Con más del 60% de los jóvenes tucumanos presos del trabajo en negro, apuntan a crear un programa que facilite su inserción laboral formal

De acuerdo a lo datos obtenidos por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y reflejados por el INDEC, en el último trimestre de 2024, la tasa de desocupación en el aglomerado Gran Tucumán-Tafí Viejo, para la franja juvenil (que abarca desde los 14 hasta los 29 años) se ubicó en torno al 13,1%. A ello debe agregarse que el 45,1% de los jóvenes ocupados son asalariados informales, pero, si se toma en cuenta a los no profesionales que trabajan como cuentapropistas (no asalariados), el porcentaje de jóvenes que trabaja en la informalidad asciende al 62,4%.

Este panorama demuestra la situación de precariedad e inestabilidad laboral en la que se encuentran inmersos los jóvenes tucumanos a quienes se les hace cada vez más difícil poder vincularse con el mundo del trabajo, y quienes llegan a materializarlo, lo hacen de una manera donde pocos son los beneficios reales a los que pueden acceder para lograr mantener un estándar de vida, cuanto menos, razonable.

Tal descripción puede ser un punto de partida para motivar el accionar del Estado en tratar de encontrar vías alternativas que busquen mejorar la situación por la que atraviesa este sector etario y social. En tal sentido, un grupo de legisladores del peronismo presentó un proyecto de Ley en la Cámara con el objeto de crear el Programa Provincial de Inserción Laboral Joven "Primera Experiencia Laboral", que tiende a promover el acceso al empleo formal de jóvenes de entre 18 y 30 años de edad, con estudios secundarios completos, que se encuentren desempleados y sin experiencia laboral previa registrada en relación de dependencia.

Beneficios

De acuerdo a lo consignado en la iniciativa, ideada por Roberto Moreno, y a la que tuvo acceso TDN, el Programa tendrá como finalidad "facilitar la primera inserción laboral de jóvenes, a través de incentivos al sector privado, capacitaciones y acompañamiento institucional durante el proceso de incorporación y desempeño en el ámbito laboral".

En tal sentido, se destaca que las empresas del sector privado que se adhieran al Programa podrán incorporar hasta un máximo del 10% de su planta de personal total

bajo esta modalidad. En el caso de microempresas (hasta cinco empleados), se

permitirá incorporar al menos un beneficiario. En el articulado, se menciona también que las empresas que participen "deberán registrar formalmente a las personas contratadas, respetando estrictamente la legislación laboral vigente".

Además, el proyecto determina que las personas contratadas en el marco del Programa deberán percibir una remuneración no inferior al Salario Mínimo, Vital y Móvil ($296.832, actualizado a marzo de 2025). Al respecto, se deja aclarado que, en caso de existir convenios colectivos aplicables al rubro de la actividad desarrollada, "el salario deberá adecuarse a lo estipulado por dichos convenios si resulta más beneficioso para el trabajador". En paralelo, se apunta que el aspirante al programa solo podrá ser beneficiario por el término de un año. Vencido dicho plazo, se regirá por la ley de contrato de trabajo y normativas vigentes.

Asimismo, Moreno en su proyecto (que fue acompañado por las firmas de sus pares de bancada, Carlos Gallia, Francisco Serra, Hugo Ledesma, Maia Martínez y Jesús Herrera) señaló que las empresas que se adhieran al Programa recibirán una exención del impuesto sobre los Ingresos Brutos por el término de hasta 12 meses, "siempre que la relación laboral se mantenga vigente durante dicho período". En este aspecto, agrega que "en los casos en que la empresa otorgue cumplimiento efectivo a lo previsto por la Ley Provincial N° 9.353 (Cupo Laboral Trans) y/o la Ley Provincial N° 6.830 (Cupo de Personas con Discapacidad), el beneficio podrá extenderse por un período adicional de seis meses".

Responsabilidad social empresaria

En otro de los artículos de la iniciativa, se expresa que las firmas participantes del Programa deberán designar un tutor o referente interno que acompañe al joven trabajador durante el proceso de adaptación laboral. El tutor deberá elevar un informe de desempeño ante la Secretaría de Trabajo de la Provincia al finalizar el período de inserción, "debiendo entregar una copia del mismo a la persona trabajadora, a fin de que pueda ser incorporado como constancia en su hoja de vida laboral", indica el texto.

Así también, se recalca que las empresas que participen activamente del Programa recibirán un sello o logo identificatorio oficial, otorgado por el Estado provincial, que "les permitirá exhibir públicamente su adhesión al Programa y su compromiso con la inclusión y la responsabilidad social empresarial".

"La franja joven, comprendida entre los 18 y 29 años, representa un sector

particularmente vulnerable en el acceso al empleo formal. Muchos culminan sus

estudios secundarios y se encuentran con barreras estructurales que dificultan su

integración al mundo del trabajo: falta de experiencia previa, escasas redes de

contacto laboral, informalidad o inestabilidad en las ofertas disponibles, entre otros

factores. Frente a esta realidad, resulta indispensable que el Estado asuma un rol

activo, generando políticas públicas que acompañen la transición de la educación

al empleo, con herramientas concretas de apoyo", argumentó Moreno, y mencionó que programas similares ya se instrumentaron en otras jurisdicciones, como por ejemplo, la provincia de Córdoba, con resultados favorables e impacto positivo tanto en jóvenes como en el entramado productivo de dicho distrito.