La constitucionalista tucumana Carmen Fontán cuestionó la prohibición de difusión de los audios atribuidos a Karina Milei, y tildó la disposición judicial de inconstitucional.
"La cautelar tiene una particularidad,porque dice 'audios que fueron anunciados el 29 de agosto del 2025'. Es decir, audios que no fueron escuchados por el juez, solo tiene idea de que fueron anunciados de tal manera que no habría ni siquiera la ilegitimidad o ilegalidad que manifiestan ellos de que fueron audios tomados en Casa de Gobierno de forma subrepticia por un ente que haría espionaje clandestino. Realmente es una medida cautelar a todas inconstitucional", remarcó Fontán en una entrevista con El Matutino, que se emite por El Ocho TV de lunes a viernes a las 7.
La abogada y profesora de Derecho Constitucional fue contundente. "Hay una clara violación de muchas normas de la Constitución, de los instrumentos internacionales. Nuestra Constitución erradica de raíz la censura previa, lo que existe son las responsabilidades ulteriores, pero de ninguna manera la Constitución habilita la censura previa", expresó. "Es más, a nivel internacional, la única censura que se habilita es la de los espectáculos públicos para menores. Es decir, para el resto solo existen las responsabilidades, sean penales o civiles, posteriores porque lo que quiere la Constitución es justamente que se forme la opinión pública, que se escuchen las dos campanas", insistió.
Además, se refirió al juez Alejandro Marianelli, sobre quien pesan casi una decena de denuncias en el Consejo de la Magistratura. "Es una cautelar obtenida por un juez que está muy cuestionado en su imparcialidad. Sabemos que este juez federal tiene denuncias por acoso laboral, por maltrato a los empleados y también incluso de abuso. Es decir que han sabido dónde pedir la medida cautelar porque sabían que realmente no era un juez imparcial e idóneo y era fácilmente pasible de ser presionado para obtener una medida cautelar resuelta en 24 horas", amplió.
Confió en que la disposición se revierta en instancias superiores, y recordó el antecedente de la jueza María Servini en un planteo de censura previa al humorista Tato Bores, en 1992. "El caso Servini fue similar; es decir, se había aplicado una censura previa antes que el programa hubiera sido difundido y solo con la publicidad del programa y la Corte denegó en aquel caso la medida que había pedido la jueza Servini y restituyó la libertad de expresión", comparó.
Fontán destacó la trascendencia de los aspectos de la Constitución nacional que prohíben la censura previa. "Lo que se plantearon los constituyentes es que el único modo de formar la opinión pública es escuchar las dos campanas. Y entonces una vez que uno la escucha puede tener su propia opinión, pero no puede un juez condicionar la conformación de la opinión pública aplicando una censura previa porque estamos volviendo a un gobierno paternalista y autoritario que condiciona y dice qué es lo que nosotros podemos escuchar o no podemos escuchar", precisó. "Cuando ellos denuncian que se viola la Ley de Seguridad Nacional, esa famosa ley 25.520, que es aplicable para el personal de las agencias de inteligencia del Estado o los que ya han formado parte de la inteligencia del Estado, en realidad es una forma de decir, 'Señores, nosotros no tenemos seguridad en la Casa Rosada'. Es decir, están trasladando un problema de seguridad interna, de inteligencia interna que tienen ellos, trasladándolo al Poder Judicial. No resuelven sus problemas de inteligencia interna e impiden que la gente pueda enterarse de de los eventuales audios que que existieran, que si hubiera una afectación, a la intimidad, al honor, existe un sistema de reparación previsto y de responsabilidad ulterior, pero no se puede sin demostrar la ilegalidad o la ilegitimidad haber prohibido el pase de estos de estos audios", completó.