogares. En consecuencia, “aunque la caída de la pobreza es real, su magnitud se encuentra sobrerrepresentada”, según el comunicado.

El Observatorio no niega las mejoras reflejadas en los indicadores, pero subraya la necesidad de ajustes metodológicos para garantizar una representación más fidedigna de la realidad social. En este sentido, propone que el INDEC “acelere la actualización de las canastas de referencia, evalúe el impacto de los cambios en los instrumentos de captación de ingresos y transparente su efecto sobre las series históricas”. Solo así, argumenta la UCA, “se podrá contar con indicadores más consistentes que den cuenta de los logros, pero que también puedan representar más claramente la persistencia de problemas estructurales de inclusión económica, laboral y social en la Argentina”.

La crítica del Observatorio pone de manifiesto una tensión inherente a la medición de la pobreza en contextos de alta volatilidad económica. Como señala el comunicado, “en contextos de alta volatilidad, tanto por fuertes incrementos en los precios como ante la desaceleración inflacionaria, la medición de la pobreza por ingresos tiende a ser menos precisa”. Esta imprecisión no solo afecta la percepción pública de los avances en materia de reducción de la pobreza, sino que también puede tener implicaciones en el diseño de políticas públicas destinadas a abordar las carencias estructurales que persisten en el tejido social argentino.