
El diputado nacional Carlos Cisneros salió al cruce de la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional, tomando distancia de la postura más dialoguista que adoptó el gobernador, Osvaldo Jaldo.
"El Gobierno habla de 'modernización' y 'reforma laboral', pero esos conceptos
no pueden convertirse en excusas para impulsar medidas que perjudiquen a los
trabajadores ni para eliminar derechos conquistados", alertó el referente nacional del gremio bancario.
Recordó que desde 1989, distintas leyes fueron presentadas bajo el mismo discurso de la modernización. "Sin embargo, ninguna se tradujo en mejoras reales para el
empleo. Muy por el contrario, todas beneficiaron al sector empresarial más voraz", enfatizó. Y enumeró los puntos de la llamada flexibilización laboral de los '90:
La reglamentación del derecho de huelga, limitando su ejercicio.
La negociación salarial basada en la productividad.
La reducción de las contribuciones patronales y la imposición de un tope salarial para calcular indemnizaciones por despido.
La promoción de contratos sin derecho a indemnización.
El pago del aguinaldo en tres cuotas y el fraccionamiento de las licencias.
La extensión del período de prueba (primero a tres meses, luego a seis y finalmente a un año) sin derecho a indemnización.
La eximición de responsabilidad a las empresas por la relación laboral de sus
contratistas.
La derogación de multas por falta de registración.
La eliminación del derecho a la reincorporación en casos de despido discriminatorio.
"Los gobiernos con mayores índices de desempleo fueron los de Menem, De la
Rúa y Macri, quien duplicó la baja desocupación que dejó Cristina. Con Milei, lamentablemente, se quiere ir por el mismo camino. Cada vez que se habló de modernizar las relaciones laborales, en realidad se buscó flexibilizar derechos y debilitar la protección de los trabajadores", remarcó Cisneros.
El diputado adelantó que la posición oficial de la Bancaria se conocerá este martes, tras la reunión del Consejo Directivo Nacional. "De todos modos, viendo los antecedentes y el contenido de los proyectos anteriores, está claro que estas medidas apuntan otra vez a recortar derechos y debilitar la protección laboral", completó.