Nación crea un programa especial para apoyar a Tucumán en su lucha contra el narcomenudeo

En un contexto donde el narcotráfico y sus manifestaciones locales, como el microtráfico, representan una amenaza creciente para la seguridad pública y la cohesión social, el Ministerio de Justicia de la Nación, encabezado por Mariano Cúneo Libarona, avanzó con la creación del "Programa Nacional de Desfederalización y Asistencia contra el Microtráfico de Estupefacientes (PRONADEM)", instituido mediante la Resolución 590/2025, publicada este lunes en el Boletín Oficial de la República Argentina. Este programa, que operará bajo la órbita de la Subsecretaría de Política Criminal de la Secretaría de Justicia, busca fortalecer las capacidades de las jurisdicciones locales para combatir el microtráfico, promoviendo una articulación estratégica entre Nación y provincias, en línea con la visión de la gestión de Javier Milei de abordar el narcotráfico con un enfoque coordinado y basado en evidencia empírica.

La provincia de Tucumán, una de las doce jurisdicciones nacionales que adhirieron a la desfederalización de la persecución penal del microtráfico mediante la sanción de su Ley Antimenudeo en 2022, se erige como un ejemplo paradigmático de los resultados que esta estrategia puede generar. Según datos oficiales del Ministerio de Seguridad de Tucumán y la Corte Suprema de Justicia provincial, hasta fines de 2024 se registraron 2.504 detenciones relacionadas con el microtráfico, con un promedio superior a 100 arrestos mensuales. En 2023, se contabilizaron 1.080 detenciones, mientras que en 2024 esta cifra ascendió a más de 1.400. Asimismo, los procedimientos realizados alcanzaron los 1.731 en 2024, un aumento significativo respecto de los 1.188 del año anterior. Sin embargo, menos de un tercio de estos procedimientos derivaron de investigaciones judiciales, lo que indica que la mayoría de las detenciones se produjeron en situaciones de flagrancia o en el marco de investigaciones por otros delitos, como robos o violencia de género.

En términos de judicialización, la justicia tucumana demostró una notable actividad: en 2023 se dictaron 95 condenas por comercialización de drogas, mientras que hasta noviembre de 2024 se registraron 136 condenas, la mayoría de cumplimiento efectivo, con un número reducido de penas condicionales, algunas de las cuales fueron revocadas por reincidencias. El secretario de Lucha contra el Narcotráfico de Tucumán, Jorge Dib, había destacado que la implementación de la Ley Antimenudeo “ha tenido un impacto positivo en la seguridad de la provincia”, evidenciado no solo en la reducción de delitos relacionados con el narcomenudeo, sino también en una disminución de los homicidios, que pasaron de 81 en 2023 a 54 en 2024. No obstante, Dib subrayó que “la lucha contra el narcomenudeo está lejos de concluir” y requiere un esfuerzo sostenido para recuperar los barrios afectados.

El PRONADEM, creado con el objetivo de “fortalecer la capacidad de las jurisdicciones locales en la investigación y persecución del microtráfico, asegurando un abordaje coordinado y basado en evidencia empírica”, se alinea con los avances de provincias como Tucumán. Según la Resolución 590/2025, el programa tiene como objetivos específicos: “Brindar asistencia y herramientas técnicas para el diseño e implementación de planes estratégicos de persecución penal, orientados a combatir el microtráfico, atendiendo a las particularidades de cada jurisdicción que lo solicite”; “Impulsar la capacitación especializada de fiscales y jueces en la investigación y abordaje de delitos relacionados con el microtráfico”; “Promover la articulación y cooperación entre las jurisdicciones locales y la justicia federal”; “Asegurar que todas las acciones, intervenciones y estrategias se basen en evidencia empírica validada”; y “Monitorear y evaluar la correcta ejecución de los planes estratégicos”.

