Manzur y Mendoza se plegaron al pedido de Jaldo y firmaron los proyectos por más recursos para las provincias

Un grupo de gobernadores, junto al jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, presentaron dos iniciativas legislativas al Congreso con el propósito de incrementar los recursos destinados a las provincias a través de la coparticipación federal, en respuesta a las tensiones generadas por el recorte de fondos y la transferencia de responsabilidades desde el gobierno nacional de La Libertad Avanza.

Estas propuestas cuentan con el respaldo de una amplia coalición de senadores, incluyendo a figuras como Juliana Di Tullio, José Mayans, Eduardo Vischi, Fernando Salino y Carlos Espínola, así como a los senadores por Tucumán, Juan Manzur y Sandra Mendoza, quienes, a pesar de su reciente alineación con el frente kirchnerista opositor al gobernador Osvaldo Jaldo, apoyan esta iniciativa en sintonía con el objetivo del mandatario tucumano de obtener mayores recursos nacionales. Curiosamente, Beatriz Ávila, representante del Partido por la Justicia Social (PJS) y reciente incorporación al frente Tucumán Primero, no firmó el proyecto.

Una de las iniciativas busca modificar la Ley 11.672 (Complementaria Permanente de Presupuesto) para incorporar un artículo que estipule la redistribución de los recursos del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias, siguiendo los artículos 3°, 4° y 8° de la Ley de Coparticipación. Se destaca que esta redistribución sería “diaria y automática”, alineada con los criterios establecidos en la normativa de coparticipación.

Por su parte, el restante proyecto apunta a eliminar diversos fideicomisos y fondos considerados “poco transparentes”, como el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica, el de Infraestructura de Transporte, el Sistema Vial Integrado, el Fondo Compensador del Transporte, el Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior y el Fondo Nacional de la Vivienda. La propuesta es redirigir los recursos provenientes del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), que financian estos fondos, hacia las provincias para que éstas asuman las responsabilidades transferidas tras el ajuste fiscal impulsado por el gobierno de Javier Milei.

En 2025, por ejemplo, los fondos de Transporte e Infraestructura Hídrica recibieron cerca de $500.000 millones de los $1,5 billones recaudados por el ICL. El proyecto plantea modificar la Ley 23.966 para redistribuir estos ingresos: 14,29% al Tesoro Nacional, 57,02% a las provincias y 28,69% a la Anses, con un 25% de los fondos provinciales distribuidos equitativamente entre los distritos y el 75% restante según los índices de coparticipación.

La iniciativa surge tras el fracaso de las negociaciones entre el Ejecutivo nacional, representado por el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y los ministros de economía provinciales, donde se rechazó coparticipar el remanente del fondo ATN y se ofreció, en cambio, compartir los recursos destinados a obras viales del ICL, transfiriendo también la responsabilidad de las rutas. Los gobernadores argumentan que estas propuestas no afectan el equilibrio fiscal, ya que solo redirigen fondos existentes, y buscan evitar un eventual veto presidencial, como el sugerido por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien advirtió que cualquier ley contraria al equilibrio fiscal sería vetada.