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GASTO PÚBLICO

El Ministerio Público Fiscal destina más de $ 52 millones a publicidad en redes sociales

Tres contrataciones directas autorizadas en diciembre revelan una inversión millonaria del organismo que conduce Edmundo “Pirincho” Jiménez en plataformas digitales como X, YouTube y TikTok.

PorTendencia de noticias
17 dic, 2025 05:02 p. m. Actualizado: 18 dic, 2025 06:42 a. m. AR
El Ministerio Público Fiscal destina más de $ 52 millones a publicidad en redes sociales

 El Ministerio Público Fiscal de Tucumán, que conduce Edmundo “Pirincho” Jiménez, destinó más de $52 millones a la contratación de publicidad en redes sociales durante un período de doce meses, de acuerdo a una serie de acuerdos recientes del Tribunal de Cuentas de la Provincia.


Las resoluciones, fechadas el 12 de diciembre de 2025, a las que Tendencia de Noticias tuvo acceso, corresponden a tres contrataciones directas para la difusión de anuncios institucionales en X (ex Twitter), YouTube y TikTok, todas financiadas con fondos provenientes del denominado “Excedente Financiero MP. Fiscal”, depositado en cuentas del Banco Macro.


Contratos millonarios y plataformas globales


Según el Acuerdo N° 5698, el Tribunal de Cuentas tomó intervención sobre la Contratación Directa N° 56/2025, mediante la cual el MPF adjudicó a la firma X Corp la difusión de anuncios publicitarios en la red social X por un monto total de $15.120.000. La contratación se extiende por 12 meses, con pagos “mensuales y variables”.


En el texto del acuerdo se consigna que la Resolución N° 102/25 del MPF “aprueba los trámites cumplidos y, en consecuencia, autoriza la contratación directa para la contratación de anuncios publicitarios X”. Y dispone además “la aplicación de los fondos de la cuenta corriente ‘Excedente Financiero MP. Fiscal’ del Banco Macro S.A.”.


A ese monto se suma lo autorizado en el Acuerdo N° 5697, que analiza la Contratación Directa N° 57/2025 para publicidad en YouTube, adjudicada a Google Ads. En este caso, el gasto estimado asciende a $10.800.000, también por un plazo de doce meses y bajo un esquema de pagos mensuales.


El acuerdo detalla que los fondos se imputan a la cuenta “Excedente Financiero MP. Fiscal” y que el procedimiento de pago se realiza conforme a la operatoria de tarjeta corporativa de crédito, previamente aprobada por resolución ministerial.


La cifra más elevada surge del Acuerdo N° 5696, referido a la Contratación Directa N° 58/2025 para publicidad en TikTok, adjudicada a la firma ByteDance Ltd.. El contrato fue autorizado por un monto de 18.000 dólares, lo que, según el propio expediente, representa un gasto estimado de $ 26.280.000 al tipo de cambio aplicado al cierre de la tarjeta corporativa.


El Tribunal de Cuentas consigna que los consumos “debitarán mensual y automáticamente de la mencionada cuenta, efectuando la entidad emisora la conversión a moneda nacional a la fecha de cierre del resumen”.


Un gasto total que supera los $52 millones y genera interrogantes


En conjunto, las tres contrataciones autorizadas para publicidad digital alcanzan un monto aproximado de $52.200.000, todos provenientes de excedentes financieros del propio Ministerio Público Fiscal y ejecutados mediante contrataciones directas, modalidad prevista en la Ley N° 6970.


Si bien en los tres casos el Tribunal de Cuentas resolvió devolver las actuaciones al organismo de origen, lo hizo a pedido del propio MPF y sin objeciones de fondo sobre los trámites, dejando constancia formal de los montos y mecanismos utilizados.


El volumen de recursos destinados a pauta publicitaria en redes sociales resulta llamativo si se lo contrasta con la función específica que la Constitución y las leyes asignan al MPF, centrada en la investigación del delito, la promoción de la acción penal y la administración de justicia, y no en la comunicación masiva o la construcción de imagen institucional.


En un contexto de limitaciones presupuestarias estructurales del sistema judicial, con fiscalías que reclaman más personal, equipamiento y recursos para investigar, la decisión de asignar más de $52 millones a anuncios en plataformas privadas globales abre interrogantes sobre las prioridades de gestión. También genera dudas sobre la razonabilidad del gasto y el verdadero impacto que este tipo de campañas tiene en el acceso a la justicia y la persecución penal efectiva.

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