El gobierno de Milei envió a Diputados el proyecto para eliminar las PASO

El Gobierno del presidente Javier Milei decidió acelerar a fondo con su plan de reforma política y este jueves presentó en la Cámara de Diputados de la Nación dos proyectos que apuestan a transformar la forma en la que se vota en nuestro país. Una de las propuestas es para eliminar las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), mientras que la otra iniciativa prevé reformar la norma que regula el financiamiento de los partidos políticos, con una drástica reducción del aporte estatal y una mayor participación del sector privado.

La segunda iniciativa, además, aumenta las exigencias para la habilitación jurídica de un partido y eleva los requisitos para que sean reconocidos a nivel nacional.

Ambos proyectos ya habían sido anunciados por el vocero presidencial Manuel Adorni, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán.

La propuesta titulada “Reforma para el fortalecimiento electoral” detalla en sus fundamentos que el objetivo es “reducir el gasto público asociado a actividades políticas”; “devolver autonomía a los partidos políticos para organizar sus actividades y decisiones internas”; “simplificar y actualizar el sistema electoral” y “aumentar la transparencia en el financiamiento” de los mismos.

Según estadísticas del ex Ministerio del Interior y de la Cámara Nacional Electoral, desde la sanción de la Ley N° 26.571, que introdujo las PASO, la participación electoral ha bajado casi diez puntos porcentuales desde 2011, cuando fue de un 78,67%, hasta el 2023, que registró solo un 69%.

La eliminación de las PASO, aseguran en la Casa Rosada, devolvería a los partidos políticos la “libertad de definir sus mecanismos internos” de selección de candidatos sin la injerencia del Estado. También se acortará el cronograma electoral ya que las campañas comenzarán 60 días antes de las elecciones y terminarán 48 horas antes de los comicios.

Para el Gobierno el sistema actual no ha logrado sus objetivos de equidad y ha terminado en un “despilfarro del erario público”. Por ejemplo, en 2023, aproximadamente USD 1,3 millones se destinaron a aportes anuales públicos, más USD 5 millones aportes de campaña para las PASO, y más de USD 10 millones para las elecciones generales.

En cuanto al financiamiento político, el proyecto plantea modificar la Ley N° 26.215 para que las campañas electorales dejen de ser financiadas prácticamente en su totalidad por el Estado y se abra paso al financiamiento privado, con “controles más estrictos” para garantizar su transparencia.

En concreto, se eliminarían los aportes públicos extraordinarios para campañas y boletas, dejando solo un aporte anual a través del Fondo Partidario Permanente. El proyecto prevé que un 20% del aporte público anual será repartido en partes iguales entre todos los partidos políticos reconocidos; mientras que el 80% restante será asignado de manera proporcional a los votos obtenidos por cada partido en la última elección de diputados nacionales, siempre que haya superado al menos el 1% del padrón electoral.

El monto total de los recursos surgirá de la multiplicación del módulo electoral -que se actualizará a un valor de $420,95- por la cantidad de electores registrados al 31 de diciembre del año anterior.