El decreto del Poder Ejecutivo por el cual se dispuso una ampliación presupuestaria de $ 6.300 millones para distribuir entre las 93 comunas rurales de la provincia, que dado a conocer en una publicación de Tendencia de Noticias, generó un fuerte cimbronazo político en la provincia.
Desde la oposición, la diputada nacional de CREO, Paula Omodeo, y el partido La Libertad Avanza (LLA), que en Tucumán lidera Lisandro Catalán, habían cuestionado en duros términos esa medida administrativa, a la que vincularon con el año electoral en marcha. “Comenzó el fondeo electoral. Se nos ríen en la cara”, planteó la diputada Omodeo. En tanto, desde LLA desestimaron el argumento del Gobierno, que en el decreto señala que esos recursos serán destinados a “garantizar los servicios y la operatividad” en las 93 comunas rurales y alertaron: “En año electoral, el verdadero objetivo parece claro: conservar poder político a cualquier costo”.
Frente a esas críticas, desde el Gobierno este viernes salieron a defender la ampliación presupuestaria, al tiempo que negaron que el destino de esos fondos tenga relación con las necesidades electorales del peronismo.
“’Ladran Sancho señal que cabalgamos”, les respondió a los opositores Darío Monteros, titular del Ministerio del Interior, bajo cuya órbita funciona la Secretaría de Municipios y Comunas Rurales, que es el área que solicitó la multimillonaria reasignación presupuestaria.
A través de un comunicado oficial, el funcionario aseguró que “la gestión de gobierno de Osvaldo Jaldo sigue cumpliendo con sus obligaciones, a pesar de la situación económica a nivel nacional, de los vaivenes de la economía y la coparticipación nacional, que disminuyó al bajar en el consumo el Impuesto al Valor Agregado (IVA)”. También remarcó que Tucumán “es una provincia que no recibe Aportes del Tesoro Nacional (ATN) -como en gobiernos anteriores-, ni ayudas extras”. Y aseveró: “En este gobierno con recursos propios se paga el sueldo a los empleados estatales en tiempo y forma, se financia el subsidio al transporte público de pasajeros, se paga el incentivo docente y también reactivamos la obra pública”.
En este sentido, el ministro del Interior aseguró que la ampliación presupuestaria de $ 6.300 millones dispuesta por decreto se destinará a sostener el funcionamiento de las delegaciones del interior. “Con los 18 municipios y las 93 comunas estamos llevando un plan, no solo de servicios básicos en cada comunidad, sino todo tipo de obras, y se debe destacar que son con recursos propios”, finalizó.
A su turno, la secretaria de Municipios y Comunas, Patricia Torrejón dejó en claro que los $ 6.300 millones que menciona el decreto “jamás se transfirieron a las delegaciones comunales, sino que es un incremento presupuestario, o sea dinero que no está transferido y no lo tienen los delegados comunales de libre disponibilidad”.
En un comunicado difundido por la Secretaría de Comunicación Pública, la funcionaria dijo que desde el Poder Ejecutivo “se le gira a los comisionados dinero por aprestamiento para las necesidades básicas luego de una reunión que mantienen con el ministro Darío Monteros y todo es monitoreado por el Ministerio de Economía”.
Torrejón, además, expresó que “el trabajo que están haciendo el gobernador (Osvaldo Jaldo) y el ministro (Monteros) son muy importante para la comunidad, con la limpieza de canales y caminos, aplicando el plan Pre-lluvias”.
Por último, la secretaria de Municipios y Comunas explicó que “de los 6.300 millones de pesos se pagó 5.000 mil millones a comunas para gastos que contemplan los servicios básicos esenciales, como la recolección de residuos, gastos de combustibles, maquinarias”. Y agregó: “Se lo evalúa mes a mes y ese dinero no está en el Ministerio del Interior ni en las comunas, sino que queda en la cuenta del Ministerio de Economía”.
Las voces de los delegados
En la respuesta del Gobierno a las críticas de la oposición, desde el área de Comunicación Pública también aportaron declaraciones de algunos delegados comunales.
“Las elecciones nacionales son en octubre. Faltan muchos meses. Pero los caminos deben mantenerse, los servicios no pueden detenerse y las obras deben continuar. La gestión no se toma recesos por el calendario electoral”, señaló Raúl Aragón, delegado de Santa Cruz y La Tuna.
“No hay discrecionalidad ni zonas grises: cada comuna justifica el uso de los recursos y está sujeta a auditorías. Querer instalar la idea de que esto es una 'viva la pepa' no solo es irresponsable, sino profundamente injusto con quienes trabajan cada día para sostener servicios esenciales", aseguró María Elena Serrano, delegada comunal de El Manantial.
Luis Horacio del Campo, comisionado de Ranchillos, afirmó: "Desde que tengo memoria, nunca vi tanta obra junta en tan poco tiempo. En nuestra comuna estamos pavimentando el ingreso principal, mejorando la caminería rural y colocando luces LED. También se está avanzando en espacios públicos y soluciones estructurales. La gestión del gobernador Jaldo no promete, hace. Quienes vivimos y trabajamos en el interior sabemos que esto no es clientelismo, es justicia territorial”.
En tanto, Gastón García Biagosch, delegado comunal de Cevil Redondo, manifestó: “Acá los fondos se traducen en viviendas, pozos de agua, iluminación, que benefician a cientos de vecinos. No hay ‘agujero negro’, hay gestión con rostro humano. Y todo se controla y se audita”.
Por su parte Franco Ale Lossi, de El Bracho, sostuvo: "Este es el tercer aumento en solo 18 meses de gestión, y se nota en las calles, en las escuelas y en los barrios. Lamentablemente, hay dirigentes que prefieren opinar desde la comodidad de Buenos Aires. La gestión se pisa con botas, no con tacos en Puerto Madero".
Paul Caillou, comisionado de Amaicha del Valle, remarcó: "Durante años fuimos invisibles para el Estado. Hoy hay presencia, inversión y soluciones. Invito a la diputada a que venga a ver, a hablar con la gente. Porque transformar no es tuitear: es caminar y comprometerse. Y sí, cada peso está documentado".
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