El debate mundial por los cigarrillos electrónicos reabre la discusión sobre las restricciones en Tucumán

La reciente llegada al país de Alberto Gómez Hernández, representante de la World Vaper’s Alliance (WVA), reavivó un debate que parecía clausurado: la posibilidad de levantar la prohibición de los cigarrillos electrónicos en la Argentina. El economista español, que ocupa el cargo de gerente de Políticas Públicas de la organización, mantuvo reuniones con funcionarios nacionales y legisladores con el propósito de que el país revise la disposición de la ANMAT que desde 2011 impide su importación y comercialización.

La WVA, que asegura representar a 150 mil vapeadores en todo el mundo, presentó ante las autoridades argentinas una petición respaldada —según sus propios datos— por 15 mil firmas locales. Gómez Hernández, que viajó desde Bruselas, reconoció que la entidad recibe financiamiento del Consumer Choice Center, con sede en Washington, el cual a su vez cuenta con apoyo económico de la British American Tobacco, una de las mayores compañías del sector, de acuerdo a lo señalado por el diario Clarín.

“Hoy sabemos, gracias a numerosos estudios científicos y revisiones internacionales, que vapear es un 95% menos dañino que fumar y que se ha convertido en una herramienta eficaz para abandonar el cigarrillo”, sostiene la carta que la WVA presentó al Ministerio de Salud y a legisladores nacionales. En el texto se invoca la experiencia de países como Reino Unido, Suecia y Nueva Zelanda, donde el vapeo forma parte de las estrategias oficiales para reducir el tabaquismo.

Sin embargo, en la comunidad médica argentina prevalecen la cautela y el escepticismo. La nicotina, presente también en los dispositivos electrónicos, mantiene el poder adictivo del tabaco, y los reportes de daños pulmonares graves —algunos con desenlaces fatales— continúan generando alarma. Además, los especialistas alertan sobre el atractivo de estos productos entre adolescentes y jóvenes, impulsado por el diseño colorido y los sabores frutales de sus recargas.

Implicancias políticas

El desembarco de Gómez Hernández en el país se produjo pocos días después del triunfo de Javier Milei en las elecciones legislativas del 26 de octubre. En los pasillos del Congreso, los impulsores del vapeo creen que el nuevo escenario político, más proclive a las ideas libertarias, podría facilitar una eventual regulación del mercado, bajo la premisa de que “un Estado libertario no debería prohibir estos artefactos, sino permitir que cada individuo elija por sí mismo”.

El Ministerio de Salud no respondió si analiza revisar la disposición de 2011, aunque un dato de contexto alimenta las especulaciones: la Ley Ómnibus presentada en 2023 incluyó un impuesto del 25% sobre los cigarrillos electrónicos y sus recargas, una previsión que algunos interpretan como el anticipo de una futura legalización.

Mientras tanto, en el plano provincial, Tucumán reforzó su posición restrictiva. El Poder Ejecutivo, a inicios de junio pasado, promulgó la Ley N° 9882, que modifica la Ley N° 7575 e incorpora la prohibición de usar cigarrillos electrónicos o vapeadores en lugares públicos cerrados, así como su importación, distribución, comercialización y promoción en toda la provincia.

El autor de la iniciativa, el legislador Claudio Viña (Compromiso por Tucumán), celebró la promulgación luego de seis años de espera: “Queda estrictamente prohibido utilizar vapeadores o cigarrillos electrónicos en lugares cerrados, como restaurantes, bares, ámbitos laborales y negocios, aunque sean privados”, afirmó.

Viña también desestimó la idea de que el vapeo constituya una alternativa saludable al tabaco: “Surgió como una opción para dejar de fumar y como algo saludable, pero ninguna de las dos cosas se ha comprobado. No se deja de fumar, sino que se combina con el cigarrillo convencional, y produce efectos nocivos y cancerígenos”, señaló, citando informes del Colegio Médico y del área antitabaco del SIPROSA.

La ley obliga además a colocar carteles visibles con la leyenda “Prohibido fumar. Prohibido utilizar cigarrillos electrónicos. Ley 7575”, y dispone que las multas recaudadas se destinen a campañas de concientización.

Controversia constitucional

En paralelo, el legislador Walter Berarducci, también de Compromiso por Tucumán, había presentado un proyecto que propone derogar el artículo 5 de la Ley 7575, al considerar que la prohibición total vulnera principios constitucionales. Según los fundamentos de la iniciativa, “la prohibición establecida por el artículo 5 implica una restricción desproporcionada al derecho constitucional de ejercer libremente toda industria lícita (artículo 14 de la Constitución Nacional)” y además invade competencias exclusivas del Congreso Nacional, encargado de regular el comercio interprovincial e internacional (artículo 75, inciso 13).

El proyecto cita precedentes judiciales, entre ellos un fallo de Santa Fe que declaró inconstitucional una norma similar. “Las provincias no pueden dictar normas que regulen el comercio interjurisdiccional o que generen discriminaciones hacia productos importados o radicados fuera de su territorio”, recuerda el texto. Para Berarducci, más allá de las consideraciones jurídicas, la prohibición “ha sido ineficaz en la práctica”, ya que el mercado de vapeadores continúa operando de manera informal o a través de internet, sin controles de calidad ni fiscalización sanitaria.

Una discusión abierta

El contrapunto entre la campaña global por la regulación y la postura local de prohibición total sintetiza un dilema que trasciende fronteras: cómo equilibrar el derecho individual a elegir con la responsabilidad del Estado de proteger la salud pública.

Los defensores de la legalización advierten que el vacío normativo solo fortalece un mercado negro en expansión, con productos sin control sanitario y de alto atractivo visual para los jóvenes. Sus detractores, en cambio, sostienen que legalizar para controlar un daño no deja de ser institucionalizarlo.

En ese campo de tensiones —entre libertad y regulación, salud y comercio, provincia y Nación— se juega hoy el futuro de los cigarrillos electrónicos en la Argentina, con Tucumán en el centro de una controversia que combina argumentos sanitarios, económicos y constitucionales.