"Las falsas denuncias matan": un flagelo que destruye familias y toma a los niños como rehenes de la manipulación

La Legislatura de Tucumán fue el escenario de las 2° Jornadas sobre “Falsa denuncia y obstrucción del vínculo”, una problemática social y legal que, según los especialistas, alcanzó proporciones alarmantes y devastadoras. El evento, impulsado por el legislador José Macome (Compromiso con la Lealtad) y la ex parlamentaria Nadima Pecci, se propuso generar un espacio vital de diálogo, reflexión y búsqueda de soluciones frente a las graves consecuencias de las acusaciones infundadas.

Durante la apertura, Macome enfatizó la seriedad del tema, señalando que "esta jornada busca abrir un espacio de diálogo, reflexión, propuestas y desafíos que conllevan las situaciones con falsas denuncias, ya que son un problema serio con consecuencias legales y sociales graves". Macome destacó la creciente preocupación social, afirmando que "nos hicimos eco de algunos reclamos, no algunos, muchos reclamos que nos empezó a hacer la sociedad, mucha gente se acercó con este problema, expresándolo, los problemas que se sufren a través de la falsa denuncia, la obstrucción del vínculo". Las personas falsamente denunciadas, agregó, "pueden sufrir daño moral en su reputación, honor, tranquilidad y bienestar emocional, pueden generar estrés, ansiedad, depresión y otros problemas de salud mental".

Por su parte, Pecci celebró la realización de estas jornadas en un ámbito institucional como la Legislatura, algo que "en otros momentos tal vez era un tema que no se podía discutir". Resaltó la naturaleza transversal del problema: "es una problemática que, como siempre digo, es absolutamente transversal porque no es solamente para un para un sector, es para todo el mundo". Pecci también criticó el "abuso que se produce de la legislación ideologizada, sesgada y politizada para poder obtener un negocio", y subrayó que el problema afecta "principalmente a los que más sufren, que son los niños".

La Dra. Beatriz Patricia Anzuátegui, abogada penalista con más de 36 años de ejercicio, presidenta del Observatorio de Falsas Denuncias y autora del libro “Hienas”, que documenta esta problemática, ofreció una profunda disertación, sugiriendo que "capaz que desde Tucumán viene la segunda independencia porque esto nos ha quitado la libertad no solamente a los hombres, sino a todas aquellas mujeres que están con algún hombre porque han estropeado familias, las nuevas familias, las viejas, a abuelos que nunca más vieron a sus hijos, entonces a sus nietos".

“Las falsas denuncias son un fenómeno global que ha crecido por políticas que instalaron la idea de que todos los hombres son violentos. Esa generalización es peligrosa porque termina desvirtuando las leyes y dejando a muchos niños atrapados en manipulaciones que les generan graves consecuencias. Es fundamental reconocer la existencia de la alienación parental y aplicar protocolos que permitan detectar estos casos. Que Tucumán impulse este debate es muy valioso, porque puede marcar un camino para el país”, insistió.

Anzuátegui denunció la manipulación de la memoria de los niños, especialmente en los procesos judiciales. Explicó cómo los niños son llevados a psicólogos "especialistas en abuso", lo que representa "el primer error". Señaló que se busca un "blindaje del niño" a través de la restricción de acercamiento y la "cosecha de testigos" que repiten la frase "los niños no mienten", una afirmación sin "apoyo científico".

Uno de los puntos clave de su exposición fue la referencia a las investigaciones de Elizabeth Loftus, quien demostró que "la memoria no es una cinta que vos grabás" y que puede ser "manipulada por otro". Anzuátegui enfatizó la necesidad de que los "efectores judiciales" como psicólogos y fiscales incorporen estas "nuevas investigaciones" y neurociencia, porque "todo esto que es nuevo no lo tienen que incorporar los efectores judiciales".

La abogada también criticó la "invasión de la justicia privada" a través de informes psicológicos privados y la banalización de los "testigos de oídas" que tradicionalmente se toman "con pinzas" en derecho penal. Además, alertó sobre las "interpretaciones de los dibujos de los chicos" realizadas por profesionales sin la debida competencia, como el caso de una ginecóloga en Tucumán que interpretaba dibujos de niños con un libro.