La resolución subraya la gravedad del narcotráfico, descrito como “un fenómeno delictivo de carácter transnacional, cuya magnitud y capacidad de adaptación a los distintos contextos territoriales ha alcanzado niveles alarmantes en las últimas décadas”. Este flagelo, según el texto, “afecta gravemente la seguridad pública y el orden social, y constituye una amenaza para la estabilidad de los Estados, el desarrollo sostenible y la cohesión social y familiar”. En particular, el microtráfico es señalado como una manifestación de la narcocriminalidad con “consecuencias especialmente nocivas para la vida comunitaria”, al generar “contextos de inseguridad, desconfianza y desintegración social” y fomentar “la expansión de mercados paralelos que debilitan el desarrollo de actividades lícitas”.

Desafío

Tucumán, con su tasa de 107,1 hechos por cada 100 mil habitantes relacionados con la Ley 23.737 (estupefacientes), según el Sistema Nacional de Información Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación, se posiciona como la segunda provincia con mayor crecimiento interanual de este tipo de delitos (+98,5%), solo superada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (+115,7%). Además, registra la tasa más alta del NOA en delitos de confabulación, producción, organización y financiación del narcotráfico (8,3) y un ascenso récord a nivel nacional en tenencia y narcomenudeo (+117,8%), con una tasa de 94,7. Estos datos (que abarcan todo 2024 hasta el primer trimestre de 2025) reflejan tanto la magnitud del desafío como los esfuerzos locales por enfrentarlo.

El PRONADEM, liderado por el coordinador Leandro Gastón, operará bajo lineamientos claros: ofrecer asistencia técnica para el diseño de estrategias de persecución penal; implementar programas de capacitación en técnicas de investigación, uso de tecnologías digitales y enfoques de justicia restaurativa; promover la articulación interinstitucional mediante la estandarización de protocolos y el intercambio de información; y garantizar que todas las acciones se fundamenten en evidencia empírica, utilizando investigaciones académicas, informes estadísticos y buenas prácticas nacionales e internacionales. Además, el programa establecerá un sistema de monitoreo y evaluación continua para medir el impacto de las estrategias y realizar ajustes cuando sea necesario.

IMPULSOR. Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia de la Nación.

La resolución también destaca la importancia de la desfederalización, iniciada con la Ley 26.052 de 2005 y modificada por la Ley 27.502 de 2019, que permite a las provincias asumir la persecución penal del microtráfico. Este proceso, adoptado por provincias como Tucumán, Buenos Aires, Córdoba, Salta, Formosa, Chaco, Entre Ríos, Santiago del Estero, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jujuy, Santa Fe y Neuquén, ha demostrado “ventajas significativas” al permitir respuestas más rápidas y adaptadas a las particularidades territoriales, al tiempo que libera recursos de la justicia federal para enfocarse en delitos más complejos, como la organización y financiación del narcotráfico, la corrupción o el lavado de activos. Sin embargo, la resolución advierte que “en las doce provincias restantes la persecución penal del microtráfico de estupefacientes está aún en manos de la justicia federal”, lo que limita la efectividad de la estrategia.

En Tucumán, además de los avances en detenciones y condenas, se fortaleció la atención a personas con problemas de adicciones. Desde la implementación de la Ley Antimenudeo, los Centros de Atención Primaria en Adicciones (CEPLA) han registrado 1.474 consultas y 8.457 prestaciones, con la creación de nuevas instalaciones, como el Cepla Niño y otro en Amaicha del Valle, y convenios con municipios para extender la asistencia. Esta estrategia, que combina represión penal con prevención y contención comunitaria, refleja el enfoque integral que el PRONADEM busca replicar a nivel nacional.

Como señala la Resolución 590/2025, “la redistribución de competencias que promueve la desfederalización no implica en modo alguno que la justicia federal y las justicias provinciales actúen de manera descoordinada”. Por el contrario, el programa apuesta a una colaboración estrecha, basada en datos empíricos y estrategias diferenciadas, para desmantelar los mercados minoristas de drogas, recuperar espacios públicos y fortalecer la seguridad ciudadana, demostrando que la lucha contra el narcotráfico requiere un esfuerzo conjunto y sostenido.