Jaldo evitó confrontar con Edmundo Jiménez y llamó a respetar la cautelar que restringe a un medio tucumano

El gobernador Osvaldo Jaldo optó por una posición de cautela institucional frente a la controversia desatada por la medida cautelar solicitada por el Ministerio Público Fiscal que prohíbe a un medio local difundir contenidos críticos sobre jueces y fiscales provinciales. Aunque defendió la libertad de prensa como principio esencial de la democracia, el mandatario provincial evitó cualquier confrontación con el titular del organismo, Edmundo “Pirincho” Jiménez, y subrayó la necesidad de respetar las decisiones judiciales, aun cuando resulten incómodas o controvertidas.

“Son decisiones de tipo judicial que están en el ámbito de otro poder. Por lo tanto, yo, como gobernador, soy respetuoso de las decisiones que toman los poderes. Es una decisión judicial que hay que respetarla. Luego hay instancias para revertirlas”, expresó Jaldo, al ser consultado sobre el alcance del fallo.

El gobernador insistió en que el respeto institucional debe primar por encima de cualquier valoración personal: “Nos guste o no nos guste, hay que respetarla. Y hay caminos judiciales para revertir esa medida, si es que alguien entiende que es injusta o que tiende a amordazar la libertad de prensa. Y esto es lo bueno que tiene la democracia: los poderes del Estado están funcionando a pleno”.

Un fallo que desató polémica

La resolución que originó el debate fue dictada por el juez subrogante Lucas Alfredo Taboada, en respuesta a un pedido del fiscal Daniel Esteban Sosa Piñero, a instancias del ministro fiscal Jiménez. La medida impone un bozal legal de seis meses a Gustavo Olarte, director de Compañía de Circuitos Cerrados S.A., y a su equipo periodístico, ordenándoles “cesar de manera inmediata la difusión de cualquier contenido que injurie, desacredite, tergiverse o distorsione la actuación de fiscales y jueces provinciales”.

El fallo fue comunicado al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) para su “control y supervisión administrativa” y sostiene que la actividad del medio denunciado “no se presenta como un ejercicio democrático del control del accionar de los funcionarios de justicia, sino como un intento de constreñir y limitar el ejercicio funcional de esos funcionarios, con una finalidad obstructiva y condicionante”.

La resolución se enmarca en una causa iniciada a partir de una denuncia del propio Jiménez, quien acusó a Olarte de promover una “campaña de desprestigio” contra funcionarios judiciales, vinculada a una investigación que involucra a exjugadores de Vélez y al diputado Carlos Cisneros. El expediente fue caratulado como “Entorpecimiento y ofensa al ejercicio de las funciones públicas, coacción institucional e incitación pública a la violencia o al descrédito institucional”.

El dictamen judicial, emitido el 4 de noviembre de 2025, incluye además la apertura de una causa penal contra el periodista. Diversas voces del ámbito periodístico y jurídico calificaron la medida como un retroceso institucional, al considerar que restringe el libre ejercicio del periodismo bajo la apariencia de proteger el honor de los funcionarios públicos.

“En democracia, todos pueden opinar”

En ese contexto, Jaldo remarcó que su postura parte de un respeto irrestricto al funcionamiento independiente de los poderes del Estado. “Por supuesto, todos pueden criticar. Si estamos en democracia, todos podemos opinar”, señaló el mandatario, al tiempo que reiteró que cualquier disconformidad con los fallos judiciales debe canalizarse dentro de la ley.

“Estamos hablando de respetar los fallos de la justicia. Gusten o no gusten, los tenés que respetar. Luego contratás a un abogado, hacés un planteo judicial y tratás de revertirlo en el ámbito de la justicia. Así funcionan los poderes del Estado”, agregó.

Jaldo también defendió la independencia judicial como pilar de la república. “A la justicia no solo se la respeta cuando salen fallos a favor, y cuando salen fallos en contra se la critica o se la cuestiona. A los poderes hay que respetarlos en todo momento. Lo que no quiere decir que el poder tenga la razón, sí quiere decir que hay alternativas judiciales para revertir las medidas, pero todo dentro del ámbito judicial”, puntualizó.

El mandatario provincial cerró su posición reafirmando su adhesión a los principios democráticos y a la división de poderes. “Yo, por lo menos, como hombre de la democracia, lo que decida la justicia federal, lo acato; lo que decida la justicia provincial, lo acato. Y si no me gusta, me busco un buen abogado, hago un planteo y la trato de revertir dentro del ámbito judicial”, concluyó.