La profesional compartió un caso reciente de absolución en el que su cliente, falsamente denunciado, grabó con cámaras ocultas a su exabogado, quien reconoció la falsedad de la denuncia. Sin embargo, el juez "dijo que la cámara oculta no las iba a poner porque no habían sido pedidas por el fiscal". Esta situación la llevó a cuestionar la objetividad de los fiscales: "¿por qué un fiscal puede rechazar una prueba que puede llegar a la verdad, porque quiere ganar? Quiere ganar. Basta de querer ganar, señores fiscales, y hacer número en las cárceles con estos padres", protestó.

A pesar de las dificultades, Anzuátegui destacó "acciones positivas de los jueces" en Tucumán, como en un caso donde un juez decidió investigar un video presentado como prueba por la denunciante, al detectar posible "corrupción de menores" en la forma en que se guiaba a la niña. Exhortó a los padres afectados a "no bajar los brazos" y a "no aceptar juicios abreviados". También animó a denunciar el "impedimento de contacto", citando que "en Tucumán en el año 2022 ya hubo un juicio oral entre dos colegas por el delito de impedimento de contacto".

Posteriormente, la ingeniera Andrea Guacci (foto inferior) coautora de un proyecto de ley en el Senado de la Nación, activista y referente de víctimas de falsas denuncias, quien participó de manera virtual, compartió su experiencia personal como familiar de una víctima de falsa denuncia. Su esposo, director técnico de la selección nacional de fútbol femenino, fue falsamente denunciado para ser removido de su puesto. A pesar de que la FIFA no encontró pruebas y él demostró su inocencia con más de 100 testigos, la experiencia fue devastadora.

Guacci explicó que en estos casos "arrancás con la cancha inclinada, arrancás perdiendo" debido a la "perspectiva de género" y el "sesgo ideológico". Subrayó que la carga de la prueba se invierte, y "uno tiene que pensar cómo demostrar que eso es una mentira". Para Guacci, las falsas denuncias "matan", y las describió como "acusaciones fantasiosas, aberrantes, basadas en mentiras, con un desprecio absoluto por la verdad, sin consecuencias legales inmediatas, sin carga probatoria o falsa, busca un beneficio o daño". Reveló que "en el último año ya tengo registro de cerca de 30 personas que se han quitado la vida por ser víctimas de este crimen".

Las motivaciones de estas denuncias son variadas, desde "separaciones conflictivas", que son la "piedra fundacional", hasta la remoción de un puesto laboral, ocultamiento de abuso intrafamiliar, extorsión o el acceso a beneficios sociales como el "plan Acompañar".

Guacci hizo hincapié en el daño a los niños, quienes desarrollan "dificultades en el desarrollo físico y psicológico, baja de autoestima, frustración, problemas en las habilidades sociales, en la comunicación, en la pareja, en las amistades, produce miedo, timidez, produce que uno se cierre, tiene miedo a hablar". Advirtió que, en el futuro, los niños "también aprenden a manipular".

Falta de información y proyecto en debate

Frente a la "justicia inversa" que se genera, Guacci lamentó la ausencia de estadísticas oficiales sobre falsas denuncias y la deshumanización de la justicia. Mencionó el caso de un niño de 13 años falsamente denunciado por abuso sexual, donde "el juez penal dictaminó que el hecho no existió", pero la justicia de familia "todavía le mantenía la perimetral en la escuela".

La ingeniera destacó la importancia de su trabajo para visibilizar y difundir esta problemática, abogando por un cambio en la narrativa mediática donde "una denunciante no es víctima, una denunciante es denunciante y el denunciado es denunciado". Mencionó el proyecto de ley que co-impulsó con la senadora Carolina Losada, el cual "ya tiene dictamen por parte de más de 11 senadores para poder ser debatido en el Senado de la Nación Argentina". Este proyecto contempla "doble penalidad" para los profesionales que avalen o impulsen falsas denuncias, duplicando las penas existentes. Guacci también visibilizó el "miedo" de algunos jueces a aplicar criterios diferentes a la perspectiva de género, ante la amenaza de ser recusados por organizaciones feministas, y recordó casos trágicos como el de Carlos Pastoriza Ferro, un padre que se suicidó tras una serie de falsas denuncias.

La jornada concluyó con un llamado a la acción y la esperanza de que el trabajo conjunto de la sociedad, legisladores y el sistema judicial permita sanar las heridas y encontrar justicia para las miles de víctimas de este flagelo, con un enfoque particular en la protección de la infancia.